El Congreso aprueba y envía al Senado la nueva Ley General de Telecomunicaciones

VALÈNCIA. (EP) El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley General de Telecomunicaciones, que ha sido enviado al Senado para completar su tramitación con el apoyo del PP y Ciudadanos, y la abstención de socios habituales del Gobierno, como Esquerra Republicana, PNV y EH-Bildu.

El proyecto ha sido apoyado en su votación final por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, el PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Foro Asturias. Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT y Junts se han abstenido, mientras que Vox y la CUP han votado en contra.

La norma viene a sustituir a la Ley de Telecomunicaciones de 2014, incorporando a la legislación nacional el Código de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea de 2018, y entre sus novedades se encuentra una ampliación de funciones del 112, con posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y el uso de la ubicación de los teléfonos para determinar la geolocalización de las llamadas, y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico.

También incorpora una reforma del servicio universal, con la introducción del acceso a Internet de banda ancha y una velocidad mínima fijada por el Congreso de 10 MB por segundo, pero con vistas a elevarlo a 30 MB "tan pronto como sea posible" en un futuro decreto, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y el desarrollo de las redes.

En esta enmienda, aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos, y a la que ha tenido acceso Europa Press, se elimina de la consideración de servicio universal los servicios de comunicación telefónica desde una ubicación fija.

Respecto a las cabinas telefónicas, cuya desaparición contemplaba el proyecto al llegar al Congreso, el texto contempla ahora la posibilidad de reconvertirlas o utilizarlas como puntos de conexión a Internet, teléfonos de emergencia y puntos de envía y recogida de paquetería.

En este sentido, se contempla la condición de cualquier servicio simultáneo que se desarrolle, a partir del acuerdo entre los operadores con los titulares o gestores del dominio público, sea gratuito, tanto para las administraciones como para los ciudadanos.

Otras novedades es la previsión legal de contar con un punto de gestión única para acceder a información sobre condiciones, procedimientos y obligaciones tributarias en el despliegue de las redes de comunicaciones --el proyecto dejaba abierta esta posibilidad--.

También se habilita a las administraciones públicas a prestar directamente servicios de telecomunicaciones, así como a instalar, desplegar y explotar redes sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora.

También se asegura que las administraciones competentes puedan exigir compensaciones a los operadores por el uso de infraestructuras de su titularidad, y se imposibilita a las comunidades de propietarios a rechazar la instalación de redes en su propiedad si no existe una alternativa viable.

Respecto a las disposiciones destinadas al usuario, se limita la duración de los contratos a 24 meses, se regulan por primera vez los paquetes de servicio, se amplían los derechos de portabilidad y se permitirá conservar el saldo de un móvil prepago al cambiar de operador. Otras novedades incluidas es la obligación de precisar en el resumen del contrato todas las condiciones y mecanismos de resolución del mismo, así como sus costes asociados.

Durante su tramitación parlamentaria, los grupos han aprobado reconocer el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas únicamente a personas que previamente hayan dado su consentimiento.

Esto da la vuelta al régimen de protección frente a estas llamadas, ya que el proyecto reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas. En todo caso, este derecho entrará en vigor una vez pasen 12 meses desde la aprobación de la norma.

Por otro lado, durante la tramitación parlamentaria también se ha reconocido el derecho de los consumidores a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación especial y el deber de los operadores a contar con servicios de atención al cliente de forma telefónica para "garantizar en todo momento una atención personal directa".

Asimismo, el Congreso ha acordado encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el estudio cada de la calidad del servicio en las zonas rurales y escasamente pobladas respecto a la disfrutada en el resto del país, con la previsión de realizar este estudio dos veces al año.

Otra propuesta introducida en la Cámara es la de acortar a tres años el análisis por parte del supervisor en caso de considerar un mercado dinámico, atendiendo la evolución tecnológica y las pautas de demanda de sus consumidores.