VALÈNCIA. Después de meses con el asunto a rastras, parece que éste toca a su fin. La Audiencia de Valencia ha aceptado la recusación de uno de los magistrados que formaba parte del tribunal que tiene que juzgar al exministro Eduardo Zaplana y a otras 18 personas por el conocido como caso Erial.
Así se ha pronunciado la Sección Quinta después de que el abogado de uno de los acusados presentara una recusación contra José Manuel Megía. Se trata de Vicente Grima, que ejerce la defensa del empresario Vicente Cotino –sobrino del exdirector general de la Policía Juan Cotino–. El letrado fundamentó la petición en la necesidad de imparcialidad por parte de Megía, integrante de la Sala y ponente de la sentencia del juicio del caso Erial, debido a dos motivos: enemistad y animadversión manifiesta del magistrado con el abogado (desde hace 27 años) y haberle denunciado. "El conflicto entre el magistrado y el letrado del acusado impide considerar que el primero pueda ser considerado juez imparcial para decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado", expuso Grima.
La situación que se ha generado en relación con el juicio del caso Erial lleva semanas coleando después de que magistrado y letrado se hayan reencontrado en este procedimiento. Primero, el abogado pidió a la Sección Cuarta de la Audiencia, que se encargará de juzgar a Zaplana y al resto de acusados, que aclarara si el hecho de que Megía fuera integrante de la Sala y ponente de la sentencia se debía a un error.
La respuesta fue que no y que no procedía aclaración porque los antecedentes no eran vinculantes. Posteriormente, el magistrado pidió que se dejara sin efecto su nombramiento debido a la veintenta de causas compartidas en las que habían evitado coincidir. A continuación, Megía trasladó su abstención. "Podría llevar a que se entendiese que cualquiera que fuese mi decisión, sobre todo si es condenatoria, está tintada por esa enemistad, lo que no debe permitirse ni provocar sospecha, por lo que entiendo que me debo abstener", afirmó.
Pero sus compañeros de la Audiencia lo rechazaron. "La causa de abstención aducida por el magistrado no tiene cabida en la previsión que propugna, ni en ninguna de las restantes previstas legalmente en el precepto regulador de la Ley Orgánica del Poder Judicial", concluyeron. Así, consideraron que no se puede evidenciar la enemistad manifiesta y no consideraron justificado que se abstenga.
El siguiente paso fue la solicitud de recusación. Después de ello tenía que ser otra sección distinta de la Audiencia de Valencia la que decidiera si la aceptaba o no. La Fiscalía se mostró favorable. En su opinión, la recusación planteada era "coherente con el sentido de la justicia que debe presidir las actuaciones jurisdiccionales". Y no porque se ponga en duda, argumentó, "su capacidad de juzgar", sino porque "no sólo debe hacerse justicia, sino parecerlo que se hace". Anticorrupción creía que el relato de hechos sobre la enemistad de magistrado y letrado se encontraba debidamente documentado. "Y atendiendo al caso concreto es palmariamente evidente que las causas de recusación alegadas están sobradamente justificadas", afirmó.
Ahora, la Sección Quinta ha aceptado la recusación que fue denegada por la Cuarta. En la resolución, afirma que "no hay ninguna relación que pueda enturbiar la imparcialidad" del magistrado. Sin embargo, destaca que la ley marca que "si el recusado aceptare como cierta la causa de recusación, se resolverá el incidente sin más trámite". Algo que ha ocurrido en este caso y, por lo tanto, cree la Audiencia que procede estimarla.
Mientras todo esto se resolvía, el presidente de la Sección Cuarta, Pedro Castellano, fue nombrado ponente en el juicio en sustitución de Megía de manera temporal. Ahora es probable que sea de forma definitiva.