Hay dos formas de conocer el límite donde una persona sitúa su frontera ética. La primera saber que ha hecho y la segunda saber que opina sobre lo que han hecho otros. Y esto se aplica perfectamente a la última semana del Partido Popular en la ciudad de València.
Hemos escuchado muchas declaraciones estos días a modo de reivindicación de un pasado que tantas veces han intentado hacernos olvidar. Y todo tras un auto judicial. Un auto que llega tras atribuir una conducta objetiva indiciaria a asesores y concejales del PP consistente en hacer una donación de 1000 euros cada uno a este partido, después de haber recibido esa misma cantidad en efectivo. Dos billetes de 500. ¿Qué ocurre y donde encuentran la dispensa? En que ese auto considera, no unánimemente porque también hay una opinión discrepante de una las magistradas, que no es lo mismo el dinero negro que el ilícito. Y que esa diferencia es relevante a la hora de determinar si esto es blanqueo de capitales o no lo es.
De hecho, no olvidemos que sobre el origen de ese dinero se conocieron toda una serie de peregrinas explicaciones. Alguno dijo que le habían tocado en una quiniela (que siendo mil euros podía haber atribuido a la pedrea del sorteo de navidad), otro a que había roto la hucha de ahorros que iba acumulando en efectivo y algunos sencillamente confesaron la operativa. Un día había 50.000 euros en dinero negro que claro repartido entre 50 personas sale a 1000 cada uno. Cutre, pero no por ello menos sonrojante. De hecho, salta la liebre porque no todos participan y entre quienes sí lo hacen hay quien coge esos dos billetes, aparecidos para compensar la “donación”, y hacen ingresos en sus propias cuentas o incluso corre a gastarlos. Porque cerca del ayuntamiento hay tiendas de sobra.
Pero más allá de las opiniones jurídicas sobre este auto o de un debate, apasionante, sobre que es el blanqueo de capitales, cabría hacerse alguna pregunta en clave política. ¿No poder probar de donde salieron esos dos billetes de 500 euros convierte en normal esta forma de financiar una campaña electoral? ¿Desde cuando operar con dinero negro es algo honorable? ¿Es lógico que un partido político salga a celebrarlo públicamente? ¿Y qué cabe esperar de unas personas que están políticamente en activo hoy y no ven ningún problema en ello?
Porque no solamente obvian que sí, efectivamente, se está investigando la financiación irregular de 2007 y 2011 o que la Audiencia Nacional ya ha establecido condenas por ese motivo en el PP valenciano, sino que, dando ese auto por bueno, avalan todo aquello que supone. Y, sinceramente, a mi me deja profundamente preocupado pensar que actuales concejales y concejalas del Ayuntamiento de València, personas que aspiran a gestionar lo público, digan que esto es correcto.
Es muy preocupante este cambio de rumbo. Porque sí, más allá de la credibilidad que cada uno diera a las condenas públicas sobre esa época, ¿no fue el propio Partido Popular quien, incluyendo el voto de la actual portavoz de esta formación en València María José Catalá, declaró que Rita Barberá no reunía las condiciones de dignidad para representar a la Comunitat Valenciana como senadora? ¿no fue ese partido quien decidió negar la militancia a muchos de los que hoy reivindica como perseguidos “por la izquierda”? Una izquierda donde a lo mejor incluyen, en su deriva por confundirlo todo, a la fiscalía que solicitó para ellos penas de cárcel. Porque parece que en este intento de arrastrar por el barro las instituciones, perdiendo las formas en el parlamento o en cualquier tribuna que se ponga a tiro, sólo existe la dinámica de amigo/enemigo.
Salir hoy a pedir que quienes denunciaron esos hechos pidan perdón supone dar un paso más en la degradación institucional. No podemos aceptar que se diga que lo ético era funcionar en negro y lo incorrecto denunciarlo. Salir hoy a alzar la voz por esos tiempos supone perder la ética en dos billetes de 500. No la de quienes los cogieron, eso ya ocurrió, sino la de quienes hoy blanquean aquello.