VALÈNCIA. (EFE) El expresident de la Generalitat José Luis Olivas ha negado que los 500.000 euros que cobró de la empresa Sedesa, propiedad del empresario Vicente Cotino, fueran una comisión que este le pagara por la adjudicación del plan eólico a su compañía, y ha explicado que se debieron a un pago realizado a cambio de su intermediación en una operación de venta.
Olivas ha comparecido este martes ante la jueza que investiga el caso Erial, en el que está investigado Eduardo Zaplana, y ha declarado durante unas dos horas en calidad de investigado o imputado, desde las 14.30 hasta las 16.30 horas.
El foco del caso Erial está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y del plan eólico en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La declaración del expresident se ha basado en dos pilares, según fuentes cercanas al caso: por un lado, ha negado haber participado en las decisiones de adjudicación del plan eólico.
Olivas, que ha respondido a preguntas tanto del fiscal como de la juez, ha señalado que si los consellers o directores generales que decidían a ese respecto comparecen podrán dar fe de que en ningún momento les presionó para que se inclinaran hacia la empresa de Vicente Cotino o cualquier otra.
Por otro lado, y acerca de los 500.000 euros que cobró de Vicente Cotino en 2008 (y por los que resultaron condenados los dos implicados por delito fiscal), ha señalado que no se trató de un cobro de ninguna comisión por la adjudicación del plan eólico, sino del pago de un servicio. Y ese servicio fue su intermediación en una operación de venta de una parte de Parques Eólicos, una compañía en la que tenía participación Sedesa, la empresa de Cotino.
La jueza que investiga el supuesto pago de comisiones al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y otros imputados en el caso Erial ha retomado este martes la instrucción citando como investigados a Olivas, a la exdiputada del PP Elvira Suanzes y a otros empresarios implicados, como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro; y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada exdiputada autonómica.
Los dos hermanos Suanzes no han querido responder a las preguntas de jueza y fiscal en el marco de una pieza que ha vuelto a ser declarada secreta.