Foto: ANGELIKA WARMUTH/DPABRUSELAS. La propuesta legislativa de la Comisión Europea para regular la intervención del mercado del gas no tendrá que esperar al Consejo Europeo de finales de octubre. El acuerdo político alcanzado hoy por el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea (UE) ha sido suficiente para aprobar un Reglamento que deberán aplicar todos los Estados miembros y que implica una reducción de la demanda de energía, tanto voluntaria como obligatoria, hasta marzo de 2023, por parte de los consumidores y de la industria. Esta norma implica, además, la extensión a toda la UE de la “excepcionalidad ibérica”, que permitió limitar el precio del gas en España y Portugal desde el mes de junio para bajar a factura de la luz. No obstante, el debate político seguirá debatiendo la intervención de la UE en los mercados del gas internacionales, a partir de un documento no legislativo presentado por la Comisión.
En concreto, la propuesta de la Comisión establece un reducción drástica del consumo energético, que será voluntaria y obligatoria, con un amplio margen a decidir por los Estados. Otro elemento importante es la limitación de las rentas o beneficios infra-marginales de la generación de energía con coste barato, para que renovables e hidroeléctricas no se aprovechen de alto precio del gas que arrastra hacia arriba el precio total de la factura eléctrica. Estos beneficios extraordinarios se pueden repercutir a través de una contribución solidaria vía fiscalidad, por ejemplo, como ha hecho España, lo que evita que se echen mano de los prepuestos generales.
La vicepresidenta y ministra española de energía, Teresa Ribera, declaró al término del Consejo de la UE que "se han tratado dos grandes asuntos”. El primero es cómo actuar para amortiguar el impacto en los consumidores y cómo obtener la solidaridad de las empresas energéticas. En España, dijo, “se viene actuando en estas dos direcciones desde hace tiempo”. La segunda parte ha girado en torno al precio del gas. Los Estados miembros han expresado su valoración sobre si se debe intervenir en el conjunto de los proveedores del mercado gasista. “Un grupo de 15 países hemos pedido a la Comisión que presente un informe en base a estas discusiones y a esta propuesta”, añadió Ribera.
La ministra explicó que “la referencia de precios utilizados y la del mercado TTF no es convincente ni responde al precio real y está siendo manipulado aprovechando la reducción de la entrada de gas a Europa. Necesitamos un indicador distinto del TTF, con precios estables, una plataforma de compra conjunta, mayor supervisión de los reguladores financieros, transparencia y seguimiento”. Teresa Ribera alertó del “riesgo de no actuar y el impacto que supone en consumidores domésticos e industriales si no se controla el tope del gas que llega a la UE”. Además, defendió en el Consejo que “no puede hacerse vía presupuestos generales porque el impacto sobre el PIB sería brutal”. El Consejo ha pedido propuestas a la Comisión y “la inmensa mayoría trabajaremos este fin de semana para ofrecer nuestras respuestas para propiciar un diálogo con proveedores e intermediarios que es capital”, añadió.
El segundo punto del Consejo ha abierto un debate a propuesta de Dinamarca, Alemania y Suecia por los incidentes en los gasoductos Nord Stream I y II. “No se trata de un asunto exclusivamente energético, por lo que el ministro danés ha enviado una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. En el debate ha surgido la idea de que “está en peligro la seguridad de nuestras infraestructuras” y que “la relación con nuestro vecino del Este ya no será la misma por mucho tiempo, al ponerse en juego la capacidad de fortalecer nuestra seguridad energética y nuestra autonomía estratégica”, concretó Ribera.
Todo apunta, añadió, a que las cuatro rupturas no se producen por accidente o causas naturales. “Todo a punta a un sabotaje intencionado, pero no puede decirse de quién o de dónde procede esa instrucción. Lo que está claro es que es un ataque contra la integridad y la seguridad europeas”, precisó la ministra, poniendo en la palestra un punto caliente como es la amenaza a la integridad del territorio de la UE y, con él, de los miembros de la OTAN que también son parte de la Unión.
Volviendo a la discusión sobre el tope al gas, lo más significativo ha sido el respaldo mayoritario a la necesidad de adoptar medidas urgentemente sobre las referencias y el indicador de precios, pues no responde a la realidad sino que distorsiona el mercado de gas y de la electricidad en el conjunto de la zona europea. “Hay que seguir trabajando y de forma urgente. No basta lo que hay hoy encima de la mesa y esperamos una propuesta mucho más completa”, manifestó la ministra respecto a la propuesta de la Comisión, pese a la reticencia de Alemania y Países Bajos.
Ribera comentó que hay dos problemas, uno de precio y otro de acceso al gas, “pero el precio no tiene que estar derivado de ese acceso. El acceso no es un problema de suministro sino de cómo entra en la UE”. Se refería a cómo puede hacerse accesible a esos países cuyas infraestructuras están dirigidas hacia las importaciones de Rusia, como son Alemania, Austria y otros países afectados.
Una alternativa que recomienda la Comisión es permitir que el operador del sistema de red eléctrica pueda convocar subastas similares a la interrumpibilidad, un pago para empresas y consumidores que estén dispuestos a reducir su demanda . Y que el operador pueda tener más flexibilidad y no busque soluciones más caras. “Esta medida la recoge el Reglamento que estará aprobado los próximos días”, explicó la ministra.
