VALÈNCIA. "Cuidar a los cuidadores". Ese es el leitmotiv que la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) quiere grabar a fuego en el seno de una sociedad que ha salido como ha podido de las horas más oscuras de la pandemia. Las bienvenidas consultas presenciales se han vuelto el escenario de, al menos, 612 agresiones a facultativos. Un total de 612 amenazas, insultos o lesiones a profesionales que decidieron denunciar, aunque los colegios médicos del país alertan que esta cifra sólo sería la punta del iceberg y, por ello, frenar las agresiones y entender por qué se dan se ha vuelto capital para este sector.
El desayuno informativo organizado por Valencia Plaza y la ADSCV congregó hasta cuatro profesionales con un estrecho vínculo con el mundo de la salud. Carlos Fornes, presidente de la Asociación, José Breva, presidente del Colegio de Médicos de Castellón (Comcas), José Manuel Ayala, Interlocutor policial territorial sanitario de València y Francisco Juan Conesa Beltrán, Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Asesor de la Junta de Gobierno y Vocal de la Comisión Deontológica del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana fueron los encargados de narrar el escenario actual de una sanidad que ha visto como de los aplausos de 2020 se ha pasado al repunte en agresiones en 2021.
Cada perfil aportó una visión de la problemática desde diferentes prismas. Fornes conoce el tipo de asistencia jurídica que se les brinda a los sanitarios, de tipo penal exclusivamente, pero suficiente para dar respuesta a esos 612 "vapuleos" registrados; Breva, por su parte, preside una institución que es la que se suele enterar primero de las denuncias y, al fin y al cabo, aglutina a cientos de profesionales, los cuales presentaron 27 denuncias entre 2017 y 2021; Conesa conoce de primera mano los nocivos efectos anímicos que tienen para los agredidos las situaciones vividas; y Ayala ocupa un cargo relativamente desconocido para el grueso de trabajadores sanitarios, pero con una relevancia destacable, por lo que pudo explicar.
"Mucha gente se pregunta: ¿esto qué es?". De forma irónica presentó esta figura, creada en el año 2017, para servir de "nexo de unión" entre lo sanitario y lo policial. Común a nivel nacional - cada comunidad tiene el suyo -, la Comunitat Valenciana cuenta con un total de tres: València, Alicante y Castellón. Mediante la "publicidad" y las charlas de divulgación y concienciación crean un "lazo entre las instituciones sanitarias y la cúpula política".
Según el Estudio del Observatorio Nacional de las Agresiones a Médicos, desde 2010 hasta 2021 se registraron 5.649 agresiones. Si se disponen los datos de los últimos años observados en forma de gráfica se puede observar claramente un valle: de 2019 a 2020 se bajo considerablemente, pero de 2020 a 2021 se produce ese repunte por valor de 612 que por poco alcanza a la cifra del último año pre pandemia.
¿Por qué se da esta subida en la gráfica? En base a lo argumentado por los ponentes, son varios motivos y, la mayoría, guardan relación con el confinamiento. Los meses de marzo, abril y mayo de 2020 son recordados por todo el mundo como los días del encierro domiciliario. De aquellas, el constante uso de Internet "para todo" condicionó a unos pacientes que se acostumbraron a la inmediatez e incluso a autorrealizarse diagnósticos en base a sus búsquedas digitales.
Esto sembró la semilla de la desconfianza, como indicó Breva, en aquellos que acudían a las consultas: "Piden de todo, si no les aciertas lo que les ha dicho Internet, desconfían". Como indicó el presidente del Comcas, el paciente "no globaliza" la magnitud del problema y provoca que la del médico sea, al final, la "segunda opinión". Todo sea dicho, tener discrepancias con el facultativo no tiene porque necesariamente conducir a una agresión física o verbal, y por ello, el foco podría estar en otra parte.
Fornes apuntó a una sobre exhibición de violencia en todas sus formas y en multitud de espacios accesibles por el grueso de la ciudadanía. "Desde que se levantan", en televisión y otros canales los ciudadanos están expuestos a situaciones donde los protagonistas "se reparten", bien sea física o verbalmente. Para él, este factor haría mella en los potenciales agresores.
