ALTEA. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Benidorm ha sacado a subasta 11 terrenos ubicados en Altea, todos ellos de la misma empresa. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, ha sido el fondo Pera Assets Designated Activity Company la que ha solicitado la ejecución hipotecaria de estos suelos. Estos, explican fuentes municipales, están en el entorno del PAI Puentes de Algar que ya no se desarrollará. Así, la compañía reclama más de tres millones de euros a la empresa Mondex Invest 2005 SL que esperan recuperar con las pujas.
El valor de los lotes van de los 91.904,30 euros el más barato a los 1.392.474,34 euros el más caro. En total, 5,6 millones de euros en tasación de bienes que buscan nuevos propietarios para cobrar la deuda. Tal y como figura en la certificación de cargas, sigue sin cancelar la hipoteca que pesa sobre las parcelas suscritas todas ellas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo a principios de los 2000. En concreto, se le reclama tres millones de euros de principal, más 149.599,06 euros de intereses ordinarios, a lo que hay que sumar 36.031,48 euros de demora y otros 72.120 euros de intereses y costas.
La subasta de los terrenos se inició el pasado 4 de julio y se cerrará el próximo 24 de julio. Todos ellos son sin puja mínima, pero sí con un tramo establecido entre ofertas. En cualquier caso, se trata de fincas rústicas que en su momento tenían una salida económica típica de la época: promociones inmobiliarias y campos de golf. El proyecto urbanístico prometía ser uno de los más grandes de Altea y se planteó incluso como el segundo más importante en la provincia, después de Rabasa. Tal y como se proyectó en su momento, la idea era urbanizar 500.000 metros cuadrados en el entorno de la zona húmeda del río Algar de especial protección. Un paraje emblemático para el municipio y la comarca que quisieron proteger varios vecinos de la zona llevando el caso a los tribunales, a pesar de que contaba con la aprobación en pleno del PP y el PSPV.
Allí se quería construir unas 5.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, contemplaban cuatro zonas hoteleras y tres macroáreas comerciales. Pero los juzgados tumbaron el plan y aquellos que habían invertido para sacar provecho de estas tierras se han quedado con suelo sin desarrollo urbanístico.
El Supremo lo terminó anulando porque no cumplía con una de las condiciones impuestas por la declaración de impacto ambiental. Ésta apuntaba a que se tenía que desclasificar 4,6 millones de metros cuadrados de suelo público en el Plan Especial El Áramo, que estaba como no urbanizable y tenía que pasar a protegido para compensar las edificaciones en el Algar donde el Plan General no lo contemplaba. Unos trámites para la protección de la zona, que no obstante, no se iniciaron hasta que se recurrió el plan urbanístico en los tribunales.
Este plan fallido sigue costando dinero a casi todos los implicados, incluido el propio Ayuntamiento. Hay que recordar que en el año 2018 el Consistorio inició la devolución de 6,5 millones que fueron abonados por la mercantil Altea Futura como canon de la reclasificación del suelo y pactó un plan de pagos con el juzgado para hacerlo en catorce cuotas anuales. A lo que se suman otros 1,2 millones de euros en concepto de mejoras que los tribunales han sentenciado que deben devolver a la promotora, del Grupo Ballester.
En este caso, la empresa Mondex es una constructora de València dirigida por una empresa de Villena, Carafal Investment. Esta es conocida por estar relacionada con Manuel Moreno Tarazona, quien fuera máximo accionista de Natra.
