VALÈNCIA (EP). El Consejo General de Economistas (CGE) ha calculado que si el Impuesto sobre el Patrimonio se armonizara conforme a la normativa estatal, la recaudación que podría alcanzar rondaría los 2.000 millones de euros, frente a los 1.350 millones que se ha ingresado según los últimos datos de la Agencia Tributaria, referidos al año 2021.
En un momento en el que algunas comunidades autónomas están introduciendo bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones, y a la espera del fallo del Tribunal Constitucional respecto al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y al de Patrimonio, el Consejo General de Economistas ha presentado un informe bajo el título 'Tributación de la riqueza: estado de la cuestión'.
Los economistas creen que las distorsiones que pueden producir y la recaudación que se puede conseguir a través del impuesto de Patrimonio hacen recomendable su supresión --impidiendo la posibilidad de que se regule por las haciendas autonómicas como un impuesto propio--, aunque podría quedar como una declaración censal.
No obstante, los economistas creen que si se optara por mantener el impuesto, sería conveniente introducir algunos cambios, homogeneizando en todos los territorios la base imponible y el mínimo exento.
Y es que, por ejemplo, según sus cálculos, si este impuesto no estuviera bonificado en Madrid, la recaudación total habría sido de unos 2.000 millones de euros, en lugar de 1.300 millones.
Los fiscalistas del Consejo General de Economistas han analizado los datos de recaudación de los tributos vinculados con la riqueza y, con supuestos prácticos, han puesto de manifiesto las desigualdades que se producen entre contribuyentes con la misma riqueza dependiendo de su lugar de residencia, incorporando también las últimas modificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas.
Así calculan, por ejemplo, que un contribuyente con un patrimonio de 15 millones de euros, en 2023 no pagaría nada por Patrimonio en Andalucía, Extremadura y Madrid y, sin embargo, en la Comunitat Valenciana pagaría 401.234 euros, aunque esta situación, temporalmente, se mitiga en parte por la aplicación del Impuesto a las Grandes Fortunas.
Asimismo, un heredero que en 2023 recibiera por la muerte de su padre 800.000 euros, no pagaría nada si su progenitor residía en Andalucía, Cantabria, Baleares y Galicia, y 103.135 euros si hubiera tenido el domicilio en el Principado de Asturias.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha manifestado que si se considera que España tiene una economía totalmente globalizada, que el Impuesto sobre el Patrimonio es "anecdótico" en el conjunto de los sistemas tributarios y presenta problemas técnicos y de equidad en el territorio, por lo que considera que lo razonable sería suprimirlo.
En el caso del Impuesto sobre Sucesiones Pich considera que, aunque esté sometido también a debate, se podrían abordar determinados cambios para que pueda jugar un papel redistributivo y para fortalecer la igualdad de oportunidades.
Ante los recursos que se han presentado contra el Impuesto sobre el Patrimonio y contra el de Solidaridad de las Grandes Fortunas, como el papel de los asesores fiscales consiste en intentar que los contribuyentes apliquen correctamente la normativa, han comentado que lo que corresponde es autoliquidar ambos, pagarlos y, previa valoración de las contingencias, y teniendo en cuenta la prescripción, solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos, con la intención de aprovechar, en su caso, un fallo estimatorio.
El presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, expresó que "el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas no debería hacerse permanente porque se configura como un parche al Impuesto sobre el Patrimonio y se ha aprobado siguiendo una trayectoria parlamentaria singular".
Según han argumentado los economistas, la razón de que se grave la riqueza puede encontrarse en que se trata de una manifestación de capacidad económica diferente a la de la renta y a la del consumo, y puede complementar el gravamen sobre ambas manifestaciones.
"Como país, estamos totalmente inmersos en la economía global y, por lo tanto, competimos con el resto de los países de Europa y del resto del mundo, por lo que nuestra regulación económica y, dentro de esta, de la normativa tributaria, no puede distanciarse demasiado de los estándares predominantes", han recalcado.
Así, el Consejo General de Economistas ha insistido en que no se trata de competir fiscalmente a la baja, que no ha sido una política tributaria utilizada en el país, sino de que los tributos, por lo menos, no penalicen que determinados contribuyentes puedan venir a residir en España o no propiciar que otros se deslocalicen.