VALÈNCIA. A punto de empezar el último curso político del mandato, la ciudad de València tiene muchos frentes abiertos en la arena política. Desde el el futuro del polémico Nou Mestalla hasta la refundación del consorcio que gestiona La Marina, pasando por desarrollos urbanísticos todavía pendientes como el del Grao o Benimaclet, y con debates sobre la mesa como el rechazo a la Copa América o la tasa turística.
La vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez (València, 1985), enfrenta el final de legislatura con empuje y sabe que, precisamente, la tasa turística que tramitan Les Corts ocupará parte de la atención. Así, Gómez defiende una tasa turística municipal, pero no a todas las actividades, sino "a las actividades que representan un modelo turístico que no es el más deseable" y que "generan menos impacto" económico, como los cruceros o los pisos turísticos.
Sobre esta y otras cuestiones, como los últimos tirones de oreja de Antifraude al Ayuntamiento y el funcionamiento sin licencia del Palau de les Comunicacions de la Generalitat, Gómez contesta a las preguntas de Valencia Plaza en el edificio Veles e Vents de La Marina.
Gómez, sobre Oltra: "Jugó un importante papel de agitación y visibilidad pero València ha cambiado"
- ¿En qué ha mejorado València durante los últimos dos mandatos?
- No hay una València de dos velocidades con unos barrios que se llevaban todas las inversiones mientras que los barrios trabajadores eran abandonados. Aunque a veces se hable de grandes plazas , en realidad, la mayoría del presupuesto está en la recuperación de grandes avenidas, las plazas de nuestros barrios, en dotarlos de nuevos servicios públicos. Es una impronta del PSOE. En segundo lugar, la obsesión del Partido Socialista por que Valencia sea un polo de atracción de inversión y de promover todo tipo de empleo, como el de alto valor añadido, así como que cualquier persona pueda vivir y trabajar aquí, con iniciativas como la fundación Valencia Activa.
Y en tercer lugar, se ha levantado la hipoteca reputacional de la Comunitat y de València: de ser referencia de la mala gestión, la corrupción y el descrédito del sistema financiero, a ser hoy sede del banco más importante de España, CaixaBank. Ya no se roba y no se utiliza la administración en favor de partidos o de amigos, sino del interés general. Y hemos estabilizado nuestras cuentas: València era uno de los ayuntamientos más endeudados de España y ha sido la primera gran ciudad que salió del Plan de Ajuste, y hoy tiene apenas 300 millones de euros de deuda frente a lo más de 1.000 que se crearon.
- ¿Algo de autocrítica?
- Siempre hay espacio para la autocrítica. Pienso con humildad que las cosas nunca se pueden hacer de forma perfecta. Manejas el interés público y tienes que hacerlo de la mejor manera posible, pero te puedes equivocar. Un espacio en el que quiero hacer autocrítica y por eso lo he elegido, es este, La Marina, que ha cambiado mucho desde 2015 para bien; se ha convertido en un polo de atracción de inversiones. Pero cuando el Gobierno de Pedro Sánchez condonó la deuda de la Marina que había generado el PP, tendría que haber servido para impulsar aún más La Marina y que fuera un foco de desarrollo tecnológico, económico, emprendedor y un espacio de dinamización.
Desde mi punto de vista, en los últimos meses, no se ha sabido aprovechar esa oportunidad. Es uno de los espacios donde hemos mantenido discrepancias con nuestros socios de gobierno. Esto, para mí, es una oportunidad para València: hay importantes empresas que se quieren posicionar y que van a generar empleo, desarrollo, riqueza y bienestar. Y yo no quiero desaprovechar ninguna oportunidad.
- ¿La autocrítica es una crítica a Compromís?
- No, al final son gobiernos compartidos. Es a nivel de administración. Creo que aquí se podría haber sacado más rendimiento.
- ¿Por qué no está de acuerdo con ceder la sede del Alinghi para un centro de ocupación de la agencia de empleo autonómica Labora?
- Por el coste de oportunidad: que vaya allí una administración pública supone que hay empresas, capaces de generar empleo y bienestar, que no van a poder posicionarse. Hay empresas potentes que querían posicionarse en la Marina.
- ¿Cuáles?
- Tendrán que ser las propias empresas las que confirmen esa voluntad. De todos modos, no tiene ningún sentido que estemos resolviendo rápidamente la cesión de la sede del Alinghi a Labora y que de forma deliberada se esté dilatando la adjudicación de la Estación Marítima. Se hizo una adjudicación que no fue correcta, y no lo digo yo, sino los tribunales. Han pasado cuatro o cinco años, y la estación marítima está como el día en que se adjudicó. Creo que ahí se debería ser más humilde por parte de quien en su día colaboró en esa operación e hizo una adjudicación rápida.
