El Consell destina a alquiler joven las 35 viviendas vacías del edificio que compró a Ática en Sociópolis

VALÈNCIA. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda destinará a alquiler para menores de 35 años, las 35 viviendas que están vacías en el edificio que compró a Grupo Ática por 18,4 millones de euros. Una compra que cerró el anterior equipo de la Conselleria de Vivienda, dirigido por Héctor Illueca, y que culminó el nuevo gobierno autonómico del PP.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba este jueves la resolución que establece la adjudicación a jóvenes de las 35 viviendas disponibles de las 124 que componen el complejo residencial. Las 89 restantes están arrendadas a familias que estaban pendientes de la adquisición del edificio por parte de la Generalitat para poder continuar en sus hogares

Esta decisión de destinar a alquiler para menores de 35 años es una medida recogida en el decretó que aprobó la Generalitat hace unos meses y que regula la vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como de protección oficial (VPO), en la autonomía. Una norma que incluye la reserva preferente del 40% de las promociones públicas para alquiler asequible a jóvenes menores de 35 años con la que se buscaba resolver el problema de la emancipación ante el auge que los precios han experimentado en los últimos tiempos.

Sistema de adjudicación

Para poder acceder a una de estas viviendas se tendrán que cumplir los siguientes requisitos: la unidad de convivencia debe estar inscrita en el Registro de Demanda de Vivienda, estar formada exclusivamente por jóvenes menores de 35 años y tener ingresos iguales o superiores a 2,5 veces el IPREM que provengan de rentas del trabajo.

En el caso de las viviendas adaptadas, se reservarán a unidades de convivencia que además de cumplir con las condiciones anteriores, acrediten diversidad funcional de cualquier miembro de la unidad. De acuerdo con las previsiones de la Conselleria, la adjudicación se producirá en los próximos meses, tras revisar la documentación. Se realizará a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). 

Los criterios de baremación son los establecidos en el capítulo III del Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas, el régimen de cesión y adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública y las viviendas del patrimonio público de vivienda de la Generalitat.

Según datos del Observatorio de Emancipación de España del segundo semestre de 2022, el precio del alquiler medio de las viviendas en la Comunitat Valenciana se disparó un 15,4 por ciento, por lo que una persona joven debe destinar el 70,4% de su salario para sufragar este importe. Unas cifras que, para la Conselleria, "demuestran que tener un trabajo, en la mayoría de los casos, tampoco es suficiente para acceder a una vivienda".

Operación de compra

Fue a finales del pasado año 2022 cuando el Grupo Ática, propietario del activo, comunicó a los inquilinos la finalización de sus contratos de alquiler para marzo de este año y la necesidad de que desalojaran las viviendas. Los vecinos pidieron amparo a la Administración y fue entonces cuando entró en juego la Conselleria, que pidió a la propiedad prorrogar los alquileres durante seis meses mientras estudiaba la posibilidad de adquirir el edificio al entender que existía una situación de emergencia habitacional.

El inmueble se sitúa en la parcela R-20 del barrio de Sociópolis (La Torre) e iba a ser vendido en su totalidad a un fondo, pero la Administración decidió finalmente intervenir, dado que se encontraba en un área de necesidad de vivienda pública y la mayoría de sus inquilinos se encuentra en situación de vulnerabilidad. Así, tras varias negociaciones y una queja al Síndic de Greuges por el retraso en la decisión, finalmente la Generalitat se quedó con el edificio.