GANDIA (VALENCIA). Cuatro años han pasado desde que Arturo Torró, en esa época alcalde de Gandia, cerrara la televisión pública de Gandia y, al poco, concediera unas ayudas económicas a dos televisiones privadas de la ciudad y que, supuestamente, son de su entorno. Unas acciones por las que el PSPV interpuso una querella contra Torró, el portavoz del ejecutivo, Víctor Soler, y el empresario José Codina, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. Unas acciones por las que Arturo Torró tendrá que explicar en calidad de investigado.
Así se puede leer en el auto del juez del juzgado de instrucción número 3 de Gandia al que Valencia Plaza ha tenido acceso este viernes, pocas horas después de que Arturo Torró renunciara a su acta de concejal. El auto, con fecha de 12 de enero, cita a Arturo Torró el 3 de marzo de 2016 a las 10 de la mañana a fin de prestar declaración en calidad de investigado, previa instrucción de sus derechos.
Junto al presidente del Partido Popular en Gandia están citados, en calidad de testigos, los ediles populares Vicent Gregori, Víctor Soler y Antonio Abad, el asesor del PP Javier Reig -también investigado por la Operación Aplauso-, Daniel Furió Moncho, ex presidente de Iniciatives Publiques de Gandía (IPG), y Cristina Serrano, ex asesora del departamento de economía y hacienda del consistorio, y que fue alto cargo de la conselleria de Medio Ambiente durante los mandatos de los ex consellers Rafael Blasco –condenado por desviar fondos de cooperación-, Esteban González Pons y Juan Cotino –investigado en Gürtel-. Sus declaraciones tendrán lugar del 8 al 23 de marzo.
La querella interpuesta por el Partido Socialista pretendía esclarecer uno de los asuntos que sobrevuelan en el entorno del PP de la capital de la Safor: La adjudicación de Tele 7 y su verdadera propiedad. Según recuerda el presidente de IPG Vicent Mascarell, hay indicios que apuntan a que el gobierno de Gandia de 2012 podría “haber subvencionado a una empresa donde el entonces alcalde, Arturo Torró, tenía intereses particulares”.
Unas sospechas que se remontan al cierre de Gandia TV, cuando el Partido Popular arbitró un sistema para dar una subvención pública de 3,5 millones a dos televisiones privadas. Las beneficiarias de la adjudicación, realizada a través de IPG, fueron Comarques Centrals Televisió S. L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L (Tele 7).
El contrato estipula que cada una de las empresas iba a recibir 1.750.000 a cada una a cambio de realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. Contrato que se prorrogó por tres años más y que elevaba la cuantía de la concesión a 4 millones de euros más. En total, 7 millones entre las dos beneficiarias.
Vicent Mascarell recuerda que el Gobierno del PP cerró Gandia TV por “su excesivo coste para las arcas municipales” y critica que con esta adjudicación “el Ayuntamiento se gastaba 200.000 euros más por año que con Gandia TV abierta”. Este cierre dejó en la calle a 26 trabajadores.
En cuanto al acuerdo con Comarques Centrals de Televisió-Comarcal TV, firma propiedad de un empresario de Xàtiva próximo al ex alcalde Alfonso Rus, al cerrar la televisión en abril de 2012 no llegó a cumplirse. Sin embargo, el Ayuntamiento pagó a la televisión 500.000 euros (2 pagos de 50.000 y 5 de 80.000) y en una cláusula estipuló que la cadena de televisión “no podía emitir programación de carácter político de la ciudad de Gandia” y en caso de incumplimiento el ayuntamiento “tendrá derecho a cortar la señal“.
Arturo Torró hablará ante el juez para dar explicaciones SOBRE la titularidad y del contrato con Tele 7, que ha sido investigado por la justicia para “conocer la verdadera propiedad de Inversiones Especiales del Mediterráneo (IEM)”. Según se puede leer en la querella interpuesta por el Partido Socialista, “hay indicios de que en esa sociedad participada Arturo Torró, a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de la referida mercantil estaba su persona”.
Según la documentación hallada y entregada al juez, se trataría de José Codina, hombre de confianza del ex alcalde de Gandia y quién fue el administrador único de IEM. De hecho, durante diez años fue gerente de la cooperativa del Centro Histórico cuando Torró era presidente de ésta.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la cantidad que percibían las dos adjudicatarias del contrato de prestación de servicios de comunicación audiovisual televisiva de Gandía no era de 3 millones. Una prórroga del contrato otorgado por 3 años, elevaba la cuantía de la concesión a 4 millones de euros más. En total, 7 millones entre las dos beneficiarias. Prórroga que, según las fuentes consultadas, ya estaría en marcha al haberse terminado los 3 años de contrato que establecía el pliego de condiciones.
