Dictamen de Les Corts: el rescate de Feria Valencia ya ha costado 850 millones de euros

VALÈNCIA. El rescate de Feria Valencia por parte de la Generalitat ya se ha tragado más de 850 millones de euros. Ésta es la principal conclusión a la que llega la investigación sobre la gestión de los recintos feriales de la Comunitat, una de las comisiones estrella promovidas por los socios del Botànic, en la que PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos -aunque en la rueda de prensa de presentación de las conclusiones en las que habían participado, el partido naranja decidió no aparecer para distanciarse del tripartito como ya hicieron con Ciegsa- señalan a los Gobiernos que presidieron Eduardo Zaplana y Francisco Camps como responsables políticos de los sobrecostes en las obras de ampliación del recinto, financiadas con el aval de la Generalitat, y su posterior rescate público.

Así consta en el dictamen aprobado por la comisión de investigación, que ya fue aprobado en comisión pero que no llegó a ser votado en el pleno del Parlamento valenciano, ya disuelto por el adelanto de las elecciones autonómicas al próximo 28 de abril. Las principales líneas del dictamen, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, fueron expuestas en una rueda de prensa por los partidos del Botànic. Sus diputados en esa comisión, que no mostraron el documento en aquella atención a medios, aseguraron que en Feria Valencia se produjo un "saqueo" por falta de controles internos y por parte de la Generalitat, sin cuyo aval nunca podrían haberse pagado las obras.

A la vista de esas conclusiones, advirtieron de que una vez fuera aprobado el dictamen, lo trasladarían a la Fiscalía por si las responsabilidades políticas constatadas en la comisión tuvieran trascendencia penal, pese a que Anticorrupción ya archivó una investigación sobre los millonarios sobrecostes de la ampliación del recinto ferial.

El documento, que supera las 370 páginas con los anexos incluidos, estructura las conclusiones en cuatro apartados: las obras de ampliación y su financiación, proyectadas en 325 millones pero que acabaron costando un 80% más (587 millones) por los modificados; la gestión general; la gestión de los directivos del recinto ferial; y las responsabilidades políticas.

Como recuerdan en las conclusiones, existía una visión "triunfalista y poco rigurosa" sobre la evolución del negocio ferial y la capacidad del recinto para devolver los créditos asociados a las obras de ampliación. El proyecto pudo realizarse gracias al "apoyo incondicional" de la Generalitat, que desde 2009 ha tenido que hacerse cargo de devolver la deuda a razón de 30 millones al año con cargo al Presupuesto de la Generalitat.

Finalmente, ya con el actual Consell, la Generalitat ha acabado por asumir la deuda pendiente, que supera los 476 millones después de haber pagado 268 millones de intereses y 109 de principal. De ese modo, la repercusión total hasta el momento sobre las arcas públicas ya supera los 854 millones de euros, a falta de conocer cómo se va a reestructurar la deuda subrogada por decreto ley.

Los redactores del dictamen aseguran que no se ha podido comprobar "con documentación" si esos convenios de colaboración entre Feria Valencia y la Generalitat disponían de informes favorables de la Intervención, de forma que el aval para asumir la carga financiera era "incondicional".

Se constata, además, que los mecanismos de control "fallaron" porque las conselleries responsables –la de Hacienda en el control financiero y la de Economía en el operativo– nunca exigieron al recinto ferial el cumplimiento de esos acuerdos: "No hubo un seguimiento por lo que nadie vio que las previsiones no se estaban cumpliendo".

Desvelan también que la dirección de Feria Valencia, con Alberto Catalá como presidente, "desmanteló un intento de funcionamiento de una oficina de control presupuestario interna, cuyo responsable opinaba que las cifras de los planes de negocio que le mostraron eran ficticias".

A pesar de los reiterados requerimientos de la Sindicatura de Comptes para fiscalizar sus cuentas, Feria Valencia siempre alegó ser una entidad de carácter privado tanto para no someterse a esa fiscalización como para no aplicar las normas de contratación del sector público, a pesar de que era la Generalitat la que estaba pagando su deuda.

