La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública ultima estos días las bases para la convocatoria de becas a personas jóvenes que vayan a opositar a los cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional A de la Administración valenciana de 2020. Unas ayudas de 500 euros al mes que el Ejecutivo valenciano puso en marcha el año pasado a través del 'Programa 500' para que los opositores pudieran sufragar los gastos que conlleva estar estudiando unas pruebas de acceso de este tipo.
Ahora bien, el departamento que dirige Gabriela Bravo podría realizar modificaciones en la convocatoria de este año respecto a la del año anterior. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha elaborado un informe sobre el decreto que da vida a este Programa 500 en el que recomienda a la Conselleria de Función Pública que matice que el importe que recibirán las personas beneficiadas de este plan como máximo será de 500 euros mensuales.
Esto es porque actualmente el decreto recoge que esta ayuda "consistirá en una dotación económica máxima de 6.000 euros, debiéndose aportar para su cobro copia de las facturas y demás documentos de valor probatorio emitidos por el centro especializado o la persona preparadora". Es decir, la normativa regula la cantidad total de beca que puede percibir un opositor de manera anual. Sin embargo, no precisa que la cuantía mensual que podrá cobrar, por tanto, será de 500 euros como máximo también.
"Al ser la dotación económica máxima de 6.000 euros, se considera necesario que la cantidad mensual percibida [...] sea también máxima", recomienda el CJC, que plantea a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que añada esta matización en el decreto del Programa 500 que el departamento de Bravo actualizó el pasado mes de agosto para relajar los requisitos para obtener una beca.
Por otra parte, el CJC pide a la Conselleria que aclare si la cantidad percibida por los opositores beneficiarios "será una cantidad fija igual para todos o se limitará a los gastos de preparación justificados", ya que es una cuestión que "no queda clara" con la legislación actual. En este sentido, recuerda al departamento de Bravo que "únicamente pueden ser beneficiarios de las ayudas los que acrediten que están siendo preparados, por lo que parece lógico que sea este gasto el que se sufrague ajustando la cuantía a las facturas que se presenten por los interesados, ya que de lo contrario también se tendría que dar la posibilidad de percibir las ayudas a los que se están preparando de forma autónoma sin acudir a academias o preparadores", subraya el organismo que preside Margarita Soler. "Por ello, sería recomendable que se aclare esta cuestión de forma expresa en la norma estudiada", zanja el informe.
Con estos mimbres, conviene apuntar que actualmente la ayuda que reciben los jóvenes que se están preparando una oposición que son beneficiarios de este programa de Justicia es de 500 euros al mes íntegros, tal y como se ha podido comprobar en varias publicaciones en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), indistintamente del coste que les supone mensualmente las academias en las que están matriculados para prepararse estas pruebas de acceso a la Administración. Éstas, por regla general, de menor coste que 500 euros.
De este modo, si la Conselleria de Justicia se adaptara a la "lógica" a la que apela el CJC, supondría que los opositores recibirían una cuantía en muchos casos menor a la actual, ya que esta se ajustaría exclusivamente a la mensualidad de la academia. Y, por tanto, la beca se adecuaría exactamente al motivo de concesión de este tipo de ayudas o el objetivo que tiene la norma, que no es otro que sufragar los gastos que conlleva la preparación de la oposición. De lo contrario, el Consell Jurídic entiende también que si no se ajusta a eso, no estaría justificado que no pudieran acceder a estas ayudas las personas que se preparan una oposición de forma autónoma, ya que si se conceden para ayudar a pagar las matrículas y las cuotas mensuales de las academias deben ajustarse a eso mismo porque es precisamente lo que justifica las becas.
La consideración no tiene carácter esencial, por lo que la Bravo no tendría por qué modificar la forma de conceder estas ayudas. Ahora bien, si lo hiciera, con el presupuesto que tiene la Conselleria para otorgarlas se podría atender a más usuarios.
