Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. Foto: PACO CAMPOSVALÈNCIA/MADRID (VP/AGENCIAS). Sin montar ningún pollo, los nacionalistas vascos consiguieron este miércoles un acuerdo histórico para rebajar el cupo, la cantidad que el País Vasco paga anualmente al Estado por los servicios comunes, lo que supondrá previsiblemente agrandar la brecha entre la comunidad autónoma mejor financiada y la peor: la Comunitat Valenciana. La razón no es otra que la habilidad del PNV para hacer valer sus votos en el Congreso, cinco, uno más que la coalición Compromís.
El apoyo de los cinco diputados del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) costará al menos 1.644 millones de euros a la caja del Estado, de la que se financian 15 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. El gobierno de Mariano Rajoy y la formación nacionalista cerraron, con el debate de Presupuestos ya iniciado, el acuerdo que supone la revisión a la baja del cupo vasco y la devolución de 1.400 millones de euros –el PNV exigía 1.600– por los retrasos acumulados desde 2007, fecha de la última actualización.
El acuerdo para la rebaja del cupo, que va acompañado de otros compromisos como la inversión de más de 3.300 millones para la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023, fue firmado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en el Congreso de los Diputados dos horas después de que comenzase el debate de enmiendas a la totalidad. La rebaja a 956 millones anuales del cupo vasco privará al Estado de importantes ingresos para repartir entre entre el resto de comunidades que, como la valenciana, se financian mediante el régimen común.
Esos 956 millones que el País Vasco abonará cada año al Estado por las competencias no transferidas suponen 500 millones menos de los que pagó en 2016 y 244 menos de los presupuestados en 2017. El acuerdo contempla que la devolución de los 1.400 millones de la deuda histórica del cupo se compense de forma progresiva con las partidas previstas para los próximos cinco años, con lo que los ingresos efectivos del Estado en 2017 serán de alrededor de 816 millones, casi 400 menos de los que había presupuestado.
El PNV, que supo ver la debilidad del Gobierno de Rajoy para exprimirle hasta el último instante, limita su apoyo a la superación del primer escollo de los PGE en el Congreso. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, dijo que el pacto es "bueno" y "no va contra nadie", sino que es el resultado de "saber hacer política y distinguir los momentos". La posibilidad de nuevos acuerdos para los Presupuestos de 2018, el techo de gasto o el déficit dependerá de que el Gobierno cumpla lo acordado, explicó.
La estrategia de la formación nacionalista vasca para sacar rédito a sus cinco diputados con compromisos importantes para el País Vasco contrasta con la seguida por los cuatro representantes de Compromís. A pesar de las distintas sensibilidades que conviven dentro de la coalición no coincidieran al 100% en este punto, el partido nunca se planteó negociar apoyos a la investidura de Rajoy a cambio de beneficios para la Comunitat y se sacudió esa responsabilidad extendiéndola a todos los diputados valencianos en el Congreso.
Aunque posteriormente Joan Baldoví, su portavoz en el Congreso, se mostró dispuesto a hablar sobre los Presupuestos si recibía la llamada del Gobierno, esta nunca se produjo, mientras la lideresa de la coalición, Mónica Oltra, rechazó de plano esta posibilidad de negociación.
De momento, el PNV también ha arrancado al Gobierno de Rajoy compromisos importantes en infraestructuras o medidas como la unificación de la tarifa para la industria con el objetivo de reducir sus costes y que puedan exportar más. También existe el "compromiso político" del Gobierno central para llevar adelante las conexiones ferroviarias con los aeropuertos mediante plataformas.
La principal actuación en el paquete ferroviario es la conexión de las tres capitales vascas en Alta Velocidad en 2013 y con la frontera francesa en 2015. Además, se prevé el soterramiento de las vías y estaciones en Bilbao y en Vitoria. El coste estimado de estas actuaciones, que Adif ha descartado en otras capitales por considerarlo inasumible, alcanza los 800 y 400 millones, respectivamente.
Según detalló Aitor Esteban, en el acuerdo se incluyen temas de I+D+i, como el capítulo dedicado al vehículo eléctrico o los gestores de cargas, avances en la mejor coordinación en la Junta de Seguridad y el desbloqueo en cuanto a información, participación y obtención de determinada información policial por parte de la Ertzaintza. A ello se añade una mejor coordinación entre las administraciones para, por ejemplo, el control de las ayudas al empleo y las bonificaciones a la Seguridad Social.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, elogió la disposición del PNV para alcanzar este acuerdo con el que el Gobierno se garantiza sacar adelante los PGE en la votación de las siete enmiendas a la totalidad de este jueves. Montoro justificó que la Ley del Cupo debía renovarse de forma inexcusable porque la actual prórroga ha sido "la más larga del Concierto Económico", mientras que el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, vaticinó que el "clima de confianza" logrado con el PNV debería permitir en el futuro alcanzar nuevos acuerdos.
El discurso amable del ministro de Hacienda con los diputados de la formación nacionalista contrasta con el tono duro que desplegó con la oposición, en particular con el PSOE, al trasladarle la responsabilidad de un acuerdo político que permita la reforma del sistema de financiación autonómica. "Sin el PSOE no sale la reforma de la financiación y eso es lo que tiene que explicarles a los ciudadanos que están esperándola. Acuerdos tenemos que alcanzar en los próximos meses", lanzó el ministro.
Montoro avisó que sin acuerdo "no hay reforma de la financiación autonómica" y subrayó que de que salgan adelante los PGE de 2017 dependen 4.400 millones de euros para las políticas sociales de las comunidades autónomas. Por ello, retó a los presidentes autonómicos a que digan a los ciudadanos que están dispuestos a rechazarlos y les reprochó sus críticas al bajo nivel de inversiones públicas a las autonomías.
Las inversiones públicas "se lo estamos dando en forma de financiación", dijo Montoro, quien destacó que los presupuestos de 2017 programan un incremento de la financiación de 5.400 millones de euros, el 0,5 % del PIB. "Y para que esto sea así hay que aprobar estos presupuestos, con lo cual, las criticas escuchadas de determinadas Comunidades Autónomas desconocen que traen más recursos", añadió.
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, reafirmó su "rotundo y grandísimo no" a los PGE presentados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante el hemiciclo, en lo que, a su juicio, ha sido un discurso "con tono paternalista y recentralista". "Ha sonado a déjà vu, ha dicho básicamente lo mismo que hace un año", resumió.
Tras recalcar que estas cuentas "no sirven a los intereses de los valencianos", Baldoví se mostró especialmente "molesto" con la referencia que hizo el ministro a que los hospitales y las escuelas siguen abiertos y le ha recalcado que eso es así por que los "pagan los ciudadanos con su dinero" en cada comunidad autónoma.
"El ministro dice que han negociando con quien se ha dejado negociar; pues menos mal que no nos hemos dejado negociar porque habríamos tenido que cambiar los Presupuestos de arriba a abajo", ha sentenciado el portavoz de Compromís.