E insistió en que “se ha hecho muy evidente la utilización del gas por Rusia como arma de guerra, cuando comenzaron en enero a modificarse los flujos y los almacenajes rusos en suelo europeo”. Y añadió que “también esperamos darles el mensaje a los proveedores de que no se puede comprar a cualquier precio”. Ribera insistió en que se debe dar una señal clara con referencias de precio al mercado internacional, especialmente a productores y proveedores, “porque somos una parte muy importante de consumo de gas natural licuado a nivel mundial y tenemos la capacidad de compra”.
España ha venido pidiendo las medidas delimitación del precio del gas que recogerá el Reglamento desde hace un año, hasta que se le permitió la pasada primavera, junto a Portugal. Y ello, con todas las reticencias porque el llamado “mecanismo ibérico” suponía una excepción en la aplicación del marco legal común europeo sobre el mercado de la energía. Esta petición de modificar la norma, que parecía tan imposible en 2021, ha sido extendida ahora a toda la UE.
Una de las característica mas importantes de este Reglamento, y por la que se ha alcanzado el acuerdo político, es su flexibilidad. La UE establece el límite al precio de la energía en 180 euros por megavatio para las rentas infra-marginales, mientras que España lo tiene con su excepcionalidad en 67 euros.
La nueva norma indica que esta cifra de referencia es susceptible de modificar por cada Estado en razón de sus necesidades específicas y de su mercado diferenciado. Los Estados miembros pueden poner precios más bajos e incluir otras tecnologías, como la hidráulica gestionable. Y, aunque parece un límite por arriba, también podrá superarse si hay causa justificada. Además, permite que los países que importen el 100% de la energía que consumen puedan llegar a acuerdos bilaterales con los países adyacentes.
Según fuentes del Ministerio de Energia español, este Reglamento supone un reconocimiento a la excepción al marco común que se está aplicando en España y Portugal como mecanismo ibérico, ya que se va a extender a otro países. No obstante, en las discusiones previas al Consejo, España ha manifestado sus postura contraria a un tope tan alto como son los 180 euros como cifra de referencia, pese a que no afectará a la cifra establecida desde junio de 67 euros por el Gobierno español. Hay que recordar que esa cifra es la más alta desde que se liberalizó el mercado energético en España, en 1998. No obstante, la Comisión indica en sus consideraciones que poner un límite bajo puede dar señales equivocadas al consumidor contrarias al ahorro energético, dado que baja la factura eléctrica.
No obstante, el panoramas español es totalmente diferente el resto de Estados miembros, al tratarse de una isla energética, junto a Portugal, sin conexiones con el resto, excepto Francia. También es importante su idiosincrasia porque no depende del gas ruso, al comprar gas natural licuado (GNL) en diversos mercados internacionales, y porque su nivel de renovables es el más alto. Ayuda, además, el hecho de que España tiene seis regasificadoras en todo el Estado, lo que le permite también una importante capacidad de almacenaje y distribución.
En este sentido, fuentes del Ministerio explican que, desde enero de 2022, España se ha convertido en exportador neto de energía para Portugal y Francia. En el caso de Portugal, debido a la sequía de este verano, que ha dificultado la producción de energía hidroeléctrica. Y, en el caso de Francia, el problema de corrosión y mantenimiento de las centrales nucleares, que suponen un 60 por ciento de la factura de la luz, ha obligado a comprar energía a todos sus países vecinos, como España, Alemania y Reino Unido. Mientras que, en 2015, era Francia la que exporta energía al resto de países.
De otro lado, España produce en estos momentos el 50% de la energía que consumo, con lo que puede exportar el restante. La capacidad de almacenaje de energía para formar el invierno y para la contribución solidaria a otros países era uno de los mandatos de la Comisión Europea este verano. También lo fue el objetivo voluntario de reducir el consumo en un 15%. Descontando lo que ha exportado. Francia y Portugal, España ha logrado bajo esta cifra hasta un 8%. La realidad de España es distinta por su capacidad de regasificación. Lo que se pretende desde la UE es asegurar el suministro.
Por último, el nuevo Reglamento da libertad a los Estados miembros para que elijan entre dos opciones en cuanto a los beneficios extraordinarios: que el Estado recaude y luego reparta el exceso de beneficio que sea a empresa generadora la que adopte esa limitación.
Queda por responder la carta que 15 países suscribieron el miércoles, dirigida a la comisión, para que se extiendan estas medidas a todo tipo de gas y en todos los mercados internacionales, no sólo el gas ruso. El documento lo firmaron, como voluntad política, España, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia.
Lo que se critica a la comisión es que en la propuesta de Reglamento no se hace un análisis detallado del mercado internacional del gas, ls importaciones, las transacciones, el gas natural licuado, los gasoductos, el índice de referencia. El mensaje es claro, explicaron fuentes del Consejo, “Europa no puede pagar todos los días a todas las horas 300 euros por megavatio. Y éste es el problema de fondo del mercado del gas”.
Además, el mercado del gas es muy bilateral y no está tan organizado, es poco transparente y no tiene un índice de referencia como es el Brend para el petróleo. El problema añadido no es la escasez del gas o su alto precio, sino la escasez de infraestructuras físicas para su almacenaje, regasificación y distribución.
