Enrique Bañuelos, en 2007, cuando presidía Astroc. Foto: EFE/BIEL ALIÑOVALÈNCIA. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Guardia Civil apunta en el último informe que figura en el nuevo caso que afecta a Carlos Fabra a posibles donaciones al expresidente de la Diputación de Castellón que no han podido ser del todo acreditadas pero sobre las que hace constar su sospecha.
Una de ellas es la relacionada con el empresario valenciano Enrique Bañuelos, a quien solicitó un millón de euros en 2012. El informe menciona diversas cartas de Carlos Fabra hacia él. En la que le pidió el préstamo por esa cantidad, utilizó como garantía su "residencia en Oropesa del Mar, Playetas de Bellver, Urbanización privada", la cual valoró entre 2,5 y 3 millones de euros. Señaló que la vivienda no estaría embargada al encontrarse a nombre de sus hijos y que si transcurridos cinco años no devolvía el préstamo, se la entregaría, para lo cual aportaría un documento firmado con poderes de sus cuatro hijos.
En la misma carta expresó que Bañuelos le hizo "ganar muchísimo dinero con la compraventa de las acciones de Astroc", en referencia a la empresa cotizada del sector inmobiliario fundada por el empresario saguntino que en 2007 sufrió una fuerte caída en bolsa que arruinó a miles de pequeños accionista. El asunto derivó en una investigación contra Bañuelos en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de administración desleal y de maquinación para alterar el precio de los títulos en pleno boom inmobiliario. Pero ésta acabó archivada al no existir indicios suficientes para demostrarlo.
Después de esa primera carta de Fabra a Bañuelos, le remitió un correo electrónico en el que indicaba que estaba "profundamente preocupado" por no haber establecido contacto de vuelta. "Confío plenamente en tu apoyo, que hoy para mí es fundamental", le dijo. El empresario contestó al día siguiente aportando su número de teléfono.
Pocos meses después, le envió una tercera carta en la que le ofreció la posibilidad de invertir en proyectos urbanísticos en Castellón que tendrían todos los permisos de la Generalitat y los correspondientes Ayuntamientos. "Tengo 2 ó 3 PAIs que podríamos poner en marcha con cantidades no excesivamente importantes y bien situados", le traslada. "Te reitero mi agradecimiento perpetuo por tu ayuda a la resolución de mis problemas", le comentó el expolítico, lo cual para la Udef podría significar que Bañuelos atendió sus requerimientos.
"A tenor del literal de la documentación analizada, resultaría que en el periodo comprendido entre el junio y septiembre de 2012, Enrique Bañuelos habría realizado algún acto que habría aliviado la situación económica de Carlos Fabra, con el consiguiente agradecimiento del último", sostiene la Policía.
Junto a Enrique Bañuelos aparece Miguel Valldecabres, quien compró a este en 2012 la patrimonial que fue matriz de Astroc. Tras el análisis de las posiciones bancarias de Fabra y de su entorno, para los agentes llama la atención un abono de 300.000 euros en julio de 2012 procedente de una cuenta de Valldecabres a otra cuyo titular era uno de los hijos del expolítico. Después se produjeron sucesivos cargos hasta prácticamente alcanzar un saldo nulo.
Aunque teóricamente se trataba de un préstamo, los agentes destacan que no consta devolución alguna, lo cual fue refrendado por el propio Valldecabres. A lo que añaden que tampoco "da cuenta del motivo por el cual concedió el citado préstamo sin ningún tipo de garantía".
En resumen, para la Policía resultan relevantes cuatro aspectos: la secuencia temporal de los hechos descritos, la ausencia de otra fuente de financiación en el conjunto de posiciones bancarias de los investigados, la existencia de un préstamo por elevado importe sin ningún tipo de garantía y que posteriormente el importe e intereses no se reclamaran.
Todo ello, en su opinión, "apunta a la posibilidad de que Enrique Bañuelos accediera a la petición de ayuda económica de Carlos Fabra, aliviando la situación de éste a través del préstamo concedido por Miguel Valldecabres al hijo del expolítico y desconociéndose si hubo algún tipo de contraprestación por ello". Por otro lado, comentan, tampoco se sabe "si Fabra se sirvió de suposición en como secretario de la Cámara de Comercio para favorecer la participación de su hijo a través de una mercantil en el mencionado proyecto, ni el concreto papel desempeñado por Valldecabres en el mismo o si dicho proyecto tuvo algún tipo de desarrollo posterior".
El informe de la Udef consta en el sumario de la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón por la que Fabra se sentará en el banquillo junto a otros nueve acusados. Los investigadores le atribuyen la creación de un presunto entramado para ocultar patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
La instrucción ha concluido que para cumplir con este objetivo contó con la ayuda directa de familiares y de terceras personas (testaferros), además de usar cuatro sociedades pantalla. Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción opinan que la "aparente situación de penuria económica" de Fabra es "notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo": 2,69 millones entre 2007 y 2017. También con la "intensa actividad bancaria por él organizada", con unos abonos superiores a los 26 millones de euros "que a través de diversas operativas continuadas en el tiempo han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución".
