Función Pública insiste en que no existen "razones objetivas" para no volver al trabajo presencial

VALÈNCIA. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, mantuvo este miércoles una reunión con los subsecretarios de las consellerias del Botànic II, los sindicatos y representantes del INVASSAT para realizar el seguimiento oportuno sobre el retorno de los funcionarios a la actividad presencial. 

Un encuentro en el que, según Función Pública, se abordaron los planes de contingencia que cada departamento ha ido actualizando a lo largo de la pandemia y el cumplimiento que se está realizando de estos con la vuelta al trabajo presencial de los funcionarios, ya que actualmente todas los departamentos del Gobierno valenciano tienen incorporados entre el 85% y 90% de la plantilla aproximadamente. 

A lo largo de la reunión también se puso sobre la mesa esta vuelta al trabajo presencial de los funcionarios al completo. Una orden que generó divergencias en el Gobierno valenciano, malestar entre los sindicatos y que no se aplicó en un primer momento de manera estricta en todas las carteras del Ejecutivo desde que entró en vigor el pasado 21 de junio. 

La rigidez para aplicar esta medida quedó en el aire la semana pasada cuando la portavoz del Botànic II, Mónica Oltra, abrió la puerta en la rueda de prensa tras el pleno del Consell a que la orden dictada hace una semana por la Conselleria de Administración Pública que dirige Bravo -publicada como acuerdo del Consell en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado sábado- pudiera sufrir modificaciones en los próximos días para ser más flexible. 

Sin embargo, horas después esa afirmación fue cuestionada por algunas carteras del PSPV en el Gobierno valenciano que aseguraron que no existía "ningún motivo" para realizar cambios sobre el acuerdo que establecía la vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos valencianos porque no se había producido ningún cambio significativo en la situación de la pandemia ni tampoco en la Administración que pudiera justificar tal decisión. 

Una conclusión que este miércoles Bravo defendió en la reunión. Según fuentes presentes en el encuentro, la consellera mantuvo que no existían "razones objetivas" para no volver al trabajo presencial porque las consellerias ya debían haber implantado las medidas de seguridad y salud en el trabajo como la instalación de mamparas o disposición de gel hidroalcohólico o el reparto de mascarillas, entre otras. 

En caso de que los departamentos del Botànic II no pudieran garantizar estas medidas preventivas que marcan las autoridades sanitarias -como por ejemplo que se respete 1,5 metros de distancia entre empleados o no se les pueda facilitar equipos de protección individual en caso de que no existan mamparas fijas o portátiles-, Bravo instó a los subsecretarios a que establecieran turnos de trabajo con horarios de mañana y tarde.  

Una decisión que, no obstante, habría de debatirse con los sindicatos, que explican a Valencia Plaza que el cambio de horario laboral tiene que ser una decisión voluntaria de los funcionarios y no una determinación de las consellerias en las que prestan sus servicios. La consellera, según fuentes presentes en la reunión, ahondó en el encuentro de este miércoles en la necesidad de que los funcionarios den ejemplo a la sociedad para que con este debate no se traslade una imagen equivocada del colectivo. Esto es, que la ciudadanía no perciba que es un sector que goza de unos determinados privilegios. 

El resultado de la reunión no agradó en absoluto al sindicato CSIF, que emitió un comunicado a media mañana en el que lamentaron que no se enmendara la decisión de volver al trabajo presencial y advirtieron "de los riesgos de actuar sin considerar suficientemente la gravedad de la situación sanitaria y las consecuencias en el desempeño de los servicios públicos ante eventuales rebrotes en centros con 100% de presencialidad". 

Choque desde hace casi dos semanas

El pasado viernes 19 de junio Bravo trasladó a los representantes de los trabajadores que los funcionarios de la Generalitat Valenciana debían volver al trabajo presencial el 21 de junio con la llegada a la nueva normalidad. Apenas 24 horas después de esto, la orden se publicó en el DOGV -como acuerdo del Consell- y provocó un revuelo en varias consellerias del Ejecutivo valenciano, que se rebelaron contra este mandato que obligaba a una vuelta al trabajo presencial del 100% de los funcionarios. 

En concreto, la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent y la de Agricultura que encabeza Mireia Mollà aseguraron que la vuelta al trabajo se realizaría de forma progresiva para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los empleados públicos. Por lo que el lunes 22 de junio no se reincorporaría la totalidad de la plantilla de ninguno de los dos departamentos. 

Ahora bien, aunque estas dos carteras fueron las primeras que realizaron un comunicado a nivel interno el sábado para informar a sus funcionarios sobre cómo volverían al trabajo el lunes, no fueron las únicas en no volver al completo. Ese día menos de la mitad de los departamentos del Consell siguieron a rajatabla la orden dictada por Función Pública: tan solo cuatro consellerias, siempre según fuentes de las propias carteras, hizo que sus empleados públicos se reincorporaran a sus puestos por completo y abandonaran la modalidad del teletrabajo. La gran mayoría lo hicieron en una horquilla de entre el 75% y el 90%, salvo un par de excepciones, Agricultura y Economía, que bajaron de estos porcentajes. 

El incumplimiento por parte de varias consellerias -algunas también del PSPV-, generó malestar en la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, quien aseguró en un comunicado que todas las carteras del Consell del Botànic II conocían que sus funcionarios debían volver al 100% al trabajo presencial desde el pasado 8 de mayo porque su departamento aprobó una resolución remitida a todas las consellerias que así lo establecía. 

Asimismo, acusó, aunque sin mencionarlos, a los responsables de personal de las consellerias de Economía y Agricultura -los subsecretarios Natxo Costa y Alfonso Puncel, respectivamente- de no haber hecho los deberes: "Alguien no ha ejercido cuando correspondía las responsabilidades que tenía, porque si no se han preparado los espacios o no se han colocado mamparas, los funcionarios no pueden incorporarse al trabajo porque por encima de todo está su salud". La acusación molestó también especialmente en estos departamentos, cuyos planes de contingencia, aseguraron fuentes oficiales, habían ido readaptándose con los sucesivos cambios de fase y se encontraban todos publicados en sus respectivas páginas web oficiales.  

La horquilla del 85% al 100%

Con estos mimbres, conviene subrayar además que la resolución de Justicia del 8 de mayo a la que hizo referencia Bravo establecía que la asistencia debía hallarse entre un 85% y un 100%, pero en ningún caso que sólo hubiera de cumplirse lo segundo. O, incluso, podrían reducirse estos porcentajes en caso de necesidad de adaptación al Plan de Contingencia de cada conselleria.

Pero en cualquier caso, esa resolución que preveía una horquilla de entre el 85% y el 100% quedó sin efecto el viernes 19 de junio, ya que el acuerdo del Consell publicado en el DOGV recogía en su preámbulo que la transición a la situación de nueva normalidad "conlleva la pérdida de eficacia de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se estableció el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración de la Generalitat". Actualmente, ya se encuentran incorporados en torno al 85% y el 90% de los empleados en todas las carteras.