Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula la calidad en el sistema público valenciano de servicios sociales, que prevé la constitución de un equipo de personal auditor que trabajará en los 21 departamentos del mapa de servicios sociales.
Se ha previsto la incorporación progresiva de siete auditores cada año, desde 2023 hasta 2026, hasta completar un equipo de 28 personas que velarán por la calidad en el sistema.
Se trata de uno de los decretos que desarrolla la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de garantizar la mejora en las prestaciones dirigidas a los usuarios con un mejor apoyo profesional y tecnológico, ha explicado la vicepresidenta portavoz y consellera del ramo, Aitana Mas.
Esta ley establece que la calidad de los servicios sociales constituye un objetivo prioritario y que serán las administraciones quienes promoverán mejorarla; especialmente, la calificación y la formación de los funcionarios, la investigación y los avances sociales.
A partir de ahí, el decreto aporta un marco claro y sistematizado para abordar la mejora continua de la calidad en los centros, servicios y programas de servicios sociales. Articula las prestaciones y establece las directrices para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y los resultados conseguidos en la aplicación de los planes de calidad y en sus estrategias.
En una primera etapa, el equipo de auditores elaborará instrumentos con indicadores precisos para cada recurso. Con ellos se realizarán evaluaciones rigurosas de la calidad para establecer comparativas a lo largo del tiempo o entre centros, que permitirán buscar la mejora continua y reconocer a los centros que presenten mejores condiciones.
Además, el decreto regula la obligación de registrar las certificaciones de calidad o la articulación de un nuevo registro de entidades reconocidas para la evaluación de la calidad en este ámbito.
Junto a los decretos ya aprobados, el objetivo es generar un sistema coherente, organizado y planificado que se guíe por los criterios de calidad, eficiencia y accesibilidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar la protección de derechos de las personas.
