VALÈNCIA (EP). Los ministerios de Interior y Sanidad copan las reclamaciones presentadas por ciudadanos ante el Consejo de Transparencia el año pasado, seguidos de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y del departamento de Hacienda y Función Pública, según consta en la Memoria de este organismo correspondiente a 2021.
En concreto, en ese periodo se presentaron un total de 673 reclamaciones a todos los ministerios por personas que no habían visto satisfechas sus peticiones de información. Es el 73,9% del total de las registradas en el ámbito estatal.
La memoria, recogida por Europa Press, detalla que el Ministerio del Interior fue el destinatario de un total de 121 reclamaciones (el 13,3% del total) y que Sanidad le fue a zaga con 118 (el 13%).
Las reclamaciones que llegaron a la Presidencia del Gobierno ascendieron a 66 (el 7,2%), de las que 11 se referían o tenía por destinataria a la Casa del Rey, mientras que en Hacienda se contabilizaron 54 (el 5,9 %).
En total, las reclamaciones interpuestas frente a las distintas entidades englobadas bajo la genérica denominación de Sector Público Institucional Estatal, fueron 139. Distintos órganos constitucionales y de relevancia constitucional aparecen con un número significativamente menor, al contar con 14 reclamaciones, y las Corporaciones de Derecho Público -Colegios Profesionales y Comunidades de Regantes- con 13.
Durante todo 2021, el Consejo recibió 2.490 iniciativas ciudadanas, un 31,7% más que el año anterior. De ellas un 90% (2.245 eran reclamaciones: 1.086 (el 48,38%) corresponden a órganos y entidades de ámbito estatal, mientras que 1.159 (el 51,62%) proceden de organismos y entidades de ámbito autonómico y local.
Se refuerza así la línea ascendente, iniciada desde la puesta en funcionamiento de esta autoridad administrativa independiente, en cuanto a la recepción de reclamaciones que, en poco más de un lustro, ha visto casi cuadruplicarse su número. Además, por primera vez las reclamaciones procedentes de las distintas administraciones territoriales superan a las de las originadas en el ámbito de la administración estatal.
En ejercicio de su función de tramitación y resolución de las reclamaciones para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, el órgano que preside José Luis Rodríguez Álvarez resolvió 1.932 reclamaciones (911 de ámbito estatal y 1.021 de ámbito autonómico y local), un 20,75% más respecto a 2020.
De las 911 reclamaciones referidas a órganos de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal resueltas en 2021, 741 (el 81,3%) fueron admitidas a trámite y se inadmitieron 170 (el 18,6%) por no reunir los requisitos legales de procedibilidad. El 51,4% de las tramitadas fueron estimadas ya fueran total o parcialmente, el 26,2% desestimadas y el 6,5% archivadas.
El grueso de las reclamaciones tramitadas (377, el 41,4%) venían motivadas por la aplicación de la regla del silencio administrativo; es decir, porque la entidad a la que se pedía información no había respondido en el plazo legalmente previsto
Como en ocasiones precedentes, los ámbitos materiales de las reclamaciones han sido heterogéneos, aunque destacan las relativas a datos estadísticos (frecuencias de transporte, líneas de comunicación o licencias de telecomunicaciones), la información de naturaleza jurídica (informes dictámenes o normativa) y el empleo público.
En el ámbito autonómico, de las 1.021 reclamaciones resueltas en 2021, fueron inadmitidas 241 (21%) y admitidas 807 (79,04%). De éstas últimas el 58,86% fueron estimadas total o parcialmente, el 22,06%, desestimadas y al 19,08%, archivadas.
En una línea continuista con ejercicios precedentes, la Comunidad de Madrid, con 414 reclamaciones -el 40,55% del total- es la comunidad de la que proceden el mayor número de reclamaciones sustanciadas ante el Consejo. Le siguen Castilla-La Mancha con 208 reclamaciones (20,37%), Cantabria con 171 (16,75%) y Extremadura 87 (8,52%).
Por lo que respecta a las entidades frente a las que se presentan las reclamaciones, en 2021, al igual que en años anteriores, se sitúan en cabeza las entidades locales, con 708 reclamaciones, un 69,34%. A esta cifra hay que sumar siete reclamaciones presentadas frente a diputaciones provinciales.
Le siguen en número las referidas a administraciones autonómicas, con 244, y la administración de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con 27. Entre estas cuatro entidades suman el 96,57% del total de reclamaciones territoriales resueltas en 2021.
En lo que se refiere a su función de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el Consejo examinó a 239 entidades y organismos públicos, un 49,79% más que en 2020. El resultado de esta evaluación se ha plasmado en la elaboración y publicación de 432 informes.