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Entrevista a ángel de la fuente, director ejecutivo de fedea

"La infrafinanciación no es un agravio dramático, pero habría que arreglarla lo antes posible"

22/11/2021 - 

VALÈNCIA. Ángel de la Fuente es uno de los mayores expertos del país en financiación autonómica y conoce perfectamente los entresijos de un sistema en cuyo diseño ha participado activamente asesorando a diferentes gobiernos a lo largo de las dos últimas décadas. Ante la próxima reforma del modelo, la cual no espera que llegue esta legislatura, aboga por aclarar y simplificar su funcionamiento y, sobre todo, por dar a las CCAA herramientas para que sean ellas mismas las que puedan captar los recursos adicionales para financiar sus gastos, que tendrían que venir con un aumento de la presión fiscal autonómica con el coste político que ello implica.

Por ello, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania no considera que la condonación de la deuda de las autonomías sea una buena idea para hacerlas responsables de sus decisiones de gasto.

De la Fuente reconoce la infrafinanciación valenciana pero no lo considera un problema de una magnitud como para "echarse al monte" y subraya que una de las pioridades de la próxima reforma debería ser aumentar la equidad del sistema. De ahí que haya propuesto al Gobierno una aportación unilateral de 2.300 millones por parte del Estado para la que no haría falta poner de acuerdo a todas las CCAA pero que acercaría mucho a la media a las regiones que reciben menos recursos por habitante ajustado como la Comunitat Valenciana.

–La Comunitat Valenciana ha vuelto a manifestarse para reivindicar la reforma de un modelo de financiación que lleva siete años caducado, pero usted es bastante pesimista con los plazos de la reforma… ¿La veremos esta legislatura?

–No creo que dé tiempo, pero ojalá me equivoque.

–¿Está participando o le han pedido que participe en alguna medida en la reforma del sistema?

– No.

–Es ampliamente reconocido que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada con el actual sistema pero, ¿lo está tanto como argumenta el Gobierno valenciano cuando denuncia este "agravio"?

–Según mis cálculos, la Comunidad Valenciana estaba en 2019 en torno a un 7,5% por debajo de la media de territorio común en términos de financiación efectiva por habitante ajustado. Todo es subjetivo, pero yo diría que un 7,5% es mucho dinero pero no un agravio dramático que te obligue a echarte al monte. No te condena a prestar servicios cualitativamente distintos de los demás, pero desde luego se nota y habría que arreglarlo lo antes posible.

"Si una comunidad atrae contribuyentes de otros territorios bajando tipos, tendría que aportar al sistema una parte"

– En su último paper vuelve a proponer la creación de un fondo de nivelación para reducir las desigualdades del actual sistema mientras llega la reforma. Ello requeriría de una aportación del Estado de alrededor de 2.300 millones en 2022. Si es un asunto que solo depende de la voluntad del Gobierno y no de poner de acuerdo a todas las CCAA, ¿cuál es la justificación para no hacerlo y permitir las diferencias actuales en financiación por habitante?

–Esto tendría que preguntárselo al Gobierno central. Supongo que ponen otras cosas por delante.

–A la Comunitat Valenciana le corresponderían 750 millones de ese fondo, muy lejos de los 1.336 millones reivindicativos que cada año incluye el Consell en su presupuesto, ¿sobrevalora el Gobierno valenciano su infrafinanciación?

–No sé de dónde sale esa cifra, pero supongo que medimos cosas distintas. Una cosa es el dato objetivo de dónde estás en relación con el promedio y otra distinta la opinión subjetiva de cada uno sobre dónde debería estar.

–Si, como usted ha reconocido, existen diferencias difícilmente justificables entre las CCAA mejor financiadas y las que están a la cola y éstas se ha mantenido más o menos estable durante veinte años, ¿se pueden mantener las bases del actual sistema o se necesita un cambio profundo?

–Habría que ir a un reparto más igualitario, pero eso podría hacerse manteniendo bastantes elementos del sistema actual. Una reforma más profunda no tengo claro en qué dirección tendría que ir.

