Empresas valencianas exigen un trato equitativo en el ámbito público y privado en la nueva ley de FP

VALÈNCIA. Tras una primera lectura este martes en el Consejo de Ministros, el borrador de la nueva ley de Formación Profesional (FP) se elevará al Congreso y Senado tras al verano antes de su aprobación. Entretanto, podría verse modificada en base a las consideraciones de ambas cámaras, y también podría sufrir cambios en función de los intereses de empresas y sindicatos, que en estos momentos están estudiando el documento.

De este modo, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) reclama a la Administración pide que los centros de formación estén situados en áreas territoriales cercanas a los sectores productivos en los que están especializados. Para ello, la Conselleria llevó a cabo un diagnóstico de los ciclos formativos impartidos en la Comunitat Valenciana, con vistas a garantizar la adaptación de la enseñanza al entorno empresarial.

Asimismo, el secretario general de la organización, Miguel Ángel Javaloyes, explica a este diario que la empresa “debe estar sentada dentro de un diálogo social para negociar y desarrollar los currículos formativos de los alumnos”, con el objetivo de mantener contacto con el profesorado que imparte la materia, que a su juicio tiene que conocer “las herramientas y los procesos de fabricación”. Por este motivo, los empresarios piden que los profesores “visiten los sectores y tengan formación allí”.

A ello se suma que las empresas privadas que ofrecen formación exigen “un mayor reconocimiento, al igual que las públicas”, según advierte Javaloyes, que no duda en que existe una “discriminación” en este sentido. De hecho, recalca que la colaboración público-privada “es una teoría que no está llevándose a la práctica”,  en la medida en la que los centros privados “no existen con las mismas dotaciones ni con las mismas ayudas que reciben las públicas”.

Con todo, desde la CEV expresan su convencimiento de que el nivel de formación en FP en el panorama nacional aumentará con la reforma, reduciendo así la distancia con respecto a la media europea -que es del 29% frente al 12% en España según la Encuesta de Población Activa (EPA)-. Así, la FP dual permite que el alumno “se empape de la realidad de las necesidades de la empresa”, según indica Javaloyes. 

Unas necesidades que son cambiantes en el ecosistema empresarial, por lo que las entidades piden mayor agilidad administrativa a la hora de implementar los nuevos ciclos formativos, un proceso que suele tardar una media de tres años, para así adecuar el sistema educativo a las demandas de las compañías. 

Los sindicatos estudian "al detalle" el borrador

Todo cambio requiere un análisis previo de los posibles escenarios, por lo que los sindicatos de educación revisan “al detalle” cada apartado del nuevo borrador. Es por ello que desde CSIF, a nivel nacional, valoran de forma positiva la accesibilidad en la formación que presenta la nueva ley, que permite que los trabajadores con experiencia pero sin estudios puedan formarse y, al mismo tiempo, ven “lógica” la subdivisión del itinerario en cinco grados ascendentes A, B, C, D y E.

En cuanto a la colaboración del profesorado con las empresas, el presidente de educación del sindicato, José Seco, explica a Valencia Plaza que están de acuerdo con dicha premisa “siempre que no reste horas ni carga lectiva a los docentes”. Una situación que se daría si se trasladara la formación de los centros educativos únicamente a las compañías, pero, por el momento, la organización no se pronunciará hasta recibir nuevas instrucciones del Gobierno.

Por su parte, STEs-i se mantiene a la expectativa, pues tal y como emitió en un comunicado a finales de mayo, la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros será “el momento de establecer la respuesta que desde el mundo de la educación se dé a este proyecto que pone en peligro el futuro profesional de decenas de miles de profesores y puede proporcionar mano de obra barata a las empresas”.