- Precisamente en La Marina, Compromís ha acusado al PSPV de querer bloquear la liquidación del consorcio que la gestiona por frenar el nombramiento de la comisión de liquidación.
- En el PSPV tenemos la buena costumbre de actuar conforme a la legalidad y lo que determinen los técnicos. Hasta que no hemos tenido informes de la Abogacía del Estado y de la Generalitat que han validado la posibilidad de que las tres administraciones [Estado, Generalitat y Ayuntamiento] tuviesen un liquidador, obviamente no se podían aprobar.
- Aquí se celebró en su momento la Copa América. Ya han explicado por qué han rechazado la propuesta para que vuelva la competición, pero muchas veces se ha pedido el desglose de los costes que habría supuesto, según ustedes 200 millones de euros, y no se ha entregado. ¿Por qué?
- Es un documento confidencial que tendrían que dar los organizadores. Pero simplemente hay que pensar: volver a traer la Copa América supondría hacer una nueva marina. En el documento expresamente lo ponía porque las antiguas bases ahora están ocupadas y había que localizar nuevos espacios para ubicar a los equipos. Cuando se celebró la Copa América, esto era un espacio en blanco donde se reformó. Lo bueno que tuvo no fue tanto el evento en sí mismo, sino lo que supuso de transformación de esta zona. Nosotros, como gobierno, aportamos la proyección y la oportunidad que el PP no supo ver o no supo hacer.
- Hablemos del Nou Mestalla. ¿Qué debería mejorar el proyecto que ha presentado el Valencia para dar el visto bueno?
- Lo tenemos que estudiar. La representante de Meriton vino a hacer una nueva promesa. Una de tantas. De hecho, el proyecto que anunciaron en junio hablaba de 70.000 espectadores, presentaron un vídeo a todo trapo y cuando recibí el proyecto en el Ayuntamiento volvíamos a hablar de 49.000 espectadores. Lo mismo con el de antes, el de febrero: el propio Anil Murthy se reunió con Ribó y hablaron del mejor proyecto presentado hasta ese momento. Yo no sé si era el mejor, pero desde luego no era aceptable por parte del Ayuntamiento porque era más pequeño que el actual Mestalla, dejaba casi la mitad del espacio sin acabar, sin estacionamiento, sin servicios, y lo digo abiertamente, 'low cost', porque los materiales y el diseño dejaba mucho que desear. Ahora en julio tampoco ha cambiado demasiado, de 49.000 espectadores pasa a 66.000 y el resto del proyecto sigue igual.
- ¿Se plantea cambiar el promotor de la operación después de que el Consell haya declarado la caducidad de la ATE?
- Nosotros propusimos, y me parece lo más razonable, mantener los derechos urbanísticos condicionados a que esta propiedad o la siguiente realmente cumpla con las obligaciones de la ATE. Por eso no tiene sentido la actitud de algunos dirigentes de intentar cerrar este tema de cualquier manera. Si hubiese sido por algunos, en noviembre ya habríamos cerrado este tema con un estadio más pequeño que el actual Mestalla, con 45.000 espectadores.
Gracias a la firmeza que unos pocos hemos llevado hasta el final, hoy estamos hablando de un estadio de 66.000. Pero yo quiero más porque esta administración tiene derecho a exigir más: 70.000 espectadores, servicios para la afición, estacionamiento, una sede social para el Valencia, etcétera. Porque los derechos urbanísticos de la ATE están pensados para invertirlo en el estadio. Y no entiendo por qué siempre hay quien quiere resolver esto en beneficio de la propiedad y no en beneficio de la ciudad.
- Cambiando de tercio, el PP exige prolongar la Alameda para llevarla hasta la fachada marítima en el PAI del Grao. ¿Por qué no lo ve?
- El PAI del Grao va a ser un sector de la ciudad súper potente. Cualquier buena empresa que quiera venir a España, el primer sitio en el que se va a querer posicionar va a ser en La Marina y en el PAI del Grao. Y por eso hemos aprobado el encargo del planeamiento, porque el PP solo lo entendió desde el punto de vista del circuito de F1 sin sacar todas las posibilidades. Nos dejaron el sector empastrado y muerto y nosotros lo vamos a relanzar.
Pero la ciudad ha cambiado mucho desde entonces y han cambiado las políticas de ciudad. Las ciudades son cada vez espacios donde es más difícil vivir en verano por el cambio climático. Por lo tanto, ante un modelo del PP que apuesta por convertir el circuito de F1 en un gran circuito de tráfico privado, yo apuesto por una ciudad más verde, renaturalizada y con algo que nos une a todos: el río Turia. Si prolongamos la Alameda, el lecho del río quedará cercenado y cortado. Si se hace eso, quedará una pequeña línea verde, veremos si transitable. Y yo no quiero eso, sino que el cauce se prolongue hasta el parque de desembocadura. Esa decisión ya se tomó hace 40 años: si aprovechamos el cauce como autovía o como jardín. Me sorprende que la derecha siga defendiendo que el río sea una gran avenida de seis carriles en lugar un gran jardín.