–La ministra María Jesús Montero prevé presentar este mes su propuesta para la redefinición del concepto de población ajustada. A su juicio, ¿cuáles son los parámetros que deberían definir ese concepto?

"Habría que ir a un reparto más igualitario y podría hacerse con bastantes elementos del sistema actual"

–Yo diría que la fórmula actual es bastante razonable, aunque mejorable. La población ajustada tiene que recoger los principales factores que determinan los costes relativos de prestación de los servicios de titularidad autonómica. Más allá de eso, lo más importante sería recuperar la corrección por costes fijos, que existen y pesan más en las comunidades más pequeñas. Esa corrección ya existía y despareció en la última reforma no se sabe muy bien por qué. También convendría tener en cuenta los pesos en el gasto autonómico total de los distintos bloques de competencias (sanidad, educación, servicios sociales y resto de servicios) a la hora de fijar sus ponderaciones en la fórmula. Con más calma y trabajos preparatorios, podría pensarse también en tener en cuenta algunas variables más.

–El modelo, ¿debería ser más sencillo que el actual, con menos fondos y una correlación más clara entre el coste de los servicios y los recursos para financiarlos?

–Sí, tendría que ser más sencillo, sin fondos raros repartidos con criterios contradictorios. El reparto debería basarse en las necesidades de gasto (que no es necesariamente lo mismo que el coste real de los servicios), la capacidad fiscal de los territorios y un criterio pactado y claro de hasta dónde nivelar. Yo personalmente apostaría por la nivelación total, pero hay gente muy razonable que defiende una nivelación parcial.

–La ministra también se ha comprometido a abordar dentro de la reforma de la financiación una solución para la la deuda histórica asociada a la infrafinanciaciación, un problema muy importante para la Comunitat Valenciana, ¿qué opina de ese compromiso y de las posibilidades de llevarlo a cabo?, ¿cree que puede abrir un frente de conflicto entre CCAA o reactivar el debate del riesgo moral?

–La ministra dijo que algo se hará en relación con este problema, pero habrá que ver en qué se concreta. No creo que haya dicho que se va a perdonar toda la deuda valenciana ni mucho menos.

"la condonación de la deuda me da miedo porque agravaría los grandes problemas de incentivos que ya tiene el modelo"

A mí lo de la condonación de la deuda me da miedo porque agravaría los grandes problemas de incentivos que ya tiene el modelo. Se confirmaría la sensación, que en buena parte ya tienen los gobiernos autonómicos, de que pueden gastar más de lo que tienen porque al final el Estado siempre viene y te rescata. Las CCAA tienen que responsabilizarse de su gasto.

–Otro compromiso de Montero ha sido perdonar a las CCAA en 2022 la liquidación negativa en la mayoría de casos del ejercicio 2020, lo que de facto implica que el año de la pandemia estuvieron sobrefinanciadas. Sin embargo, en el caso de la Comunitat Valenciana la liquidación es a su favor por importe de casi 600 millones de euros. ¿Debería ser compensada la Comunitat Valenciana por ese hecho? ¿No es una discriminación respecto a las demás de que sí recibirán una financiación adicional?

–Perdonar las liquidaciones negativas no parece un criterio muy razonable de reparto porque viene a ser una especie de lotería, que además en esta ocasión perjudicaría a Valencia, que ya es la peor financiada. Sería mucho más razonable repartir la cuantía total disponible con un criterio de nivelación, como hemos propuesto ya unas cuantas veces.

–¿Cree que el Gobierno ha usado el reparto de los fondos covid en 2020 y 2021 para compensar a las CCAA peor tratadas por el sistema como la Comunitat Valenciana?

–No. El grueso de esos fondos se repartió teniendo en cuenta la incidencia del virus, lo que en principio parece razonable. Pero otra parte del Fondo se distribuyó en proporción a los ingresos autonómicos antes de la pandemia por ciertos tributos cedidos, lo que viene a ser una mezcla entre lotería y preservación del statu quo. Una vez más, no parece la mejor forma de asignar recursos.

