Imagen del aula de un centro educativo de València. Foto: EPVALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha detectado conductas irregulares graves en diversos contratos de suministro y mantenimiento de centros educativos formalizados por la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Generalitat. Así, considera acreditado que desde hace años se están autorizando modificaciones y prórrogas sin el correspondiente marco contractual al que está sometido el sector público.
La entidad inició una investigación sobre este asunto tras recibir una alerta con las advertencias recogidas en las auditorías de 2015, 2016, 2017 y 2018 elaboradas por la Intervención. Los contratos que analizó al detalle fueron de Santa Pola, Guardamar del Segura, Catral, Benidorm y Alaquàs. Algunos de ellos de aulas prefabricadas y entre los que figura el de Ciutat de Cremona, cuyas obras de construcción finalizaron hace unos meses tras más de 14 años en barracones.
En el caso del Vicenta Ruso de Santa Pola, el importe pagado por las modificaciones entre 2015 y 2019 fue de 267.186 euros, las cuales suponen el 460% del precio de adjudicación del contrato. Su objeto era el acondicionamiento de terrenos, proyectos, suministro, montaje, puesta en funcionamiento, arrendamiento, mantenimiento, desmontaje, retirada de instalaciones provisionales y reposición del solar al estado original. En opinión de Antifraude, estos modificados no fueron oportunamente justificados como marca la normativa.
En el Ceip Dama de Guardamar, el importe abonado por las modificaciones entre 2016 y 2019 de un contrato de suministros ascendió a 97.941 euros. La Agencia señala que en ninguna de las facturas tenidas en cuenta para el cálculo de esas cantidades se observa la conformidad del suministro de acuerdo con lo establecido en los pliegos. Tampoco se justificaron correctamente, señala, las citadas modificaciones.
En el Ciutat de Cremona, el importe de éstas fue de hasta 365.128 euros únicamente entre 2015 y 2019. Tanto las modificaciones como las prórrogas, indica Antifraude, no tienen soporte legal y vulneran tanto el principio de igualdad como el de pública concurrencia porque el adjudicatario del contrato se beneficia de un mayo precio de adjudicación y de una mayor duración.
El perjuicio para las arcas públicas de estas actuaciones fue calculado por la Intervención de la Generalitat, aunque sólo en los años 2016 y 2017: casi 11 millones de euros. Antifraude, tras su informe provisional, rechazó varias alegaciones de Ciegsa y concluye que las conductas podían presentar características de irregularidades graves.
Recuerda la entidad que la empresa pública debía extinguirse antes del 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2018. Los partidos que conforman el Botànic, sin embargo, volvieron a posponerlo de nuevo para diciembre de 2023 para que siga asumiendo de forma transitoria los encargos de gestión de los barracones.
Como resultado de la investigación, Antifraude considera que el hecho de acordar, año tras año, prórrogas de los contratos va contra el interés público y no cuenta con cobertura legal, con el consiguiente coste para las arcas públicas. Esta situación ha provocado, sostiene, una indefinición sobre los plazos de vigencia de los contratos.
Por todo ello, eleva diversas recomendaciones: elaborar una correcta planificación, identificar todos los contratos en situación de prórroga, dar cobertura a la prestación de servicios o suministros de los contratos que superen el plazo máximo inicial de vigencia y elaborar un informe con una propuesta para afrontar jurídica y técnicamente la continuidad de las prestaciones de servicios a partir de la extinción de Ciegsa en 2023.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
