El beneficio de la empresa que gestiona las resonancias suma ya 138 millones en doce años

VALÈNCIA. El gran negocio de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana toca a su fin pero la cuenta sigue creciendo para los socios de la UTE Erescanner Salud, que ha prestado el servicio durante los diez años de contrato más los tres de regalo que le ha dado la Conselleria de Sanidad Universal. El pasado jueves, el departamento que dirige Ana Barceló comunicó a la UTE que dejaría de prestar el servicio el próximo 15 de diciembre, como adelantó Valencia Plaza, y casi al mismo tiempo el principal socio de la contratista, Eresa (Grupo Ascires), publicaba sus resultados del año 2020, que incluyen los de la UTE.

Este periódico ha venido publicando cada año el considerable beneficio que obtenía la contrata por este servicio público, que algunos años ha llegado a superar el 40% de rentabilidad sobre la facturación y los 17 millones de euros en solo un año. La suma de los primeros doce años, a falta de conocer los resultados de 2021, asciende a 501 millones de euros de facturación y 138 de beneficio. 

La UTE Erescanner Salud está controlada por el Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), que controla el 57%. Los otros socios son el grupo propietario de Clínica Benidorm, con el 28,5% a través de Inscanner y Beanaca, y Ribera, con el 14,5%.

Tras la finalización del contrato el 31 de octubre de 2018, la Conselleria pidió a la UTE que continuara prestando el servicio al no haber sido capaz de orquestar la vuelta a la gestión privada, pese a que la fecha se conocía desde 2008. Desde ese momento, el coste del servicio está fuera del presupuesto y se paga mediante expedientes de enriquecimiento injusto.

A mediados de 2019, Sanidad solicitó a la empresa controlada por Eresa una rebaja del 50% en las tarifas, basándose en los precios ofertados por esta y otras empresas en un concurso convocado por la propia Conselleria. Sin embargo, la UTE solo accedió a rebajar un 17%. Debido a ello, la facturación de Erescanner Salud ese año descendió más de un 5%, dado que el acuerdo entró en vigor a mediados de año, y el beneficio operativo cayó un 32%, hasta los 11 millones de euros, si bien el resultado final fue de 4,63 millones debido a una reclamación de 6,5 millones de la Conselleria que está por dirimir en los tribunales y que obligó a la UTE a provisionar esa cantidad.

En 2020, la caída de facturación hasta 32,39 millones, un 23,4%, se debió tanto al efecto de la bajada de tarifas que se aplicó todo el año como a la pandemia, que tuvo prácticamente paralizado el servicio durante el estado de alarma. El beneficio de 6,47 millones también fue menor que el del año anterior si no se cuenta la mencionada dotación de 6,5 millones aplicada en 2019.

Disputa por los beneficios

Como ha venido publicando en exclusiva Valencia Plaza, los dos principales socios de la UTE Erescanner Salud mantienen desde 2017 una batalla legal por el reparto de los beneficios de la actividad. El conflicto se dirime entre Eresa por un lado e Inscanner y Beanaca por otro, que son las empresas que realizan las resonancias magnéticas encargadas a la UTE y cobran por ello un porcentaje fijo de lo que paga la Conselleria. Una vez pagado el servicio y los gastos de la UTE, la caja resultante se reparte entre los socios de acuerdo con su porcentaje de participación.

La guerra, por una cantidad cifrada en ese momento en 5,13 millones de euros, estalló cuando Eresa, presidida por Lorena Saus, hizo valer un documento firmado entre las partes, fechado el 18 de noviembre de 2011, por el que se establecía un nuevo reparto de beneficios en el que salía ganando, respecto al anterior, la empresa del Grupo Ascires. 

Ana Paz, máxima ejecutiva de las alicantinas Inscanner y Beanaca, dijo no reconocer su firma en el documento y, después de que se acordara un arbitraje, se querelló por presunta estafa contra los Saus y contra el que fue su mano derecha en Inscanner. La querella se archivó el pasado mes de marzo después de que Ana Paz retirara la mayor parte de sus acusaciones. Queda pendiente la resolución del arbitraje, que debe pronunciarse sobre la validez de dicho documento. Mientras, en los años transcurridos la cantidad en disputa ha aumentado y supera los 5,8 millones de euros.