Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La disyuntiva es digna de la novela de Patrick Süskind El perfume, pero sus consecuencias son cualquier cosa menos líricas. Una de las dificultades con la que se enfrenta la Generalitat, a la hora de intentar compensar y hacer la vida más fácil a los vecinos de la depuradora de Pinedo, es que la contaminación por olores es uno de los problemas medioambientales menos regulados por la administración. Y son los olores, producidos por los sulfhídricos, uno de los mayores problemas que padecen, olores en muchas ocasiones “insoportables”, aseguran, que han hecho que algunos de ellos prácticamente vivan enclaustrados en sus casas, con las ventanas siempre cerradas.
Ese vacío es el que hace que sea más complicado para el Consell establecer un protocolo adecuado, pensando sobre todo en el futuro, en que la depuradora siga funcionando (no se contempla otra alternativa) y los vecinos puedan vivir. Así lo admitía el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, a Valencia Plaza. Pese a ello se están buscando soluciones y una de ellas sería el control de los efectos de la depuradora, con encuestas periódicas entre los vecinos. “Ésta es una infraestructura que inevitablemente olerá, pero, podemos hacer que baje a unos niveles mínimos soportables muy por debajo de los actuales”, decía.
Este jueves se aprobó la evaluación ambiental para el Plan Especial de la depuradora, con un documento de alcance que ha sido remitido a la Dirección General de Agua. En él, explicaba Quesada, se incidía en las mejoras que se articularan para que el funcionamiento de la depuradora deje de ser un castigo bíblico para los vecinos, cuestiones sobre todo relacionadas con los ruidos y los mentados olores. La primera parte fue más fácil; la segunda, como ya se ha dicho, más complicada.
Entre las opciones que barajan se encuentra emplear productos químicos que reducen la emisión de sulfhídricos, como ya se aplican, decía Quesada, en la depuradora de Ontinyent. Otra medida que se contempla es la de controlar el traslado de los fangos, para que se hagan siempre cubiertos. El problema, insistía, es que en este tema se va a ciegas, ya que las experiencias son contadas. Básicamente porque en la mayoría de los países occidentales está prohibida la instalación de depuradoras en casco urbano. También en España, pero se incumplió la legislación. Sin ir más lejos, el Anexo I del Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, respecto a la exigencia de una distancia de 2.000 metros entre el núcleo urbano y las instalaciones reputadas insalubres.
El problema de la depuradora de Pinedo con los olores tiene espejos donde mirarse; uno de ellos, vasco. En la depuradora de Galindo, en Euskadi, se anunciaba hace unos días la puesta en marcha de un proyecto pionero encaminado a reducirlos. En el caso vasco la solución que se está estudiando es, según informaba esta semana Deia, "cubrir uno de los reactores biológicos con una cubierta ondulada de aluminio sobre la que se dispondrán plantas aromáticas como lavanda, salvia y santolina, elegidas por ser resistentes a la sequía y al frío, necesitar poca agua y mantenimiento, y ser perennes". Asimismo, añadía Deia, "se aplicarán filtros de carbón activo para reducir la emisión de olor".
En el caso valenciano aún queda tiempo para que se vea en marcha el Plan Especial de la depuradora de Pinedo. Ése tendrá un presupuesto de 26 millones de euros, recordó Quesada, e incluso podría aumentar un poco más. La estimación que maneja el secretario autonómico es que no se podrá licitar como pronto hasta finales de verano ya que ahora el Plan Especial aún debe seguir una serie de trámites.
Así, tras la aprobación de este jueves, está ahora en la Dirección General de Agua donde los técnicos tienen un mes para implementar al Plan Especial las conclusiones incluidas en el documento de alcance aprobado por la comisión de evaluación ambiental. Tras ello el Plan Especial pasará a información pública, donde estará disponible 30 días laborales. Teniendo en cuenta la coincidencia con fiestas como las Fallas, así como las alegaciones que a buen seguro se recibirán, el siguiente paso se postergará como mínimo dos meses. Éste será la declaración de impacto ambiental, que precisará como mínimo de un mes. Después, pasará al gabinete de la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, quien tras analizarlo lo remitirá al Pleno del Consell para que sea aprobado y publicada en el DOCV la licitación.
Es por eso que, sumando los meses de cada trámite y siguiendo las enseñanzas de la práctica, que hacen que se opte por la opción más larga, Quesada calculaba que no sería hasta el final de verano que se podrá licitar el Plan Especial. A ello habrá que unir los dos o tres meses que se necesitarán para acabar las obras, trabajos que a su vez deberán convivir con que la depuradora esté en marcha, por lo que es bastante factible que duren más. Así que en el mejor de los casos, no será hasta final de año que se puedan ver los resultados.
Si la Justicia decidiera esperar, los vecinos tendrían que aguardar un año. Demasiado tiempo para unos afectados que llevan casi medio siglo sufriendo los problemas derivados de una construcción que se hizo a espaldas de la normativa existente. Es por ello que Quesada se comprometió “a nivel personal” a resolver la cuestión de las compensaciones para los vecinos en el menor tiempo posible, mientras el Plan Especial sigue su curso. “Antes de que concluya el mandato de esta legislatura”, sentenciaba.
