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tras la investigación policial en castellón

Fulgencio ordena auditar las cuentas de las subdelegaciones de Alicante y València

Foto: ESTRELLA JOVER
23/10/2018 - 

VALÈNCIA. La alarma saltó a finales en junio. Había sospecha de una trama de facturas falsas en la subdelegación del Gobierno en Castellón. Cuatro meses después, antes de que acabe octubre, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha dado un paso adelante. Tras analizar la información de los primeros días, Fulgencio quiere llegar más lejos y, en previsión, quiere comprobar si la metástasis de la corrupción se ha extendido a las otras dos provincias.

En un comunicado remitido este martes, desde la Delegación de Gobierno se anunciaba esta actuación sin precedentes. Fulgencio ha decidido solicitar la realización de una auditoria interna de la documentación de gastos de las subdelegaciones de Valencia y Alicante.

Desde la Delegación de Gobierno se asegura que esta decisión, que describen como "cautelar", ha sido de motu proprio. "La ha tomado el delegado, en aras de la transparencia que debe garantizar todas las administraciones", explican. Igualmente, admiten que surge "tras las investigaciones policiales abiertas el pasado mes de junio en la Subdelegación del Gobierno de Castellón". Sin perjuicio de la presunción de inocencia de los encausados, pero previniendo males mayores, se repasarán los libros de cuentas de las tres subdelegaciones.

Presunta falsificación de facturas

Fue a finales de junio cuando se supo que la Policía investigaba a funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Castellón por presunta falsificación de facturas. En concreto, el juzgado de Instrucción número 1 de Castellón había abierto una investigación a dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno por presunta falsificación de facturas, según confirmó Europa Press de fuentes conocedoras del caso. 

Según informaban también los diarios Levante y El Mundo, las facturas supuestamente falsas podrían alcanzar un valor de hasta un millón de euros y la investigación se centraba por ahora en diez años de actividad de la institución, en su mayoría bajo gobiernos del PP.

Independientemente de esta investigación judicial, ahora desde la Delegación de Gobierno se quiere comprobar que todas las cuentas están correctas. Las de las tres provincias. 

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