–La Comunitat Valenciana ha incluido en su presupuesto de 2022 1.000 millones de un inexistente Fondo De Transición a la Nueva Normalidad, pero no ha sido la única, dado que Andalucía y Castilla y León también inflan sus ingresos con transferencias del Estado no previstas en los PGE. ¿Cree justificado esta suerte de desafío al Gobierno por no prolongar los fondos covid?

–No tiene mucho sentido, lo mismo que el resto de los ingresos inexistentes que se incluyen en los presupuestos de algunas autonomías. 

–¿Debería compensárseles de alguna manera a las CCAA la desaparición de esos fondos no reembolsables dado que los gastos asociados a la pandemia continúan?

"hubiera tenido sentido dar menos fondos covid los dos últimos años y no suprimirlos de repente"

–Yo diría que el Gobierno central ha sido demasiado generoso repartiendo fondos covid en los dos últimos años, pero quizás hubiera tenido sentido dar menos entonces y no suprimirlos de repente cuando la pandemia todavía no se ha superado. 

–En su último paper aboga por avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las CCAA y dotar a estas de herramientas para aumentar sus ingresos. Dice que las CCAA deben asumir el coste político de tomar las decisiones necesarias para financiar sus gastos, ¿cree que las CCAA han estado acomodadas hasta ahora?

–Sin duda. Casi todas, casi siempre, piden que les den más recursos sin coste para ellas, cuando lo que hay que darles son herramientas para que se los pidan a sus ciudadanos de una forma visible para ellos. Es comprensible, es mucho más cómodo, pero contra el vicio de pedir, está la virtud de no regalar, que es lo que habría que hacer por el bien del sistema.

–¿La única manera de poner más recursos en el sistema es que las CCAA aumenten los impuestos o el Estado debería aportar los 16.000 millones de euros para resolver la insuficiencia del modelo según cuantificaron los expertos para su reforma?

–Como acabo de argumentar, tendrían que ser las CCAA las que subieran los impuestos. Si no, estas administraciones se quedarían con los beneficios políticos de incrementar el gasto sin soportar ningún coste, lo que les daría todos los incentivos del mundo para seguir pidiendo más recursos y aumentando su gasto más allá de lo razonable.

"Casi todas las CCAA, casi siempre, piden al Estado que les dé más recursos sin coste para ellas"

Por cierto, lo de la insuficiencia autonómica es muy discutible, y más aún la cifra de 16.000 millones que cita. En la comisión de expertos de 2017 no hubo nada parecido a un consenso sobre eso, aunque la insistencia de muchos representantes autonómicos por intentar ponerle números a la supuesta insuficiencia se comió más de dos terceras partes de nuestro tiempo. Al final, lo que se incorporó al informe sobre esta materia es un texto bastante confuso e hipotético, fruto de un largo tira y afloja, pero no del acuerdo.

–También apuesta por fijar tipos de referencia para los impuestos cedidos pero, al mismo tiempo, mantener la autonomía fiscal, ¿cree que las CCAA que utilizan su capacidad fiscal para atraer contribuyentes deberían retornar al sistema parte de los recursos captados por esa vía?

–Los tipos de referencia son necesarios para calcular bien la capacidad económica de cada territorio y por lo tanto para fijar correctamente los flujos de nivelación. El principio de autonomía exige que las comunidades puedan desviarse de esos tipos al alza o a la baja, pero siempre soportando las consecuencias de hacerlo. Si la recaudación normativa se calcula bien, con la actual estructura del sistema, una implicación es esa: si consigues atraer contribuyentes de otros territorios bajando tipos, tendrás que aportar al sistema a través del Fondo de Garantía un 75% de lo que habrían pagado esos contribuyentes con los tipos de referencia. Eso reduciría mucho los incentivos para competir a la baja.

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