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El Ayuntamiento pide recuperar 4 millones del IVA del 'pelotazo' de Tabacalera

7/05/2021 - 

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha solicitado a la Agencia Tributaria el reintegro del IVA que abonó en su momento con motivo de la operación urbanística de Tabacalera acordada por el gobierno de Rita Barberá en 2005 con la Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (Igsa) y que más tarde fue anulada por la Justicia.

Así pues, el consistorio ha presentado una factura rectificativa ante el Ministerio de Hacienda con la finalidad de suspender el plazo de prescripción para reclamar la devolución de este montante, que ascendería en torno a los cuatro millones de euros según diferentes fuentes consultadas por este diario.

En 2005 el Ayuntamiento suscribió un convenio con Igsa según el cual la administración local recibía el edificio central de Tabacalera -propiedad de Igsa- y 14 millones de euros, mientras que entregaba a la promotora dos solares de uso residencial en las naves posteriores de la fábrica que serían derribadas y un edificio municipal en Navarro Reverter. No obstante la operación acabó en los tribunales por una denuncia de Salvem Tabacalera, y finalmente el fallo del TSJ anuló el convenio por la desprotección patrimonial de la fábrica.

Al quedar sin efecto la operación tras la sentencia, la constructora habría solicitado a la Agencia Tributaria la devolución del IVA que se pagó, dado que el objeto tributario habría desaparecido. En román paladino: según esta interpretación, no se debería haber pagado un IVA por una operación que no existe y por tanto, cabe reclamar su reintegro.

En este sentido, explican fuentes municipales, el consistorio, que ahora dirige Compromís y PSPV, mantiene una postura diferente a la de la constructora dado que pese a la anulación del convenio urbanístico, considera que en realidad se consumó parte de la operación tanto en Navarro Reverter como detrás de Tabacalera con edificios residenciales, y la propia Tabacalera funciona desde entonces como edificio administrativo del Ayuntamiento.

Por ello la corporación municipal del Cap i Casal considera que el IVA pagado en su momento es válido y no cabría su reintegro por parte de la Agencia Tributaria. No obstante, el hecho de que la constructora solicitara la devolución obligaba en cierta manera a hacerlo al consistorio. El motivo es que si finalmente Hacienda aprobara el reintegro del impuesto abonado por la constructora en la operación, el Ayuntamiento perdería la oportunidad de recuperar este dinero también. Por ello, lo que se ha hecho ha sido emitir una factura rectificativa por si finalmente la Agencia Tributaria resuelve a favor de la devolución. 

La polémica solución a la sentencia de Tabacalera

Tras la sentencia que anulaba el convenio entre el Ayuntamiento e Igsa y que dejaba a la promotora sin poder construir parte de lo previsto, la firma presentó ante el consistorio una reclamación por responsabilidad patrimonial y la concejalía de Urbanismo, que dirigía Vicent Sarrià, decidió pagar a la empresa con suelo para evitar hacerlo con dinero de las arcas consistoriales: el Ayuntamiento decidió que entregaría a la empresa dos pastillas de suelo del barrio de Penyaroja.


Se trata de dos parcelas que inicialmente estaban calificadas como suelo educativo y zona verde y que, para poder dárselas a Igsa, requerían previamente ser recalificadas y convertidas en suelo residencial. Así pues, recientemente se aprobó definitivamente el cambio de planeamiento que, además de transformar este suelo en residencial, ha adaptado a la realidad actual la ordenación urbanística de Tabacalera y Navarro Reverter tras haber quedado fuera de ordenación al anularse lo aprobado en 2005.

Esta decisión se está tomando, eso sí, con la oposición de la Asociación de Vecinos de Penyaroja, que desde que se conocieron las intenciones consistoriales ha estado batallando contra la decisión de ubicar en el barrio estas torres de edificios. A juicio de la plataforma vecinal, el barrio requiere todavía de muchos servicios y eliminar suelo dedicado a zonas verdes y a centros educativos no parece lo más adecuado. Por ello ya han anunciado un recurso contencioso-administrativo contra la solución urbanística del departamento que ahora dirige Sandra Gómez.

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