El líder del Partido Popular en Gandia, Víctor Soler. Foto: Àlex OltraGANDIA. El 22 de febrero de 2021. Esa es la fecha en la que el juez de la Audiencia Nacional ha citado a Víctor Soler, presidente del Partido Popular de Gandia y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, para declarar en calidad de investigado por su presunta implicación en el Caso Púnica —en su ramificación en Gandia—. Ese día Soler deberá responder ante los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.
Una cita que llega después de que el juez Manuel García Castellón incluyera a Víctor Soler en las investigaciones para esclarecer el posible desvío de fondos públicos para pagar campañas publicitarias para mejorar la imagen y posicionamiento en internet del entonces alcalde de Gandia Arturo Torró. Según aquel auto, el juez tenía sospechas fundadas de que Víctor Soler, por aquel entonces concejal del Partido Popular de Gandia, colaborara con el primer edil.
Sin embargo, su citación no se ha efectuado hasta que el juez no ha tenido la confirmación de si Víctor Soler seguía siendo parlamentario regional y, por tanto, aforado. Al no confirmarse, Soler deberá declarar en la Audiencia Nacional el 22 de febrero de 2021. Ese día, deberá responder sobre las acusaciones que pesan sobre él a raíz de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil durante su etapa como concejal en el gobierno de Arturo Torró.
Unas investigaciones que se iniciaron en el momento que el juez Eloy Velasco ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registrar el Ayuntamiento de Gandia en junio de 2015 y en la que se requisaron facturas del conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y el constructor Sergio Muñoz. De hecho, según un informe de la UCO, Soler tenía un papel clave en las supuestas irregularidades en el consistorio y se atribuía la presunta comisión de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.
Igualmente, el documento policial recogía el intercambio de mensajes —de enero de 2012 a septiembre de 2014— y que evidencian el conocimiento y participación del investigado Dionisio Ollero y Víctor Soler. Ambos, según señala el documento, concertarían con el alcalde “como satisfacer la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación que se realizarían por la trama”.
Junto a Soler, el juez de la Audiencia ha imputado a otras 57 personas, entre testigos e investigados, la mayoría cargos públicos del Partido Popular en Madrid y Valencia.
