Foto: GVAVALÈNCIA. El compromiso del Consell con la transparencia, uno de los ejes del Acord del Botànic como antídoto contra la corrupción, comienza a flaquear. Mientras la Conselleria de Transparencia trabaja en una nueva versión que sustituya a la Ley de Transparenciaque en su momento impulsó el PP, es el propio Ejecutivo encabezado por Ximo Puig el que descuida algunos de los aspectos más elementales de la rendición de cuentas.
Es el caso, por ejemplo, de la obligación de informar de sus acuerdos y decisiones. Según el reglamento que desarrolla la ley actualmente en vigor, que ya fue aprobado por el actual Consell, entre la información institucional que ha de ponerse a disposición de la ciudadanía se encuentran varios aspectos relacionados con la actividad del Gobierno, como los obsequios que reciben sus miembros, su actividad pública o las reuniones que mantienen.
Este último aspecto está regulado en el artículo 28 de ese decreto, donde se obliga al Consell a dar publicidad activa de sus acuerdos y decisiones mediante la publicación de las actas de sus reuniones semanales.
Esas actas deben publicarse íntegramente en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión, pero la realidad es que el Consell lleva ya más de tres meses sin atender ese mandato. Según se puede comprobar en el portal de transparencia de la Generalitat, hay que remontarse hasta el 29 de octubre para encontrar la última de las actas publicadas, a pesar de que desde entonces el Ejecutivo valenciano se ha reunido una docena de veces en sesión plenaria.
El acta que más tiempo lleva sin publicarse es precisamente la de la sesión extraordinaria del 3 de noviembre convocada por el Gobierno valenciano para aprobar el Presupuesto de la Generalitat de 2022, que este año fue presentado fuera de plazo precisamente por las abiertas discrepancias que los socios del Botànic mantuvieron en los días previos a poder cerrar el acuerdo presupuestario.
Tampoco se ha hecho público el contenido de reuniones posteriores en las que, por ejemplo, se adoptaron decisiones relevantes como la creación de sendas empresas públicas para gestionar IFA y Feria Valencia, la licitación de las obras de rehabilitación del Palacio de Justicia de Valencia por 28 millones o la transferencia de 120 millones a las universidades públicas valencianas.
Tal y como se habían venido publicando hasta ahora, las actas contenían información sobre los consellers asistentes y los ausentes a cada reunión, el detalle de los acuerdos de cada una de las conselleries, así como los decretos y decretos ley aprobados por el Consell. También se reflejaban los anteproyectos de ley aprobados antes de pasar a Les Corts y los acuerdos que el Ejecutivo adopta constituido en junta de accionistas de alguna de las empresas del sector público de la Generalitat.
El decreto exime al Consell de desvelar en ellas datos de carácter personal especialmente protegidos, los que no revistan en ningún caso interés público, y las deliberaciones o votos particulares. Tampoco está obligado a informar de asuntos confidenciales, secretos o que afecten a la seguridad, pero ello exige en cada caso un acuerdo expreso y motivado del Consellque debe reflejarse tipográficamente en el acta junto a la razón por la que se reserva esa parte de la información.
Sin las actas, la única información pública sobre la reunión que el Consell mantiene semanalmente son las notas de prensa que se publican en el apartado de comunicación y la rueda de prensa que ofrece cada viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.
