España solo es capaz de ejecutar el 27% de los fondos europeos, que no llegan a las pymes

ALICANTE. Las instituciones europeas, con una influencia cada vez mayor en la vida de los ciudadanos de los países miembros desde que su parlamento puede legislar (el 60% de las leyes que salieron en 2022 del Congreso venían de Bruselas), se perciben sin embargo como muy lejanas e inaccesibles. Y, a pesar de que las grandes empresas han 'aprendido' en los últimos años a hacer lobby y suelen ser escuchadas antes de cada proyecto, las pymes no pueden llegar tan alto, a pesar de que se ven impactadas, en ocasiones de forma dramática, por esas decisiones. 

Esta disfunción, junto a otras cuestiones que se deciden en el Parlamento o la Comisión Europea y que afectan a las empresas españolas, como el Pacto Verde, la Política Agraria Común (PAC) o, sobre todo, el reparto de los fondos europeos de reconstrucción postcovid Next Generation, fueron objeto de profundo análisis en el Diálogo Plaza 'La Unión Europea y las Empresas', protagonizado por el eurodiputado de Renew Europe (el grupo donde se integra Ciudadanos en Bruselas) Adrián Vázquez, y en el que participaron el vicepresidente de CEV, José Vicente Andreu; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jesús Navarro; el coordinador del Comité de Estudios de Ineca, Quino Palací, la vicepresidenta de Hosbec, Victoria Puche; y el presidente de Terciario Avanzado, Pedro Fernández. El diálogo estuvo moderado por el director de Alicante Plaza, Miquel González.

Adrián Vázquez, al frente de la delegación de eurodiputados que deben elaborar la norma para adjudicar a la Euipo (la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, con sede en Alicante) la gestión de las indicaciones geográficas, y que esta semana han estado de visita por la provincia, señaló que la revisión del delito de malversación en España afecta de forma notable al reparto de fondos europeos, puesto que la trazabilidad de estos 70.000 millones para España (la mitad en ayudas y la otra en préstamos) hasta 2024 tampoco es clara. Según el eurodiputado, que citó datos del Ministerio de Economía, España solo ejecutó en 2021 el 27,2% de los fondos adjudicados y presupuestados. En los once primeros meses de 2022, la ejecución ha sido del 10,61%.

"España presentó un buen plan, pero el papel lo aguanta todo", lamentó Vázquez. "Se estimaba que los fondos aportasen un 4% del PIB y al final ha sido solo el 1,6%; hemos usado apenas una tercera parte, los PERTE han sido un fracaso, y solo se han ejecutado un 9,1% del total de proyectos presentados", resumió. El principal problema, a juicio de los empresarios alicantinos presentes en el diálogo, el problema es que las pymes no tienen recursos para presentar los proyectos en las condiciones que exige Europa, y que los plazos para presentarse a cada línea son muy breves, con lo cual no tienen capacidad de reacción. "Estamos muy preocupados por la dificultad para acceder a los fondos", señaló Pedro Fernández, mientras Quino Palací argumentó que "el flujo público-público sí funciona, pero el privado no: más del 80% de los fondos europeos ordinarios que llegan a Alicante son para la Administración".

12% de ejecución en la Comunitat

En la Comunitat Valenciana, según los datos aportados por la portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mamen Peris, quien también participó en la mesa, se concedieron 3.223 millones de euros, de los que solo se han presupuestado 1.320 millones, y apenas se ha ejecutado el 12%. "Por ejemplo, de los fondos para vivienda, se ha ejecutado el 15% del dinero presupuestado para rehabilitación, y el 0% de la partida para compra de vivienda, cuando según el conseller estamos en una emergencia residencial".  

En este escenario, el dinero que no se haya usado en 2024 se perderá, tal como avisó el eurodiputado liberal. "Hay una excesiva atomización de los concursos, que obliga a presentarse a varios o renunciar a dinero, poco plazo, y luego está el problema de la no integración de las bases de datos de cada comunidad autónoma; hay algunas que trabajan con Excel", explicó Vázquez. "Otro problema es que, tras la corrupción generalizada de la década pasada, muchos funcionarios prefieren no sellar documentos si no lo ven claro". El grupo del eurodiputado, aseguró, está intentando que se flexibilicen las convocatorias para intentar aprovechar mejor los fondos en 2023 y 2024.

El Pacto Verde encarecerá los alimentos

El vicepresidente de CEV, a su vez, presidente de la asociación agraria Asaja Alicante, introdujo el debate hídrico. "La Directiva Marco del Agua se aplica igual al Rin que al Segura, lo cual es una barbaridad; Europa está castigando más al que mejor usa el agua", criticó. "Europa reutiliza el 3% del agua, España el 7%, y en Alicante reutilizamos el 71% y hay en marcha proyectos para llegar al 100%", defendió. Una problemática a la que se añade que el Pacto Verde provocará que los precios de los alimentos suban aún más, al primar las condiciones ambientales sobre la productividad. "Para cumplir los criterios que te permiten recibir ayudas, tienes que reducir tu productividad", señaló.

Por otro lado, Andreu avisó de que "en 2030 tenemos que quitar un 30% de los fitosanitarios que usamos, pero no porque sean nocivos, sino porque sí, y mientras se permite que entren productos de Sudáfrica o Egipto que usan esos mismos fitosanitarios". En este sentido, Vázquez respondió que se está trabajando en elevar los aranceles con esos países para dificultar la entrada de sus productos (aunque también subrayó que las naranjas sudafricanas las cultivan empresarios valencianos), y argumentó que "la guerra de Ucrania ha cambiado las cosas y se ha permitido volver a la producción intensiva, porque Europa ha visto que solo con 'bio' no puedes garantizar la alimentación de todos tus ciudadanos". En cualquier caso, el eurodiputado admitió que el Pacto Verde tiene varias consecuencias colaterales negativas para el campo español, y que la estrategia 'De la granja a la mesa' "se va a llevar por delante a muchos productores.

¿Soluciones o problemas?

Otra derivada del Pacto Verde en la que el eurodiputado puede terciar es la propuesta para elevar las exigencias al combustible que usan las aerolíneas, lo que en su opinión encarecerá los billetes de avión hasta un 60%. Una consecuencia que impactará directamente en un sector clave para la provincia como el turismo. Al respecto, Victoria Puche lamentó que "al hablar de sostenibilidad todos miran la ambiental, pero olvidan la social". Por ejemplo, con las Zonas de Bajas Emisiones que considera que complicarán (y encarecerán) la logística de los negocios turísticos. "La legislación va por un lado, y la gente por otro; las leyes deberían dar soluciones en vez de crear problemas", consideró. "Antes de hacer las leyes habláis con las grandes empresas, pero el 98% de las empresas son pymes".

Vázquez, al margen de analizar los asuntos particulares que afectan al futuro de las empresas alicantinas, quiso poner en valor el papel de las instituciones europeas, al señalar que la política económica común permite influir en la geopolítica usando el mayor mercado del mundo como arma (en alusión a las sanciones económicas o los tratados bilaterales de comercio). También destacó que Europa tiene cada vez más competencias por delegación de los estados, y que tras el covid, por ejemplo, ha mancomunado deuda para acceder a los mercados financieros en nombre de sus miembros. "Hemos ofrecido una respuesta única a la invasión de Ucrania, salvo Hungría", explicó, y en este sentido, alertó de que la presencia de comisarios (uno por país) "extremistas" puede "distorsionar el funcionamiento de la Comisión Europea".