Unos potenciales agresores que no tienen porque ser los afectados que acuden a los hospitales, ya que el 49% de estos escenarios los propicia el acompañante y no el paciente, según los datos que compartió Ayala. No sólo es la suma confianza en Internet lo que altera sus nervios, en ocasiones también lo es el estado actual del modelo asistencial, "con carencias".
Los altos tiempos de espera antes del triaje, sin comunicación alguna muchas veces por parte de los trabajadores del centro, enervan a pacientes y familiares, con repercusión, a veces, en las personas que trabajan en los mostradores de recepción. Este tipo de personal es el que "muchas veces se lleva el golpe".
Para atender a los sanitarios afectados, los profesionales en psicología ya están manos a la obra trabajando para tratarlos o para tramitar las correspondientes bajas que, a la postre, reducen el número de facultativos disponibles en el sistema sanitario. Conesa quiso destacar que el personal de Sanidad ya venía arrastrando "agotamiento" desde hace años y que la pandemia fue la puntilla que les hizo "colapsar y estallar".
La fatiga física se sumaba a la mental debido al estrés de las consultas presenciales y telefónicas, y, como gota que colmó el vaso, las agresiones están condenando a muchos a tener que abandonar momentáneamente sus funciones en busca de un ayuda terapéutica.
Por ello, no solamente es importante poder sanarlos. Para poder verdaderamente "cuidar a nuestros cuidadores" se necesitan de mecanismos de prevención para ahorrar este trabajo extra a psicólogos y similares. El eje básico en el que coincidieron todos es en el de acentuar la pena por agresión a personal sanitario. Tanto para Ayala como para Fornes, las multas, que pueden ser inferiores a 100 euros, provocan que "salga barato" actuar de esa forma.
El inspector mencionó, no obstante, que ha llegado a ver casos en el juzgado de instrucción de magistrados que advertían a los agresores que ser reincidentes les haría "pasar un tiempo" en Picassent. En cualquier caso, el punitivismo, a ojos de estos profesionales, debería de ser más contundente como medida de disuasión.
En lo que respecta al propio hacer del organismo que representa Ayala, los centros de salud y hospitales pueden contactar con ellos para organizar charlas de concienciación en sus espacios de trabajo. Por el momento, los médicos de Carlet o Sagunto, entre otros, ya han recibido esta formación y saben que, si son objeto de agresión, "un hecho no denunciado es algo inexistente".
Pero, por supuesto, no toda la culpa residía en los pacientes. Otra de las conclusiones que dejo entrever la experiencia de los últimos años es que hay carencias comunicativas por parte del personal sanitario. Conesa abogó por una "comunicación empática" que se notase ya desde la misma sala de espera. Para los ponentes, no debería permitirse que una familia esté ahí sentada "2, 3 o hasta 4 horas" sin saber qué pasa en los boxes y por qué no les llaman.
Una posible solución sería la de contratar una persona que estuviera en la estancia informando a los pacientes de qué sucede y qué demora su entrada en las consultas. Además, seguir apostando por cámaras de vigilancia y "botones antipánico" en las salas podría ser un plus en seguridad y disuasión.
Si, finalmente, se volvieran a dar casos de agresiones pese a los futuribles medidas, Ayala indicó que ya existen mecanismos que facilitan la denuncia para aquellos dudosos por el tiempo que les puede quitar este proceso.
Por un lado, existe la aplicación AlertCops, programa que cuenta con un botón S.O.S que ocupa la pantalla del móvil y que, de ser pulsado cinco veces en menos de seis segundos, localiza y moviliza a una unidad de policía que acude al lugar.
Por otro lado, la articulación de las denuncias in situ comienza a ser una realidad. No aún en centros sanitarios, por lo que luchan ahora desde el órgano policial, pero sí en grandes superficies y centros comerciales. En resumen, todo espacio que cuente con un jefe de seguridad, guardas y una sala con ordenador y conexión a Internet podrá tramitar la denuncia, como el nombre indica, en el mismo sitio donde se cometa el delito.