VALÈNCIA. El Estudio sobre la Autonomía Financiera de la Comunitat Valenciana que 12 expertos en materia tributaria han elaborado para el Consell califica de "insostenible" y "desproporcionada" la carga fiscal que recae sobre los contribuyentes en las herencias. El informe lleva a cabo una serie de propuestas sobre rebaja, mantenimiento, mejora o creación de impuestos en la autonomía, aunque también incluye un apartado dedicado a medidas a adoptar por el Estado a iniciativa de la Generalitat.
En él remarca la conflictividad existente en torno al Impuesto de Sucesiones y Donaciones a la hora de su implantación. La pretendida finalidad redistributiva, sostienen, no se alcanza en este momento por su limitada importancia recaudatoria al representar sólo el 19% de los recursos que las comunidades obtienen a través de los impuestos cedidos. A lo que se suma, añaden, las numerosas posibilidades de evasión fiscal que ofrece a las grandes fortunas a través de la ingeniería financiera.
La incidencia real de este impuestos, por tanto, no existe "salvo sobre una determinada categoría de contribuyentes: los que ostentan una capacidad económica o patrimonio medio", afirman. De ahí que realicen una serie de sugerencias para que la Generalitat las traslade al Estado. Entre ellas, la introducción de un mínimo exento en el gravamen sucesorio, de forma que los patrimonios reducidos quedarían excluidos del pago del mismo. Esta medida fue ya apuntada por la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, que proponía que dicho mínimo se fijara en torno a los 20.000 ó 25.000 euros.
También el establecimiento de unos límites mínimos y máximos dentro de los cuales las autonomías pudieran ejercer su poder tributario. De esta forma, señalan, "se reduciría significativamente dicha competencia entre unos y otros territorios, desincentivándose al mismo tiempo posibles conductas de deslocalización de residencia a efectos de lograr una menor tributación".
Pero sin duda, uno de los mayores ataques lo dirigen los expertos al ámbito de los tributos locales. En su opinión, existe una excesiva presión fiscal en este sentido debido a que, si los bienes transmitidos por herencia, legado o donación son de naturaleza inmueble, el beneficiario se convierte además en sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). "Igualmente rechazable es el hecho de que el legislador no haya arbitrado medida alguna a fin de reducir la sobreimposición generada por la aplicación sucesiva del impuesto de Sucesiones y del impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (también conocido como plusvalía)", comentan.
"La situación resultante deviene, pues, insostenible, atendida la desproporcionada carga fiscal que se hace recaer sobre los contribuyentes al conceder el legislador más atención a la suficiencia recaudatoria que a los principios de justicia tributaria", zanjan. Esa expresión de contradicción del impuesto de Sucesiones respecto al artículo 31.1 de la Constitución, inciden, no sólo se limitaría a la capacidad económica en sentido estricto, "sino que atentaría también contra la prohibición de confiscatoriedad que aquella encierra". En este sentido, recuerdan varias sentencias del Tribunal Constitucional en las que se considera infringido el mandato de no confiscatoriedad del tributo cuando mediante su aplicación se agote la riqueza amparándose en el deber de contribuir.
En resumen, recomiendan a la Generalitat que solicite al Estado una reordenación de la fiscalidad en todos estos ámbitos, "de modo que se respeten adecuadamente los principios de justicia tributaria sin incurrir en confiscación alguna".
La ministra de Hacienda, durante una reunión con la Generalitat, empresarios y sindicatos. Foto: KIKE TABERNER