El Consell Jurídic Consultiu emitió este informe después de que la Conselleria de Justicia y Administración Pública propusiera una modificación del decreto anterior para relajar los requisitos que debía cumplir todo aquel opositor que quisiera conseguir la ayuda de 500 euros al mes que ofrece el Gobierno valenciano. Una modificación de la normativa que vino motivada porque la cantidad de exigencias que reclamaban las bases iniciales (las de 2019) provocaron que en la primera edición tan solo 49 personas pudieran beneficiarse de este programa de becas.
El resultado fue especialmente llamativo, dado que por regla general, en las convocatorias de becas existe una mayor demanda que oferta. Pero en este caso, tan solo un 9,8% de las subvenciones previstas para preparar oposiciones fueron destinadas para eso mismo. Cifras que el Consell pretendía revertir con los cambios que introducía la norma que, en definitiva, alivia las exigencias para intentar llegar a más usuarios y evitar que lo que muchos tildan de "buena idea" fracase también en 2020.
La modificación del decreto fue aprobada en el último pleno del Consell en agosto. Entre los cambios, Justicia introdujo que para ser beneficiario de ella no se debía "tener un nivel de renta por miembro de la unidad familiar superior a tres veces el Indicador Público de Efectos Múltiples (IPREM)". Es decir, que los ingresos de la unidad familiar, divididos por cada miembro de la familia, no supusieran en que cada miembro contara con más de 1613,52 euros, ya que el IPREM actual se encuentra congelado en 537,84 euros desde el año 2017.
También incluyeron cambios en las obligaciones que tendrán las personas beneficiarias. Si con la normativa anterior se obligaba a que los opositores participaran "en el primer proceso selectivo posterior a la correspondiente convocatoria de ayudas", con la modificación aprobada se les obliga a "presentarse a las pruebas selectivas que se convoquen por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para el acceso al cuerpo que se esté preparando". Es decir, se suprimió la obligatoriedad de presentarse a la primera prueba selectiva de acceso a la Administración valenciana inmediatamente posterior a la convocatoria de ayudas, lo que también suponía de facto relajar el nivel de exigencia para obtener estas becas.
Asimismo, también reducía la carga burocrática para justificar que se cuenta con un preparador, que fue el principal problema de la convocatoria de 2019. Muchos de los aspirantes no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobran sus clases en negro. Lo que impide que sus alumnos puedan beneficiarse de estas becas que les ayudarían a sufragar los gastos que trae aparejado estar preparándose unas oposiciones: no trabajar, la inversión en material didáctico y las clases de preparación a las que muchos acuden.
Así, otro de los cambios introducidos afectaba precisamente a este apartado. En la normativa anterior se exigía que el opositor debía acreditar documentalmente que contaba "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación". Para ello, la Administración consideraría como centro especializado aquel que fuera "reconocido como tal, previa solicitud de la persona interesada, mediante autorización expresa y motivada, por la dirección general competente en materia de función pública, a propuesta de la Subdirección General del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), y persona preparadora a aquella cuya idoneidad sea reconocida de igual modo". El redactado nuevo, sin embargo, se limita a exigir que se cuente "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación, o comenzar la preparación al inicio del período subvencionable determinado en cada convocatoria".
Por último, las nuevas bases permiten que estudiantes de oposiciones hasta los 30 años puedan acceder a estas ayudas. Anteriormente, el decreto exigía que debían ser "menores de 30", sin embargo ahora se amplía un año más para que los que alcancen la treintena puedan optar también a estas ayudas. La Generalitat también deberá reservar un 7% de estas ayudas para personas con diversidad funcional que, en caso de no cubrirse, "se acumularán para convocatorias posteriores".
El Programa 500 fue ideado para dar respuesta a la problemática derivada del envejecimiento del personal público (más del 60% tiene más de 50 años), así como la drástica reducción de la plantilla como consecuencia de las jubilaciones previstas.
Durante la pasada legislatura se jubilaron un total de 1.227 personas y la previsión indica que en los próximos cuatro años se retirarán 2.186 empleados y empleadas públicas más, a las que habrá que sumar otras 2.996 personas entre los años 2022 y 2026.