- Desecha cambiarlo, por tanto.
- Sí, queremos que sea un ejemplo del nuevo diseño urbanístico, del modelo de ciudad de 15 minutos, capaz de hacer una mezcla de usos residenciales y terciarios. Hemos aumentado el espacio del terciario para que haya empresas potentes que puedan posicionarse en el sector.
- ¿Qué empresas se han interesado?
- Muchas. De verdad, una de las cosas sobre las que más me estoy preocupando como vicealcaldesa es reunirme con empresas potentes, para que se posicionen en Valencia e inviertan.
- Otro de los grandes planes pendientes es el Plan del Cabanyal-Canyamelar, que lleva ya varios años en marcha. ¿Se aprobará antes de elecciones?
- No tengo ninguna duda.
- En el caso del Benimaclet, se está redactando el Plan Especial. Compromís insiste en desclasificar suelo y convertirlo en no urbanizable.
- No con nuestro apoyo, te lo puedo asegurar.
- ¿Puede asegurar que no se desclasificará?
- Desde luego, no es lo han aprobado ni lo que han votado [Compromís]. Pero esto no es una confrontación entre partidos, sino garantizar un derecho a todos los vecinos de Benimaclet, donde todos los usos tienen que convivir: los que quieren que haya huertos urbanos y los que tienen derecho a uno de los mayores parques de la ciudad. Va a ser un parque de ciudad, no de barrio. ¿Por qué los vecinos del centro pueden tener un Parque Central y Benimaclet no? Hay que hacer compatible el interés de los que puedan pagarse una vivienda de alta calidad con los vecinos de clase trabajadora que necesitan tener un parque público de vivienda. Y hay que hacer compatibles instalaciones deportivas, un campo de fútbol, un centro cívico, un centro cultural, una escoleta municipal, un colegio público, etcétera. Cuando se habla desclasificar suelo, todas esas cuestiones vuelan, no se hacen. Y hay que decirlo abiertamente y los vecinos lo tienen que tener claro.
El modelo de huertos urbanos me parece muy bien, funciona muy bien por ejemplo en La Rambleta. Los vecinos se apuntan y gestionan su parcela. Eso está muy bien, pero el modelo de las ocupaciones ilegales a costa de los derechos de otro es un modelo en el que el PSPV nunca va a estar en el acuerdo. Ocupación ilegal que, como hemos visto, deriva en construcciones ilegales y chabolismo e incluso, en algunos casos, alquileres de pequeñas parcelas para fiestas los fines de semana, etcétera. Eso es de todo menos recuperación por parte de la ciudadanía del suelo público.
Se ha preguntado a los vecinos de forma transparente y pública y ahí está el resultado de la encuesta: la gente quiere sobre todo servicios públicos y vivienda pública.
- Movilidad ha encargado un estudio para el posible soterramiento de la Ronda Norte en Benimaclet.
- Me gustaría que Movilidad le explicara a los vecinos de Torrefiel por qué la salida del túnel tiene que afectar a su barrio, que eso es lo que se propone. Ahí es donde existe una visión distinta: para mí todos los barrios son igual de importantes. Me da igual que un vecino viva en la calle La Murta como en Obispo Laguarda. Que viva en Cirilo Amorós o en la calle Músico Giner. No tiene mucho sentido que, para favorecer a los vecinos de Benimaclet, se soterre la ronda, pero la salida del túnel se la pongamos a Torrefiel, cuando en Pérez Galdós vamos a tapar el túnel porque los vecinos que viven de cara a la salida sufren más contaminación ambiental y contaminación acústica, y todo el gobierno ha estado de acuerdo.
Lo que hay que hacer es una transformación de la ronda, en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero en toda la ronda: en Benimaclet, en Torrefiel, en Benicalap y en el sur, en Quatre Carrers y en Campanar, que también colindan con huerta productiva. Se puede trabajar para que la ronda esté más permeabilizada con el territorio.
- Algunos vecinos acusan a la administración de falta de eficacia en la lucha contra los apartamentos turísticos ilegales. ¿Cree que hace falta más inspección?
- Valencia es un ejemplo en la gestión y en la limitación de los pisos turísticos, y la prueba de ello es que las críticas más fuertes vienen del sector que operaba ilegalmente en esta ciudad y que pone el ejemplo de València como una ciudad inoperable. Pero es que estoy orgullosa de eso, porque los apartamentos turísticos ilegales, desregulados o dispersos generaban problemas de convivencia en los edificios, una competencia desleal, no generaban empleo y además rebajaban la calidad del alojamiento turístico en Valencia, que es una de las cosas más potentes que tiene València y España. A parte del proceso de expulsión de los vecinos en los barrios más interesantes turísticamente, como el Cabanyal.
