Foto: A. ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado y enviado al Senado el proyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo con apoyo de Ciudadanos, PNV y PDeCAT y la abstención de EH-Bildu. Por su parte, el PP, Vox, Esquerra Republicana, la CUP y Más País-Equo han votado en contra.
A partir de ahora, la iniciativa continuará su tramitación en la Cámara Alta y solo volverá al Congreso para refrendar o revocar los cambios pueda introducir el Senado.
En sus últimas votaciones, el Congreso ha revertido el recorte de ventajas fiscales en el IRPF --aprobado a instancias de Unidas Podemos por un error del PSOE en la Comisión de Trabajo-- así como el destope de cotizaciones.
El proyecto de ley sale del Congreso con una nueva desgravación, en el impuesto sobre sociedades, para que las empresas puedan deducirse de su cuota íntegra hasta el 10% de las aportaciones que hagan a favor de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros brutos. A partir de esa cifra, la deducción será sobre la parte proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de ese límite.
Asimismo, se elevan a 4.250 euros las desgravaciones previstas para las aportaciones realizadas por los trabajadores autónomos en sus planes de pensiones desde los 1.500 euros previstos en la ley, y se facilita la integración en el sistema de las mutuas de previsión social.
Asimismo, el Congreso ha modificado el esquema de exenciones previsto en el proyecto que llegó a las Cortes Generales, que en un primer momento no integraba como cotizaciones las aportaciones empresariales. A partir de un acuerdo para la abstención de Bildu, se recoge el control de todas las aportaciones a los planes de pensiones y se convierten estos descuentos en reducciones con el fin de que formen parte de la transferencia a la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado.
Si bien, en un primer momento, el Congreso había incluido una disposición para asegurar esta transferencia, en virtud del acuerdo entre el Gobierno y Bildu, finalmente el Pleno ha suprimido este párrafo.
Fuentes de esta formación han asegurado a Europa Press que el Ministerio les ha comunicado que se trata de una cuestión técnica, ya que, al ser una reducción, la propia Ley General de la Seguridad Social establece que debe ser financiada anualmente vía Presupuestos.
Respecto a la comisión de control, finalmente se ha dejado en cinco años la experiencia profesional relacionada en la gestión de fondos o planes de pensiones para formar parte de ella, con una duración máxima en el mandato de seis años. Inicialmente, a instancias de Cs esta experiencia requerida se había elevado a diez años.
Por otro lado, con acuerdo de Más País-Equo, la nueva normativa amplía el alcance del veto a empresas condenadas por delitos medioambientales o laborales a la hora de realizar inversiones con los activos de los planes. Si en el proyecto se recogía la imposibilidad de invertir fondos en empresas condenadas por delitos medioambientales o laborales en los cinco años anteriores, esta prohibición se amplía a diez años.
Asimismo, se eximen del pago de la llamada 'Tasa Tobin' --el Impuesto sobre Transacciones Financieras-- las compras de acciones por parte de planes de pensiones de empleo y mutualidades de previsión social o entidades de previsión social voluntaria (EPSV) sin ánimo de lucro.
