VALÈNCIA (EFE). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no cree que exista en España una "gran dimisión", si bien opina que hay "un problema" entre puestos ofertados y perfiles profesionales disponibles, pero esa disonancia no se produce porque los empresarios "paguen poco".
"Puede que haya alguno que pague poco, pero ese no es el problema", ha insistido Garamendi durante un desayuno en Las Palmas de Gran Canaria organizado por la Fundación de la CEOE, donde ha manifestado que, habiendo tres millones de parados, "no vale decir que se paga mal".
La "gran dimisión" es un término acuñado en Estados Unidos que hace referencia al gran número de trabajadores que decidieron abandonar sus puestos durante la pandemia motivados, principalmente, por la facilidad para encontrar empleos mejor retribuidos o por el descontento con sus salarios.
"Vemos que faltan miles de puestos en ingeniería, en áreas de industria, también en hostelería y construcción. Está viniendo gente de fuera a cubrir esos puestos", ha señalado Garamendi.
Así, ha abogado por trabajar "intensamente" en la formación dual y en una reforma de la Formación Profesional porque es "clave" para aunar a trabajadores, empresas y centros de enseñanza en un crecimiento empresarial "con futuro" donde "todo funcione y haya empleo para todos".
En cuanto al pacto de rentas, ha señalado que la CEOE se ha salido de ese acuerdo porque le gustaría "que se desarrollase mucho más allá".
"Habría que hablar no solo de la subida de salarios de los trabajadores del sector privado, sino también de los funcionarios", ha señalado Garamendi, que ha negado que los beneficios empresariales "estén desbocados".
"Nada más lejos de la realidad. Estamos 600 millones de euros por debajo que antes de la pandemia. No es cierto que las empresas estén ganando más porque están asumiendo también los costes de la energía y la inflación, especialmente las pymes que no tienen un problema de liquidez, sino de solvencia", ha afirmado.
Garamendi ha apuntado además que la CEOE no está en contra de que los salarios suban, sino de definir una cifra concreta.
"No discutimos cuánto debe subir, sino que no podemos asumir y firmar una cláusula que ate la revalorización de los salarios en función del IPC porque eso haría descontrolar aún más la inflación", ha destacado y ha añadido que no piensan firmar una subida salarial del 2,5 % para luego tener que volver a incrementar los salarios en función del IPC.
Se ha mostrado favorable de mantener un sistema público de pensiones "sostenible" y ha aseverado que la CEOE "lo defenderá siempre en un estado social, democrático y de derecho", pero ha subrayado que tienen que ser los partidos los que se pongan de acuerdo y estudien el factor de la sostenibilidad.
"El problema que vamos a tener, y no digo que las pensiones mínimas no puedan subir, es que hay que calcular mejor cuánto hay que pagar, a qué edad hay que jubilarse, ver las tablas de mortalidad, que no son las mismas, y llegar a acuerdos, nos guste o no", ha resumido Garamendi.
También ha cifrado que cada punto de subida de las pensiones supone 1.700 millones de euros, por lo que incrementarlas acorde a la evolución del IPC costaría entre 14.000 y 18.000 millones.
De este modo, se ha mostrado preocupado por la estabilidad presupuestaria y la situación de inflación, que ha dicho que no viene de la situación de guerra en Ucrania porque ya en diciembre del pasado año se situaba en el 6,5 %.
Con una deuda del 110 %, un déficit del 7 y el BCE sin comprar más deuda, ha señalado, se debe reflexionar, "volver al rigor presupuestario" y, "nos guste o no, hacer las cosas ordenadamente", ha concluido.
En el acto también ha intervenido la exministra de Empleo Fátima Báñez, en su condición de presidenta de la Fundación CEOE, quien ha destacado la importancia del compromiso social corporativo de las empresas españolas.