Foto: ALBERTO ORTEGA/EPSe ha abierto en España un interesante debate ideológico en torno a la fiscalidad, que debemos saludar aunque solo sea porque, desde que Díaz Ayuso ya no es la única protagonista, la controversia ha ganado en argumentos y perdido en descalificaciones personales. No obstante, algunos de los razonamientos recogidos en argumentarios que elaboran los partidos y repiten sin filtro políticos y periodistas afines pecan de simplicidad, parten de premisas erróneas o, simplemente, son una falacia que utilizan para no dar la razón al de enfrente.
Las posiciones de partida son fáciles de ver: la derecha liberal cree que bajar impuestos es beneficioso para la economía y la izquierda opina que lo conveniente es tener unos impuestos altos para fortalecer un Estado y unas autonomías que deben prestar unos servicios y a los que todos piden ayuda cuando las cosas se tuercen. El problema para políticos y tertulianos es cómo defender su postura cuando un dirigente de derechas no hace lo que pregona o cuando Pedro Sánchez anuncia una bajada impositiva cinco minutos después de que sus acólitos critiquen a Núñez Feijóo por pedir exactamente eso.
Es un fenómeno curioso. El Gobierno toma medidas y, en lugar de ponerlas en valor, se dedica a atacar a quienes proponen otras cosas, dando protagonismo al que no gobierna. España debe de ser el único país del mundo donde el Ejecutivo pierde el tiempo haciendo oposición a la oposición y los medios de comunicación dedican casi más espacio al aspirante que al presidente que maneja nuestros dineros.
Empecemos por la Renta. La ministra María Jesús Montero lleva meses negándose a deflactar la tarifa del IRPF, que no supondría bajar los impuestos sino ajustarlos a la inflación, porque no ajustarlos con el nivel de inflación actual eleva la presión fiscal –también pasa con el IVA– en un momento en el que muchas familias están con el agua al cuello.
El argumento de que si deflacta no habrá quien pague la Sanidad empieza a derrumbarse. Entre otras cosas porque mientras el Gobierno deja pasar el tiempo, la recaudación sube. En el primer semestre de 2022 los españoles hemos pagado de IRPF 6.000 millones de euros más que en el mismo período del año pasado, y la explicación es la siguiente: suben los precios, sube el sueldo –mucho menos que los precios– y parte de ese aumento de sueldos se la lleva Hacienda al subir las retenciones en la nómina.
También dice Montero, que es muy lista y por eso es ministra, que el Estado dejará de recaudar 210 millones de euros por la rebaja del IVA del gas a partir del 1 de octubre. Seguro que es menos que el aumento de recaudación que ha tenido todos estos meses de precios por las nubes con el IVA al 21%. Ese dato también nos interesa.
Es falso que la deflactación no beneficie a las personas con rentas bajas. Beneficia a todas a partir de 14.000 euros, que es una renta bastante baja. Para las de menos de esa cantidad hay que arbitrar otras medidas, como las que acertadamente aprobó el Gobierno en julio: los 200 euros de ayuda, el transporte gratuito o la bajada del IVA de la luz y el gas. También el aumento de las becas para que un número mayor de estudiantes de familias de renta baja se beneficien, medida más justa y progresiva que la rebaja general del 10% en las tasas universitarias aprobada por Puig. Rebaja que no beneficia a los becados, los más necesitados, y sí a los hijos familias pudientes que estudian en las universidades públicas.
Deflactaron las diputaciones forales vascas y Navarra; con el voto a favor del PSOE, han deflactado Madrid, Andalucía y Murcia, y no van a deflactar pero sí a bajar el IRPF a las rentas bajas –lo que tiene un efecto parecido– Galicia y Castilla y León.
Y ahora va Ximo Puig, que también se rinde a la evidencia. Podría parecer que Puig llega tarde, pero no es así siempre que aplique la medida dirigida a las rentas medias y bajas a todo 2022, porque el IRPF autonómico –salvo el de País Vasco y Navarra– no tiene efectos sobre las retenciones en la nómina. La menor carga fiscal en 2022, da igual si se aprueba en enero o en diciembre, la notarán los beneficiarios al hacer la declaración de la Renta la próxima primavera, casualmente en plena campaña electoral de los comicios del 28 de mayo.
Lo que sí tendría efecto inmediato en las nóminas es que Montero deflactase el tramo estatal del impuesto. Mi pronóstico es que aguantará la presión todo 2022, con el coro mediático defendiendo que deflactar es de derechas –para luego cambiar de opinión sin ningún sonrojo–, y aprobará la medida hacia el mes de febrero. Así, los españoles que se beneficien notarán, justo a tiempo, un súbito aumento del sueldo neto gracias a Sánchez. Feijóo le acusará, con razón, de llegar tarde y de haber castigado a los españoles durante meses por puro interés electoral, pero cualquier crítica lleva las de perder cuando un dirigente baja impuestos. Que se lo digan a Ayuso.
