Restos humanos en la fosa 95 de Paterna. Foto: EVA MÁÑEZ.VALÈNCIA. Cuando alguien entra al cementerio de Paterna, se da cuenta rápidamente de que no es como los demás. Ramos de flores rojas, amarillas y moradas acompañan las tumbas formando una bandera. Junto a estos símbolos, decenas de mensajes en recuerdo a las 2.238 víctimas que fueron fusiladas por la represión franquista en este lugar, que todavía esconde bajo sus raíces la tragedia vivida. Ahora, es el turno de la apertura de la fosa 95, donde se han encontrado entre 15 y 20 cuerpos.
Según explica el arqueólogo y antropólogo Llorenç Alapont, el trabajo de exhumación está siendo complicado porque los cuerpos fueron arrojados a la vez, unos encima de otros sin ningún orden. Eso ha provocado que muchas partes anatómicas estén entrelazadas, por lo que es importante distinguir qué hueso pertenece a cada individuo.
Aun con estas dificultades, la primera fase ha permitido reconocer que se trata de la fosa 95 y que dentro se encuentran los restos esperados. "Tenemos algunos rasgos muy claros que facilitan la identificación. En esta fosa había una persona que tenía una pierna ortopédica; al poder localizarla, sabemos que se trata de esa persona. También sabemos que algunos tenían fracturas... ese tipo de signos ayudan mucho", explica Alapont.
Asimismo, los primeros indicios apuntan a que las víctimas fueron fusiladas de espaldas, debido al hallazgo de proyectiles de bala alojados en la espalda y en el omóplato. Una vez concluya el trabajo en la primera capa y la excavación sea más profunda, se espera encontrar un mínimo de 46 cuerpos.
Esas 46 personas que perdieron la vida a manos de la dictadura el 17 de noviembre de 1939 no fueron las únicas víctimas. Sus familiares tuvieron que continuar con su vida, con miedo y manteniendo el silencio impuesto, sin la oportunidad de cerrar una herida que ha perdurado con el paso del tiempo. En muchos casos, sin la oportunidad de despedirse jamás.
Es el caso de Isabel Alfonso Martínez, quien espera recuperar los restos de su abuelo, Gabriel Martínez, en la fosa 95. Gabriel trabajaba en una cooperativa de labradores, formaba parte del sindicato CNT y fue fusilado en Paterna con 42 años. A partir de ese momento, sus hijas empezaron a trabajar a una temprana edad, viendo arrebatada su infancia. "Destrozaron la familia. Mi madre me decía que les llamaban 'las rojas', la gente no quería juntarse con ellas, y siempre me ha pedido que no entre en ningún tema político", lamenta.
Ahora, espera cumplir el sueño de su abuela y enterrar a Gabriel en Catarroja: "No quiero ni pensar en qué pasaría si no lo encuentro. Nos han dado documentación, me he enterado que estuvo encerrado en la Modelo seis meses. Es una impotencia ver que han hecho barbaridades, ya es hora de que se sepa la verdad", reclama Isabel Alfonso. "Hay quien dice que no hay que remover el pasado, pero ellos tienen a los suyos y yo quiero tener a los míos. Me corresponde", insiste.
En la misma situación se encuentra Pedro Luis Alonso Gutiérrez, quien busca a su abuelo, Ulpiano Alonso Presa. Explica: "Un día me acerqué al cementerio y estaba abierta una fosa. Vi a siete metros de profundidad a dos personas trabajando, vi el agujero y la cantidad de personas que habían echado ahí y lo tuve claro. Pensé 'yo a mi abuelo lo tengo que sacar de aquí'. No es una cuestión de devolverle la dignidad a los fusilados porque la han tenido siempre, pero la indignidad está en quienes los mataron".
Ulpiano Alonso Presa fue el primer presidente de la agrupación socialista de Puerto de Sagunto y el responsable del comité de control de la fábrica de armas de la República durante la Guerra Civil. "Lo acusaron de todo lo que quisieron, él presentó recursos para aportar pruebas de inocencia pero no sirvió. Lo detuvieron el 24 de abril y lo trajeron a la cárcel Modelo de València el 17 de noviembre por la mañana. Por la tarde, lo fusilaron en Paterna", recuerda con tristeza.
Permaneció encerrado en la cárcel de Sagunto, donde recibía la visita de su mujer y conseguían intercambiarse cartas a escondidas. Unas cartas que no salieron a la luz hasta los años 50, cuando sus familiares desmontaron un mueble para ganar espacio, una pura casualidad. La mujer de Ulpiano ya había fallecido y su temor la obligó a guardar el secreto hasta el final, un hecho que refleja el daño provocado.
Al igual que Pedro Luis Alonso e Isabel Alfonso Martínez, miles de personas luchan cada día por cerrar una etapa, arrastrando un dolor que se ha alargado demasiado tiempo. "Casi todos le dábamos vueltas por separado, hasta que das el paso y dices que estás interesada en abrir la fosa. Automáticamente te llama gente, es reconfortante porque ves que no estás sola. Hablar abiertamente sin ningún miedo nos ayuda a todos", explica Isabel Gómez Iranzo, presidenta de la asociación de familiares de la fosa 95. "Sería muy feliz si puedo llevarme a mi abuelo a casa, pero poder sacar a los 46 y darles el trato digno que merecen para mí sería lo mejor", afirma.
Su abuelo, Alejandro Iranzo, tenía 39 años. En su caso, no ha podido tener acceso al expediente y no hay evidencias de que estuviese vinculado a la política. Mientras él estaba en la cárcel de Requena nació su hija, a quien conoció entre rejas. Un año después de su fusilamiento en 1939, condenaron a su hijo de 19 años a una pena de 30 años de prisión. "Mi abuela se vio viviendo en un barrio con su marido asesinado, su hijo mayor en la cárcel y con cinco hijos pequeños. Y tenía que sobrevivir. Por pura supervivencia y por la ley del silencio vivió sin quejarse, en mi familia no se ha hablado mucho", narra. "A ellos los mataron pero la condena quedó en las casas. El futuro de toda la familia se vio condicionado y ninguno tuvo la oportunidad, por ejemplo, de ir a la escuela", añade.
Esta fue la dura realidad que surgió como consecuencia directa de la dictadura. En la actualidad, cada vez más nietos y bisnietos adoptan un papel activo en la lucha por encontrar a sus antepasados y recuperan la esperanza perdida hasta el momento, aunque todavía queda mucho por avanzar.
"Las familias han tenido 80 años de paciencia y no podemos esperar más. Hacer justicia sería facilitar cualquier organismo un documento que necesites, que no seamos las familias quienes tenemos que seguir peleando. El Estado provocó esto y a él le compete solucionarlo", reivindica Isabel Gómez.
