VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la compra del negocio de Vodafone en España por parte del fondo británico Zegona, una operación valorada en 5.000 millones de euros y que se anunció a finales del pasado octubre, pero que necesitaba el visto bueno del Ejecutivo, según ha informado el titular de la cartera de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.
"Como en operaciones anteriores de esta naturaleza, que se han materializado recientemente, la empresa autorizada se ha comprometido a un plan a medio plazo de inversiones en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en el ámbito fijo como en el móvil, y, además, a mantener en todo momento una solvencia financiera elevada", ha asegurado Escrivá al ser preguntado sobre esta autorización.
A través de un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital ha informado de que Zegona ha presentado en el proceso de autorización diversos compromisos a través de un plan estratégico y financiero.
"En concreto, a garantizar la continuidad del servicio y contemplar inversiones futuras, principalmente en cobertura móvil con tecnología 5G, así como a adoptar medidas que garanticen la solvencia financiera", ha añadido la cartera que dirige Escrivá.
Según el Gobierno, estas inversiones --especialmente las dirigidas al desarrollo del 5G-- permitirán a España consolidar su posición "a la vanguardia europea en conectividad", si bien no ha especificado el importe de las mismas.
Zegona también se ha comprometido a mantener los contratos relevantes con la Administración General del Estado y la estabilidad en los activos estratégicos de la compañía.
La autorización del Gobierno se ha producido después de que la semana pasada la Junta de Inversiones Exteriores, perteneciente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, emitiese un informe favorable tras analizar la operación.
En esa línea, el Ministerio para la Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha autorizado a Zegona a tomar el control sobre las concesiones de espectro radioeléctrico que ostentaba Vodafone España.
Además del visto bueno del Ejecutivo, la transacción también había sido autorizada con anterioridad por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por los accionistas de Zegona y también superó el trámite relativo a la normativa de la Unión Europea (UE) sobre "subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior".
De este modo, se cumplen los plazos establecidos por Zegona, cuyo objetivo era cerrar la operación en el primer semestre de este año.
En este contexto, entre los compromisos adquiridos por Zegona y transmitidos por el Gobierno no se mencionan los relativos al mantenimiento del empleo.
Precisamente, la semana pasada los sindicatos CCOO y UGT trasladaron al Gobierno su preocupación por la posibilidad de que se produzcan despidos en Vodafone debido a la venta a Zegona.
"Al proceso de despido colectivo ya iniciado en Avatel, estamos seguros de que se sumarán otros en breve plazo, sobre todo si se confirman los rumores acerca de Zegona, en los que claramente se plantea un desmantelamiento progresivo de la compañía, con las repercusiones que tendría sobre una plantilla ya muy mermada", destacó el secretario federal del sector de Comunicaciones y Cultura de UGT, José Alfredo Mesa, en una carta dirigida a la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz.
Por su parte, CCOO escribió una misiva dirigida tanto a Escrivá como a la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para expresar su "enorme preocupación" por la posibilidad de que se produjesen despidos en la teleco.
"No aceptaremos, bajo ningún concepto, que dicha operación pueda suponer la destrucción de puestos de trabajo por las dramáticas consecuencias que una situación así produciría a las personas trabajadoras y a sus familias", advirtió CCOO.
"Nuestra preocupación se basa en un documento público del grupo Zegona donde califica a los sindicatos como un riesgo para sus actuaciones en España y donde también habla de ahorros de costes de empleo. Así como en otras muchas posibles iniciativas en materia de despliegue de red o de eliminación de esta", agregó CCOO.
Según la información que ha ido publicando Zegona, su plan de reducción de costes para el negocio de Vodafone en España plantea la posibilidad de realizar despidos en la operadora y también el cierre de tiendas con "bajo rendimiento".
En cuanto a los potenciales despidos, la compañía ha planteado la posibilidad de aplicar un "programa específico" de reducción de plantilla para que los costes de personal bajen del 7,1% de los ingresos del negocio de Vodafone en España que suponen actualmente.
En relación con el cierre de tiendas, Zegona ha apuntado que el coste de captación de clientes en Vodafone se situó en torno a 339 euros en el anterior año fiscal, por lo que considera que para rebajar esa cifra existen diversas alternativas, que pasan por el cierre de los puntos físicos de venta con "bajo rendimiento" y el impulso de los canales digitales para la relación con los usuarios.
Otra de las medidas contempladas en el plan de Zegona es la renegociación de los contratos mayoristas de red fija con Telefónica, Orange y MásMóvil.
La estrategia de fondo dirigido por Eamonn O'Hare también hace referencia a las "deudas incobrables", para lo cual estudia subcontratar una agencia especializada en ello e "implementar mayores controles" para reducir el porcentaje de este tipo de deudas hasta el 0,89% de la facturación.
Otro elemento de la hoja de ruta para reducir costes es la renegociación de los acuerdos de contenido televisivo y utilizar la marca Lowi para expandir la base de abonados y bajar el coste de contenidos de televisión desde los 9,6 euros por cliente.
Además, propone reducir el gasto anual en tecnologías de la información, que actualmente es de 102 millones de euros anuales.
Otros elementos que ha identificado el fondo británico para racionalizar costes en Vodafone España tienen que ver con la cancelación de "proyectos tecnológicos improductivos" y con el reemplazo de algunos "servicios de alto coste" que recibe la compañía.