Otra falacia, en este caso explotada por el PP y cía, es la monserga de que cuando se bajan los impuestos mejora la economía y la recaudación o, como suelen decir, que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos". No siempre es así. El problema de la injustamente denostada Curva de Laffer es que solo es exacta en sus extremos, con un impuesto del 0% o del 100%, y en medio es difícil encontrar el punto de equilibrio a partir del cual a más impuestos, menor recaudación, y a la inversa. Depende de tantos factores, que en cada país y momento es diferente, y como no encuentran el punto dicen que es una mierda. Pero ahí es donde interviene la política, porque es evidente que nadie abogaría por cero impuestos ni por el 100%.
Lo que parece ilógico es utilizar ese argumento para eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. Se puede discutir sobre su razón de ser, ya que es un tributo muy cuestionado, incluso por economistas progresistas –Zapatero lo quitó en 2008 durante tres años–, pero es una falacia afirmar que los 150 millones que recauda la Generalitat por Patrimonio se van a ingresar por otro lado si se elimina el impuesto. Salvo que seas Madrid, que parte con ventaja porque es la capital del Reino.
Por cierto, otra falacia. Ha criticado Montero que el "regalo fiscal" de Murcia al eliminar el Impuesto de Patrimonio se haga "en una comunidad que ocupa los últimos puestos de inversión sanitaria o educativa". A ver, la sanidad y la educación deberían cubrirse, por ley, con el sistema de financiación autonómica que incluye IRPF, IVA e impuestos especiales pero no con otros impuestos autonómicos como Patrimonio, Sucesiones o Transmisiones. Esos son para pagar infraestructuras, ayudas a la economía, la administración de justicia, las empresas públicas o los asesores, como bien sabe la ministra de Hacienda. Así que si López Miras elimina el Impuesto de Patrimonio, igual tiene que recortar en subvenciones o en carreteras, pero no en sanidad o educación. Y si Murcia ocupa uno de los últimos puestos en gasto sanitario y educativo, debe de ser porque es la segunda autonomía –tras la valenciana– más castigada por el injusto sistema de financiación caducado en 2014 y que Montero lleva cuatro años diciendo que va a cambiar.
Precisamente, uno de los problemas del actual sistema de financiación autonómica es que, dada la maraña de fondos correctores (de compensación, de solidaridad, de suficiencia…), da un poco igual tener el IRPF alto o bajo, porque te va a tocar más o menos lo mismo. La prueba es que Puig subió el IRPF hasta tener los tipos más altos de España –tanto en las rentas altas como en las bajas– y no hemos salido de pobres en el reparto, habiendo sido 2020 el peor año respecto a la media desde que se aprobó el actual modelo de financiación en 2009. Lo único seguro es que si Madrid recauda menos por bajar el IRPF, nos toca menos a todos porque es la autonomía que más contribuye. De ahí que Puig haya pedido a Sánchez que en el próximo sistema de financiación autonómica se tenga en cuenta a la hora del reparto el "esfuerzo fiscal" de cada una.
Lo de la armonización fiscal es muy curioso. Quién nos iba a decir que veríamos a Ayuso defendiendo y ejerciendo la autonomía fiscal de su comunidad autónoma y a Compromís pidiendo que se recorte esa autonomía con una armonización, medida que también pidió hace dos años ERC y que ahora ha provocado una división interna en el partido de Rufián porque va contra sus principios.
Sobre el fondo del asunto, es obvio que, aprobada la Constitución, las CCAA alcanzaron con todo derecho una autonomía fiscal que ahora parece que molesta. Por supuesto, todo es reversible, pero si se armoniza, que se incluya a País Vasco y Navarra, cuya autonomía fiscal se ampara, como todas, en la Constitución, y que también la han ejercido bajo acusaciones –y una condena- de dumping.
Y sobre las formas, a ver dónde se pone el mínimo armonizado, por ejemplo, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que en Madrid pagan el 6% y en la Comunitat Valenciana pagamos el 10% –por comprar una vivienda de 200.000 euros, allí pagan 12.000 y aquí 20.000–, pero es que aquí hace 25 años también se pagaba el 6%.
Para acabar de arreglarlo, Montero ha anunciado un nuevo "impuesto a las grandes fortunas", que suena a centralización de facto del gravamen sobre los grandes patrimonios que está en el centro del debate, aunque ni ella ni Escrivá utilizaron el término "recentralización". Muy de acuerdo en que los ricos paguen más, pero será curioso ver cómo hacen compatible un impuesto a las grandes fortunas con el existente impuesto autonómico al patrimonio de esas grandes fortunas sin incurrir en la doble imposición, que es inconstitucional. No obstante, si lograron que pagáramos el IVA sobre el impuesto de la electricidad –un impuesto que grava otro impuesto–, seguro que encuentran la fórmula.
