La Fiscalía investiga el caso de un joven con autismo recluido en su casa 4 años por falta de residencia

VALÈNCIA (EP). La Fiscalía Provincial de Valencia investiga el caso de un joven de 31 años con autismo que vive recluido en una habitación de una vivienda de Manises desde hace cuatro años por falta de plaza en una residencia.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, el ministerio público ha abierto diligencias preprocesales y ha requerido información a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para saber las razones por las que el joven no tiene centro.

El pasado mes de octubre, el Defensor del Paciente remitió un escrito a la Fiscalía en el que pedía que se abriera una investigación de oficio ante el caso de este joven de Manises (Valencia). Sus padres denunciaban que llevaban cuatro años esperando una plaza en un centro para su hijo puesto que su convivencia con él se había vuelto insostenible ante los brotes violentos que sufría.

En concreto, en declaraciones al diario Levante-EMV, los padres manifestaron que tras años de una convivencia con cierta normalidad, su hijo comenzó a ponerse cada día más agresivo y empezó a romperlo todo, a moderles y a pegarles. "Ya no podemos más. Necesitamos que trabajen con él para que sea feliz. Vemos que esto se alarga y conselleria no contesta", aseveraron.

"Lo que se manifiesta es de una gravedad que no podemos ni callar ni dejar de pedir una investigación de oficio", manifestaba el Defensor del Paciente.

La situación de la familia y del paciente, agregaba, es de "suma urgencia" y, por tanto, "ante la dejación de funciones y la falta de humanidad pedimos que se actúe con la prioridad que el caso merece", aseveraba.

El Defensor entendía que en este proceso había una "dejación de funciones" que ponía en riesgo la salud pública de la familia. "Les pedimos una investigación para depurar las responsabilidades penales de quien o quienes fueran responsables", reclamaba.

La entidad justificaba su petición en el artículo 262 de la Ley de Enjuicimiento Criminal, que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público, deben denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.

Tras esta petición, desde la Fiscalía de Valencia se ha decidido abrir diligencias de investigación para averiguar qué ha ocurrido y depurar posibles responsabilidades si las hubiera.