No fue hasta 2013, con Juan Carlos Moragues como conseller de Hacienda, cuando se realizó un control financiero específico de Feria Valencia. El resultado fue un contundente informe de la Intervención de la Generalitat que reveló sobrecostes escandalosos en la ejecución de la ampliación y estimó que el coste que la Generalitat acabaría asumiendo como avalista de las obras superaría los 1.027 millones.

Sobre el estudio que realizó la Intervención, los diputados llaman la atención sobre el hecho de que, pese a que la muestra seleccionada para la comprobación material de la inversión solo representaba el 2% del total la inversión, resulta "extraño" que se encontraran sobrecostes "tan altos": 77% de media y hasta el 160% en algunos casos.

Descontrol con los gastos

Otro de los ejes de la investigación ha sido el uso que los directivos del recinto hicieron de sus tarjetas de crédito para cargar gastos de representación al recinto ferial incluso cuando la facturación caía ya a plomo. El dictamen concluye que entre 2000 y 2012 se multiplicaron esos gastos y los pagos con las tarjetas VISA de los directivos, que alcanzaron los 2,1 millones de euros.

Los jefes de Feria Valencia tiraron de tarjeta especialmente de 2007 a 2011, con una media anual que roza los 200.000 euros. Los gastos de presentación llegaron superar el millón de euros algunos años, y los de las tarjetas los 350.000 euros. A la cabeza estuvo el exsecretario general de Feria Valencia, Enrique Calomarde, que en diez años gastó más de 354.000 con cargo al recinto principalmente hoteles, gastos en hoteles y restaurantes, seguido de Alberto Catalá (340.000 euros), que disponía de tres VISA.

Los diputados cuestionan los conceptos asociados a esos gastos, algunos de los cuales sirvieron para pagar regalos o productos de lujo "de dudosa finalidad y justificación", así como gastos de carácter personal sin que ni el Comité Ejecutivo y el Patronato prestaran "ninguna atención" a estos gastos.

"Tanto el contador como el tesorero alegan que solamente firmaban mensualmente las facturas sin revisarlas, ya que venían firmadas por la directora general –primero Belén Juste y posteriormente Carlos de Vargas– y el presidente", con la autorización y el control de la directora financiera. La versión ofrecida por la responsable de este departamento en la comisión choca con la anterior, ya que rebate que ella solamente controlaba que el gasto estuviera dentro del presupuesto y debidamente justificado.

Juste, por ejemplo, disponía de dos tarjetas VISA con las que realizó 65 pagos por un valor total de 34.866 euros. Entre ellos, aparecen un conjunto de gastos por concepto de regalos y de objetos de marcas de lujo como Louis Vuitton o Loewe.

Entre las más de 17.000 entradas en gastos de representación que figura en la documentación revisada por la comisión de investigación aparecen gastos en objetos de lujo como 12.317 euros en Louis Vuitton, 5.877 euros en Loewe, 4.288 en Bulgari, 4.221 en Montblanc, 1.555 en Hermes o más de 3.000 euros en puros y accesorios.

La mayoría de los gastos corresponden a Juste y Calomarde y algunos tenían como destinatarios al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Valencia y presidenta del Patronato ferial Rita Barberá, a la que le regalaron artículos por un valor conjunto que supera los 2.700 euros.

El dictamen también destaca gastos de representación "que son claramente personales". Es el caso, por ejemplo, del regalo de 853 euros que Belén Juste cargó por el regalo de boda de José Manuel Uncio cuando era director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Anticorrupción no vio delito

Con todo, tras dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ventiló el asunto con un escrito de archivo de 386 palabras en el que tan solo halló "irregularidades administrativas" en la contratación de las obras de Feria Valencia "al apartarse de los requisitos exigidos en la normativa pública". La investigación patrimonial efectuada por la Policía tampoco vio indicios sobre desvío de fondos a favor de los directivos del recinto.

El archivo de las diligencias, conocido en mitad de los trabajos de esta comisión que se inició en 2017, restó fuerza a los argumentos de los partidos del Botànic y fue utilizada de forma reiterativa por los representantes del PP en esta comisión para tratar desmontar su legitimidad.