- El Ayuntamiento lleva varios años redactando la ordenanza de pisos turísticos. ¿Se va a aprobar este mandato?
- Sí, la concejalía de Turismo la tiene bastante avanzada.
- Tasa turística. ¿Por qué existe esa reticencia en parte del PSPV?
- Es un tema muy complejo porque no todos los municipios son iguales. Hay una cosa que las voces más discrepantes tienen razón: me alucinó que se planteara la tasa en el momento después de la pandemia, por una falta de sensibilidad y de empatía con el sector turístico abrumadora, para que mucha gente reflexione y se lo haga ver. Era, como poco, improcedente.
Por lo demás, al final, el PSPV es el president de la Generalitat, Ximo Puig, que además representa al Gobierno. Puedo discrepar de muchas cuestiones de mi partido o de otro, pero eso es mi opinión. Ahora se ha propuesto una tasa municipal, que es lo que defendí desde el primer momento cuando Compromís y Podemos querían una tasa lineal autonómica. Yo dije que no porque cada municipio es distinto y porque, objetivamente, donde más reticencias hay, tienen un modelo turístico muy distinto al de València, como es Benidorm. Yo apuesto por una tasa que grave determinadas actividades turísticas.
- Sólo a determinadas actividades. No a los hoteles, por ejemplo.
- A las actividades que representan un modelo turístico que no es el más deseable. El sector turístico no es homogéneo. Todos viajamos y somos turistas. Al final, hay que cuidar al sector que genera empleo y riqueza en la ciudad, y gravar aquellos sectores que generan menos impacto, menos gasto del turismo y menos empleo. Yo propongo una tasa turística para cruceros o apartamentos turísticos. Porque los cruceros no tienen un impacto económico real en la ciudad, tienen un gasto muy pequeñito pero sí tienen un importante tránsito. Y los pisos turísticos no generan prácticamente empleo, en comparación con un hotel.
- Antifraude dijo que la fundación Valencia Activa había contratado irregularmente a los dos subdirectores, y el secretario insiste en que se hizo bien. ¿Hasta qué punto hay que atender lo que dictamine Antifraude?
- Cualquier persona que trabaja en la administración sabe que los garantes de la legalidad son los secretarios. Y esto certifica lo que defendemos desde hace dos años: los cargos de alta dirección de las fundaciones y empresas del sector público son contratos de alta dirección.
El informe que dio una visión distinta lo hizo también sobre otras empresas municipales, pero se ha puesto el foco sólo en Valencia Activa porque ha ayudado a mucha gente a encontrar empleo, y ha levantado muchas ampollas en los rivales políticos, que la han intentado desprestigiar. Me gustaría que muchas personas se disculparan porque esto ha tenido un impacto negativo en la administración: se ha desprestigiado a personas con currículums envidiables y hay mucha gente que no quiere venir a la administración por no someterse al escarnio público. Todo por el mero embarre político.
- También sobre los complementos salariales del pasado mandato la Agencia Antifraude los considera irregulares, pero pasaron el filtro en el Ayuntamiento. ¿Qué legitimidad tiene la Agencia cuando hace informes que muchas veces son desoídos por el consistorio?
- Como vicealcaldesa, te digo que me rijo por la ley de régimen local, según la cual el garante de la legalidad es el secretario y el de la eficiencia en el gasto público es el interventor. Son los principales valedores de lo que hacemos en el Ayuntamiento.
- ¿Y para qué se creó esta Agencia entonces?
- Creo que está bien que haya un espacio donde a nivel individual un ciudadano pueda dirigirse para denunciar cualquier irregularidad. Está para eso, no para otra cosa. Pero las conclusiones, a nivel legal, las marca el secretario, no hay más.
- El edificio que hace medio año compró la Generalitat a Correos, y que se utiliza para celebrar diversos tipos de actos como Palau de les Comunicacions, funciona sin licencia. ¿Por qué la administración puede hacerlo y no un particular?
- Está bien que la Generalitat tenga en el centro un espacio dinamizador y que las empresas puedan ir y hacer sus eventos. La derecha se ha dado cuenta de que la izquierda sabe sacar más partido a la ciudad e intenta atacar con cualquier cosa. Correos, como administración pública, no tenía licencia y nunca nadie lo denunció. Lo mismo, con administraciones históricas que no tenían licencia y que ahora, para tener acceso a los fondos europeos, habían de tenerla. ¿Por qué? Porque son edificios que tienen más de 50 ó 100 años de historia y obviamente, de la licencia que tuvieron en su día a hoy, han ido actualizándose todas las ordenanzas, y a veces, hay cosas pendientes de actualizar y no hay que dramatizar más.