Imagen de la primera sesión del juicio sobre Costa Bellver. Foto: EFE/EMILIO NARANJOVALÈNCIA. El juicio por el caso Costa Bellver toca este viernes, salvo sorpresa, a su fin y quedará visto para sentencia. A lo largo de 15 sesiones desde comienzos de noviembre, la Audiencia Nacional ha juzgado a los exdirectivos del Banco de Valencia y de Bancaja Domingo Parra y Aurelio Izquierdo. También a los hermanos Calabuig Gimeno, propietarios del grupo Global Omnium –constituido a partir de Aguas de Valencia –, el exconsejero delegado de Bancaja Habitat José Cortina y el directivo de Bancaja Manuel Setién. A todos se les acusa de un presunto delito de administración desleal en la operación inmobiliaria en este paraje de Oropesa del Mar.
La Fiscalía ha rebajado sus peticiones de cárcel a todos ellos, que se encontraban inicialmente en los cuatro años de prisión. En las conclusiones, a las que se ha adherido la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) –la querellante–, la de Domingo Parra queda en seis meses de cárcel después de que alcanzara un pacto con Anticorrupción en el que reconoció el delito, como informó Valencia Plaza. La de Aurelio Izquierdo en tres años de prisión –la más alta– al considerarlo, junto al anterior, como responsable de la administración desleal.
Para Eugenio y Enrique Calabuig, José Cortina y Manuel Setién la Fiscalía pide un año de cárcel como cooperadores necesarios. Mientras que a los otros tres hermanos (Celia, Pedro y María Mercedes) los mantiene como responsables civiles a titulo lucrativo al entender que no participaron en los Consejos de Administración.
Debido a que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia Calabuig –como también publicó este periódico–, Caixabank ya retiró las acciones civiles y penales contra los cinco empresarios y éstos se comprometieron a abonar al FROB una compensación económica a cambio.
En el informe final de este jueves, la Fiscalía se ratificó en su informe inicial y destacó el valor de los inmuebles incluidos en la operación inmobiliaria y las discrepancias entre los peritos sobre la tasación. La abogada del Estado puso el foco en cómo los acusados "antepusieron sus intereses a los de las entidades que representaban", en tanto que el letrado del FROB recordó que la entidad tuvo que ser rescatada con dinero público.
Por su parte, Apabankval –representada por el abogado Diego Muñoz-Cobo y al frente de la cual se encuentra Juan Broseta– hizo hincapié en que tanto Bancaja como Banco de Valencia sufrieron un perjuicio en la contabilidad debido a la operación de Costa Bellver que provocó la quiebra de las dos instituciones y que ahora no haya ninguna entidad de crédito valenciana.
Según el relato de hechos que admitió Parra, actuó como consejero delegado del Banco de Valencia y, a su vez, como consejero de la sociedad de cartera Inversiones Financieras Agval, propietaria de la mayoría accionarial de Aguas de Valencia y participada al 50% por Banco de Valencia y los Calabuig. Junto a ellos, incumplió las normas básicas de actuación bancaria "de forma consciente y deliberada" con la compra de unas acciones de la empresa Costa Bellver, promotora del proyecto inmobiliario en Oropesa del Mar. Una operación, realizada en marzo de 2009 a través del Consejo de Administración de Agval, que no fue supervisada por ningún otro órgano bancario.
Ésta se llevó a cabo posteriormente en dos tramos superando el límite acordado y con un valor muy por encima del precio real de mercado sin justificación sobre el incremento económico. "Una operación que fue aceptada por el Consejo de Administración de Agval a pesar de que existía un conflicto de intereses entre una de las titulares de la sociedad, Fucsa, perteneciente a los hermanos Calabuig, y Costa Bellver, perteneciente en gran parte a los mismos", sostiene la Fiscalía.
Al transmitirse acciones a Agval por un precio de 84.088 euros por acción cuando los vendedores las habían adquirido unos tres meses antes por un valor medio de 30.664 euros, "se beneficiaron de forma injustificada los hermanos Calabuig y la empresa Fusca, ocasionando un perjuicio económico a Agval y a Banco de Valencia cuantificado en alrededor de 5,5 euros millones de euros", señala Anticorrupción.
En el escrito de conformidad, la defensa de Parra expresó que, "consciente del daño económico causado al FROB" y en concepto de reparación parcial del mismo, había realizado una transferencia por importe de 100.000 euros a la cuenta corriente de este organismo. Cantidad que, aseguró, proviene del patrimonio de sus hijos.
