El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Con un gran resultado en las elecciones locales del 2015, Jorge Rodríguez (Ontinyent, 1979) fue designado presidente de la Diputación de Valencia convirtiéndose así en uno de los alcaldes con más peso específico del PSPV en esta provincia. Lo hacía gracias a un pacto con Compromís, València en Comú y Esquerra Unida, con quienes gobierna en la corporación. Como presidente de la Diputación, cuenta con la llave de la caja del órgano provincial, lo que le convierte en el aliado imprescindible para un Consell con agujeros en el erario público debido a la infrafinanciación.
Pese a ello, no está teniendo una legislatura fácil. En la corporación provincial se han escenificado varios conflictos entre los principales socios de gobierno, PSPV y Compromís. La situación de Egevasa o el futuro de las diputaciones han provocado enfrentamientos entre ambos, aunque la apelación constante de Rodríguez al consenso ha evitado que en estas pequeñas crisis se pudiera conjugar el verbo fracturar.
Con Rodríguez ejerciendo de banco de la Generalitat mientras tiene otro ojo puesto en cómo vaciar la Diputación de competencias con ritmos diferentes a los que le reclaman sus socios de gobierno, atiene a Valencia Plaza para hacer balance de su gestión cuando ya ha superado el ecuador de su mandato.
-¿Cómo va el proceso de modernización que está acometiendo en la Diputación de Valencia?
-Va bien en el sentido de que nosotros hemos tratado de asentar esta modernización en tres pilares: primero, imponer la transparencia en una institución que siempre ha estado vinculada a algo oscuro como indica que dos expresidentes hayan pasado por prisión; en segundo lugar, nosotros hemos aumentado las transferencias a los ayuntamientos, concretamente el 65% de los recursos, mucho más que la de Castellón y Alicante; y, en tercer lugar, la coordinación entre Generalitat y consistorios.
-El president de la Generalitat, Ximo Puig, hizo un importante anuncio sobre centros escolares en el Debate de Política General. ¿Cómo puede ayudar la Diputación?
-La Diputación puede ayudar sobre todo en la asistencia técnica. Lo que el Consell plantea es transferir los recursos a los ayuntamientos y que éstos ejecuten. Nosotros podemos aportar lo que los consistorios pequeños no pueden tener: es algo natural y creo que se volverá a forjar una alianza interesante.
-¿Cómo va el debate interno tras los informes para vaciar de competencias de la Diputación?
-En el debate estamos todos de acuerdo: creemos que hay que ir transfiriendo a la Generalitat lo que no nos es propio. Simplemente a veces es difícil ponerse de acuerdo en la velocidad por la propia capacidad de financiación del Gobierno valenciano. No tiene demasiado sentido que tengamos un hospital, un museo, un colegio… ¿Se puede hacer de forma inmediata? No es tan sencillo, porque tenemos bienes que forman parte del inventario de la corporación provincial y, a veces, no es tan fácil transferirlos. Hay que dar pasos con cautela. Por ejemplo, en el caso de la EPA. Los profesores que se van jubilando van siendo sustituidos por la Conselleria de Educación, pero no los podíamos transferir porque su proceso de selección no es el mismo. En el caso del hospital de Bétera, lo hemos integrado en la red sanitaria ordinaria. El siguiente paso es integrarlo dentro del consorcio del Hospital General para que la dirección pase a la Generalitat. Se van dando pasos, aunque como digo, la velocidad tal vez no es la que nos gustaría a todos.
-¿Cuál es el plan tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y del Supremo sobre los decretos de coordinación?
-La realidad es que al margen del contenido del decreto, éste ha servido al PP para hacer oposición desde las diputaciones de Alicante y Castellón. Lo que se buscaba era coordinar aquellas acciones que tuvieran un ámbito de actuación que fueran más allá del provincial. Creo más en la coordinación por voluntad que por decreto. Por ejemplo, en el Fondo de Cooperación Municipal la Diputación de Castellón sí que ha querido participar. Y hay otros casos en los que sí se ha colaborado con las tres instituciones y no ha hecho falta ningún decreto. Lo que es evidente para mí es que es un error que cada institución vaya a lo suyo.
-¿Qué valoración hace del Xarxa Llibres tras el primer año?
-La dificultad del proceso fue no haberlo cogido con más tiempo de antelación, dado que estaban implicados muchos agentes. En mi opinión, el esfuerzo ha proporcionado un resultado muy positivo. Hay que continuar incidiendo en la calidad de los bancos de libros, en la capacidad para sustituir los ejemplares estropeados… Es mejorar en definitiva un gran proyecto.
-¿Qué opina de la tasa turística que ha pedido Podemos?
-Por mucho que se quiera decir que la economía va mejor, yo creo que en la calle sigue sin notarse. O sea, aunque las cifras macroeconómicas hayan mejorado y el dato del paro no sea tan malo, los salarios no son para echar cohetes. Me preocupa la parte de desincentivación que pueda suponer la tasa para un sector económico muy importante para el PIB valenciano. Así que no la veo muy oportuna.
-Usted acordó con el IVF poner cajeros en pequeños municipios. ¿Cómo se está desarrollando esta iniciativa?
-Es complicado y no es barato. Cada cajero cuesta unos 12.000 euros más IVA. Hablo de memoria pero creo que son unos 350.000 euros o 400.000 euros anuales por unos 30 cajeros. Ahora estamos con el borrador del convenio, pero lo vamos a poner en marcha en breve porque es una manera más de luchar contra la despoblación.
-Divalterra sigue sin cogerente del PSPV. ¿Qué piensa hacer al respecto?
-La idea es nombrar a un cogerente y continuar adelante. Bien es cierto que la experiencia de tener a un único gerente no ha sido un desastre: lo único que ha supuesto es que cualquier factura que superaba los 18.000 euros pasara por el Consejo, que tenía más puntos en el orden del día, pero en definitiva esto también iba a favor de la transparencia. En cualquier caso, se llegó en su día a un acuerdo con Compromís para que hubiera una cogerencia y los pactos están para respetarlos y cumplirlos, así que lo nombraremos.
-¿Hay algún avance en las negociaciones con la Conselleria de Medio Ambiente para decidir el futuro del contrato de Egevasa, donde la Diputación tiene el 51% y Aguas de Valencia el 49%?
-Lo que hicimos en su día fue pedir un informe al secretario de la Diputación y lo que éste reflejó en el mismo es que en el momento en el que la corporación vendió el 49% a la parte privada fue a través de un concurso. Un hecho que permite, al tener la mayoría pública, una prórroga del convenio mientras las condiciones no varíen. Lo que hemos tratado con la conselleria es eliminar trabas. La utilidad que ha tenido Egevasa a lo largo de su historia es prestar un servicio en municipios que no hubieran sido rentables. De ahí, su interés de que hubiera una parte pública, y siempre con una garantía: que el Consejo de Administración está controlado por la titularidad pública que tiene la mayoría.
