VALENCIA. A finales del curso pasado, la Conselleria de Educación decidió paralizar el concurso del transporte escolar que había diseñado el Gobierno del Partido Popular. Era la primera vez que se optaba por un lote para cada provincia de la Comunitat, lo que no convencía a la oposición por la necesidad de concentrar numerosas empresas que acababan siendo lideradas por una mucho más grande. De hecho, el problema fue que tan solo se presentó una Unión Temporal de Empresas (UTE) para cada lote, pero no cumplían todos los requisitos, lo que hizo que quedaran desiertos y la propuesta se hizo inviable.
Viendo que era necesario mantener el transporte escolar, prorrogaron la licitación que se había iniciado en 2006. Ahora, se vuelve a la fórmula tradicional de trocear en varios lotes cada provincia, lo que ha generado un total de 24 para toda la Comunitat Valenciana. Concretamente seis para Valencia, seis para Castellón y 12 para Alicante, según anunció este viernes la vicepresidente del Consell, Mónica Oltra, tras el pleno del Consell. ¿Y por qué el doble para esta última?
Según explican desde Educación, se han convocado los concursos con esa distribución por necesidades reales de complejidad en la comunicación por carretera en las diferentes comarcas valencianas. La cuestión es que en Alicante, cada empresa o UTE que se presente al lote, no puede asumir tantas rutas como el resto de provincias al estar las poblaciones mucho más separadas entre sí. Esta licitación ha sido convocada para prestar el servicio entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2019. El presupuesto base de licitación será de 161.403.648 euros, mientras que la anterior estaba valorada en 328 millones.
También se está estudiando la posibilidad de que el nuevo contrato permita la modificación de rutas en caso de que sea posible compatibilizar el transporte regular de viajeros con el transporte escolar, mediante futuras colaboraciones que contribuyan a mejorar el transporte en zonas rurales.
Estos nuevos pliegos incluyen como principal novedad criterios sociales, que se tendrán en cuenta en el caso de que existan varias propuestas con la misma puntuación. Estos criterios están basados en la seguridad jurídica, riesgo de exclusión, territorialidad, así como la valoración de la tipología empresarial basada en la economía social y solidaria. Además, también se contempla como otro criterio que las empresas tengan contratadas a mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género como instrumento para facilitar su inserción laboral.
Oltra ya defendió durante su anterior etapa como diputada que el planteamiento realizado por el contrato paralizado del anterior Consell no beneficiaba la concurrencia efectiva de las pymes y favorecía a la grandes empresas. Además, se entorpeció por la rareza de la fórmula por la que optó la conselleria de Maria José Català, que pasó de dividir las rutas en 30 lotes en 2006 a reducirlo a tres.
El objeto del contrato licitado a finales de noviembre del año pasado y que fue paralizado cubría 585 rutas con 944 autobuses. Las tres Uniones Temporales de Empresas que se presentaron, una a cada lote, contaban con 75 empresarios agrupados para Valencia, 47 en Alicante y una decena en Castellón.
Oltra criticó que esto permitía a grandes como Transvia en Valencia o Vectalia en Alicante liderar las ofertas y dirigir a quien no tenía más remedio que unirse a las más grandes si querían entrar dentro de la adjudicación. De hecho, es la primera vez que se producía una concentración de ruta como esta en España. Esta macrolicitación dificultaba también la entrada de competidores de provincias limítrofes a las valencianas, que podían optar, por ejemplo, a una zona de la Vega Baja colindante con Murcia, pero no a toda la provincia de Alicante.
También provocó que se presentara una oferta por provincia sin apenas mejoras de precio para la Generalitat ya que en Castellón la bajada fue de cero céntimos; en Valencia, de 0,7, y en Alicante de 0,57, una miseria frente a la última licitación en la que hubo competencia y se bajó entre un 20 y un 30%, aunque empresas de las UTE apuntan a que el precio de la licitación ya era bajo. Finalmente, la licitación quedó desierta por todos los problemas ocasionados mientras que ahora se ha vuelto a la fórmula habitual.
