Visita del conseller de Hacienda, Vicent Soler, a la alquería Casa ClemenciaVALÈNCIA. Nueva oportunidad para la alquería Casa Clemencia, el edificio público de la Generalitat ubicado en la Avenida Primado Reig de València. El inmueble, descartado para albergar la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, ha sido ofrecido ahora por la Conselleria de Hacienda a la Conselleria de Economía para albergar la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), según confirman a este diario ambos departamentos.
Según agregan las mismas fuentes, se trata de una opción en fase de estudio tanto por parte del organismo (que en la actualidad tiene su sede en el edificio de la Cigüeña, en la calle Amadeo de Saboya, 2) como por parte de las dos consellerias: Economía, de la que pende el TAL; y Hacienda, titular del inmueble.
El principal escollo para acometer el traslado del TAL a Casa Clemencia es la reforma de 50.000 euros que requiere el inmueble tras sufrir una inundación en junio, circunstancia que provocó que la Conselleria de Vivienda se decantara por alquilar una sede para la autoridad de transporte.
"Se determinó que para soluciona los problemas del inmueble era necesario aislar el suelo del terreno, y al tratarse de un inmueble protegido requería de un informe de Cultura para hacerlo, lo cual significaba mucho tiempo hasta poder acometer el traslado", argumentaba este lunes el departamento preguntado al respecto por Valencia Plaza.
Descartada su mudanza a Casa Clemencia, el ente optó por el alquiler, lo que supondrá el cargo al erario de una nueva renta a pesar de los edificios públicos vacíos con los que cuenta la Generalitat. En concreto, el Diari Oficial de la Generalitat revelaba este lunes que la entidad de nueva creación busca un local de entre 300 y 350 metros cuadrados por un máximo de 50.000 euros anuales.
Recientemente ocurrió lo mismo con el alquiler de una sede para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), por el que la Conselleria de Justícia pagará en total alrededor de 1,5 millones de euros mientras se acomete la reforma del Palau de Justicia por un edificio junto a Les Corts; o con la Agencia Antifraude, cuyo alquiler anual será de 120.000 euros por unas oficinas que también se encuentran junto al parlamento valenciano.
