Eloy Velasco. Foto: EFEVelasco está negociando las condiciones económicas para irse de magistrado de enlace y, si no llega a un acuerdo, pedirá una de las plazas de la Sala de Apelaciones que se creará dentro de seis meses
VALÈNCIA. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que actualmente investiga el caso Púnica, dejará el juzgado. Dos son las salidas del juez. La primera, y que más visos de convertirse en realidad tiene, es que se vaya en comisión de servicio como magistrado de enlace dentro del marco de una misión internacional con Latinoamérica, con especial vinculación con Colombia.
La segunda, que sería la otra vía en caso de fracasar la primera opción, será concursar como magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional cuya creación se prevé para dentro de seis meses.
Velasco, que fue secretario general de Justicia con el PP en Valencia, no solo tiene escalafón suficiente para pedir la plaza, sino que es de los pocos magistrados especialistas que hay en la Audiencia Nacional, lo que le asegura el puesto si lo pide. Con él se irá el polémico juez Enrique López, que ha sido recusado en las causas del PP por su tendencia conservadora y por haber cobrado por dar cursos en FAES.
Fuentes de toda solvencia aseguran a Valencia Plaza que Velasco rechazó el puesto de enlace internacional en un principio por el dinero. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que se está renegociando el contrato y las dietas que cobraría para llegar a un acuerdo y que se vaya.
Si Velasco abandona el juzgado, el caso Púnica, una de las mayores tramas de corrupción que hay a día de hoy judicializada, se quedaría sin instructor, lo que supondría que el magistrado que lo sustituya deberá leerse los más 80.000 folios de los que constan los más de 120 tomos de sumario que actualmente tiene la causa.
Valencia Plaza ha podido saber que el Ministerio de Justicia apuesta porque Velasco coja la plaza de internacional, lo que dejaría el juzgado de la Audiencia Nacional a expensas de una comisión de servicio. Esto dejaría la elección del magistrado suplente en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente, Carlos Lesmes, una persona no solo muy conservadora, sino afín al partido en el poder.
De hecho, las negociaciones parece que llegarán a buen puerto porque lo que desde el Ministerio de Justicia y, por ende, desde el Gobierno, no quieren es que la plaza salga a concurso y no poder controlar quién la pide.
Ejemplo de lo anterior fue cuando salió a concurso la plaza de Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción Número 5, que entonces investigaba la trama Gürtel. Pese a los intentos del Gobierno de que un magistrado conservador con escalafón suficiente concursara, finalmente fue el progresista Miguel Carmona quien la pidió.
Ante la tesitura de tener a un progresista, y tal y como desveló el periodista Ernesto Ekaizer, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón intermedió para que le concedieran el puesto de magistrado de enlace con Londres, un puesto que jamás había sido ocupado desde que fuera creado, ya que como recuerda el periodista, hay muy poco tráfico de asuntos entre España y Reino Unido.
Si el magistrado se va, las posibles dilaciones indebidas que se crearán llevará al fracaso total en cuanto a penas se refiere, ya que dilatará meses, sino años la instrucción, porque el magistrado que asuma la causa deberá leerse todos los tomos y ponerse al día de una de las mayores tramas de corrupción de la historia judicial española.
En cuanto a los valencianos imputados en Púnica, verán como sus vaivenes judiciales se dilatan en el tiempo. Por un lado, los que ya están como investigados verán paralizadas las actuaciones durante meses. Por otro, el diputado autonómico del Partido Popular, cuya imputación tal y como ya contó Valencia Plaza está a punto de ser solicitada quedará paralizada mientras el nuevo magistrado se pone al día.
Para los que ya están como investigados, jurídicamente hablando, sería bueno, ya que podrían solicitar dilaciones indebidas. Sin embargo, para Soler, lo único que podría suponer es alargar la crónica de una imputación anunciada, pero no le serviría para reducir una posible pena puesto que, a día de hoy, no está investigado por nada.
