VALÈNCIA. El concejal de Hacienda de València, Ramón Vilar, no quería un perfil destacado para su comparecencia de este martes. “Esto no es noticia”, decía; “venimos a informar de que la ciudad ya está dentro de la normalidad, y eso no es noticia”, ironizaba. Pero al final no pudo aguantarse más y estalló. Fue con motivo de una reflexión sobre las plusvalías. Un mes después de que el Ayuntamiento de València decidiera congelar el cobro del impuesto a quienes certifiquen que han perdido dinero, haciéndose eco de la sentencia del Constitucional al respecto, en el consistorio valenciano y, por extensión, en todos los ayuntamientos, siguen sin recibir noticias del Gobierno. Ni están ni se les espera.
“Es una vergüenza”, dijo; “no sé cómo son capaces de irse de vacaciones, dejar el Congreso, sin haber abordado lo que les pide el Constitucional”. Y es que, tal y como recordó Vilar, en la sentencia del Alto Tribunal se reclamaba al legislador que cambiara la norma, porque es la ley la que está mal. “No vamos a ser nosotros [los ayuntamientos] quienes paguemos su error; nosotros hemos hecho lo correcto y hemos actuado con rigor”, decía.
En general, comentó Vilar, percibía por parte del Gobierno “una constante falta de respeto al municipalismo”. Una sensación que dijo haber compartido con otros concejales de ayuntamientos gobernados por el PP, como es el caso de Málaga, donde había percibido que estaban tan “indignados” como en el Ayuntamiento de València. Un malestar, empero, que no podían mostrar en público por ser del mismo partido que el Gobierno de Rajoy. Para el concejal socialista, el problema se deriva de que desde el Ejecutivo se les trata como a “menores de edad”. “Y no estamos de acuerdo con estar tutelados por el Gobierno”.
Un ejemplo de esa tutela lo citó en los 41 millones de superávit que han estado pendientes de poder ser empleados, hasta que fueron aprobados los presupuestos generales del Estado, y que estaban embargados. El hecho de que el consistorio disponga de esa cantidad ahora para poder hacer uso de ella, no es óbice para que Vilar criticase las condiciones en las que se les permite hacer uso del superávit que genera el propio ayuntamiento.
Y es que València, tal y como explicó al principio de su comparecencia, ha dejado de ser noticia porque ya paga en tiempo y forma y sigue reduciendo su deuda, a una cantidad de ocho millones de euros al mes. La deuda municipal a finales de este mes se situara en 617,3 millones de euros y la previsión del departamento de Hacienda es que descenderá hasta 583 millones a final de año. Y dejó entrever que no se pagaba más deuda porque no hacía falta y el Govern de la Nau no tiene prisa en pagar a los bancos. En este sentido Vilar insistió en que el Ayuntamiento cumple por completo las normas de estabilidad presupuestaria, “pero no quiere anticipar más la reducción de la deuda porque quiere destinar el dinero otro menesteres en beneficio de la ciudadanía, puesto que los bancos pueden esperar”.
Otro elemento que habla de esa normalidad en las cuentas y balances se halla en los días de retraso en el pago de las facturas. El Ayuntamiento ha estabilizado un periodo de pago que rara vez excede de los siete días. Es más, en algunos casos se paga incluso antes del tope legal de 30 días para certificar y cotejar facturas.
Otro dato que le hace albergar cierto optimismo con respecto a las previsiones presupuestarias, es el hecho de que se están cumpliendo las estimaciones en cuanto a ingresos. Así, con respecto al IBI, el impuesto por excelencia del Ayuntamiento, se habían superado los 220 millones de ingresos, mientras que en multas se había recaudado 6,6 millones de euros en los seis primeros meses del año. En los dos casos los resultados habían sido mejores que durante el curso precedente.
Con todos estos datos, Ramón Vilar aseguró “que se cumplen con rigor los Presupuestos Municipales de 2017”, y que el Ayuntamiento consolida la tendencia de recuperación económica, por lo que reivindicó de nuevo la “autonomía fiscal y presupuestaria” para la ciudad. València cumple; es hora de que Madrid, de que Montoro y los suyos cumplan.