El Gobierno aprueba un decreto que actualiza el régimen de medidas de apoyo en la Fiscalía

VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado un real decreto que regula el régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal con el objetivo de incrementar la eficacia del sistema establecido y clarificar y actualizar su funcionamiento, sirviendo además para realizar una regulación más completa y mejorada del régimen aplicable a los abogados fiscales sustitutos.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en una nota de prensa recogida por Europa Press, esta norma afecta a los miembros de la carrera fiscal y tiene también como destinatarios a los abogados fiscales sustitutos que, sin pertenecer a la carrera, ejerzan sus funciones de carácter no permanente en el Ministerio Público.

Por otra parte, este real decreto adapta también la norma reguladora de las sustituciones a los cambios que se han producido en el ordenamiento jurídico desde la fecha de publicación del Real Decreto 634/2014, de 25 de julio.

Así las cosas, desde el departamento que dirige Pilar Llop señalan que desaparece de la norma reglamentaria la regulación de los fiscales de Sala eméritos del Tribunal Supremo (en consonancia con la derogación de la regulación que sobre los Magistrados eméritos se contenía en el artículo 200 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Además, se modifica en la regulación de los permisos y licencias de los abogados fiscales sustitutos el plazo de la licencia a disfrutar por el progenitor distinto de la madre biológica, para así acomodarlo a la actual normativa en este ámbito.

Contrato para renovar la seguridad en las sedes de Justicia

Por otro lado, la reunión del Consejo de Ministros ha servido para autorizar la celebración de un contrato para renovar el servicio de seguridad integral y control de accesos en edificios administrativos y sedes judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

Este contrato, dividido en diez lotes y por un valor estimado de 47.108.119 euros, renovará los actuales contratos de seguridad que caducan el 31 de marzo de 2022 y fueron formalizados en el año 2018.

Como ha recordado el Ministerio, la seguridad y el control de accesos a las sedes judiciales se realiza por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en virtud del Convenio Marco para la prestación de los servicios de seguridad por personal de la Guardia Civil en la reserva en los edificios judiciales adscritos al Ministerio de Justicia, firmado por este departamento y el de Interior, con renovación anual.

"Sin embargo, la cobertura de sedes y edificios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para atender las necesidades del Ministerio de Justicia precisa completar el servicio con medios externos. Para cubrir esta necesidad se prevé la contratación de un servicio externo por un período de 24 meses, prorrogable por un máximo de otros 24 meses", apuntan desde Justicia.

Promoción de fiscales

Por último, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto por el que se promociona a fiscal de la categoría segunda a un total de 31 abogados fiscales, pertenecientes a la categoría tercera.

Los ascensos, que han sido solicitados por la Fiscal General del Estado, cumplen con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que "las vacantes que se produzcan en la categoría segunda se cubrirán, por orden de antigüedad, entre los pertenecientes a la categoría tercera".

Los 31 nuevos fiscales cubren parte de las 33 plazas de esta categoría que han quedado libres por distintos motivos: fallecimiento (5), jubilaciones (19), excedencias (4) y ascensos a la primera categoría (5). Las dos plazas restantes se cubrirán con reingresos desde la situación de excedencia.