El presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EFE). El año 2023 puede ser muy positivo para el desarrollo de parques de energía renovable en la Comunitat Valenciana si la Generalitat concede, de aquí a final de año, las autorizaciones a los proyectos solicitados, que engloban una inversión cercana a 8.500 millones de euros para 10.000 megavatios de plantas fotovoltaicas.
En dos años no se ha otorgado ninguna autorización administrativa para los más de 300 proyectos solicitados, la mayoría de ellos en 2020. "Cero plantas dos años después", lamenta en una entrevista con EFE el presidente de la Asociación de Energía de la Comunitat Valenciana (AVAESEN), Marcos Lacruz.
El decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica preveía un año en el plazo de tramitación y, pasados casi dos años, "no hay ninguna autorización administrativa".
En los últimos cuatro años solo se han instalado 50 MW. Ahora el decreto ley aprobado por el Consell el pasado 1 de abril de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada por la guerra en Ucrania incluye medidas para relanzar la creación de nuevas instalaciones de energías renovables, en especial las plantas eólicas y fotovoltaicas, para lo cual simplifica los procedimientos administrativos y elimina trabas burocráticas, con el fin de reducir el tiempo de tramitación.
Para Lacruz, no es el decreto que les gustaría pero viene a facilitar las cosas, y por eso urge a la Administración a desarrollar un trabajo intenso para autorizar plantas fotovoltaicas en suelo.
Según marca el decreto ley de medidas para agilizar el desarrollo de proyectos de energías renovables en España, las autorizaciones administrativas deberían concederse durante este año; de lo contrario, habrá "consecuencias muy graves" para el sector en cuanto a solvencia patrimonial por ejecución de avales debido al incumplimiento de plazos, advierte.
AVAESEN y la Generalitat mantienen abierto un grupo de trabajo con un grado de interlocución "alto" que no se ha plasmado hasta el momento en agilización de los proyectos y Lacruz comenta: "Hay algo que se nos escapa, no sabemos qué es, pero en otras comunidades va muy fluido y en esta está costando mucho" pese a la voluntad del Consell de avanzar en el proceso de transición ecológica.
Algunas de las ventajas del proceso de instalación de plantas fotovoltaicas son su rápida construcción y sus beneficios para el territorio donde se ubican, habitualmente zonas de interior a las que aportan redistribución de rentas y cohesión territorial.
En un plazo máximo de un año y medio a partir de la concesión administrativa pueden estar en funcionamiento las plantas, que se sustancian en más de 300 proyectos solicitados que prevén una inversión de cerca de 8.500 millones de euros y una producción de 10.000 megavatios en una superficie de 70 a 75 hectáreas.
El suelo donde se prevén instalar abarca toda la Comunitat y el interior de las provincias de Valencia y Alicante concentra la mayor parte, por lo que el próximo año puede ser muy positivo para las arcas municipales en este sentido, resalta el presidente del clúster.
Entre dos y tres hectáreas de suelo requiere una instalación fotovoltaica para implantarse, una superficie que es difícil de encontrar en zonas de costa, y la Generalitat puede conceder autorización para proyectos inferiores a 50 MW -los de más capacidad dependen de autorización del Ministerio de Transición Ecológica-.
Con la paralización existente, se podría dar la circunstancia de que las grandes plantas se ejecutaran antes que las de menor superficie, señala a EFE Lacruz.
El autoconsumo registra una evolución positiva, con una potencia instalada de 300 MW, en línea con las previsiones. "Aquí sí se están cumpliendo las expectativas", asegura Lacruz.
La inversión de un particular en los módulos fotovoltaicos se sitúa en un promedio de 2.500 a 3.500 euros, por lo que el límite solo depende "de su bolsillo y su techo", y con los costes energéticos actuales, en dos o tres años la tendría amortizada.
AVAESEN es la asociación referente del sector en la Comunitat Valenciana. Tiene 160 asociados que facturan 4.500 millones y cuentan con 7.500 empleos.
