Júlia Company. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Más de cuatro años después de asumir la Dirección General de la empresa pública Ivace, Júlia Company continúa sin firmar el contrato de ata dirección al que está obligada por ley. Así lo pone de manifiesto un año más la Intervención de la Generalitat en su último informe sobre el cumplimiento de la legalidad de esta firma dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible.
Esta es una de las deficiencias en materias de contratación detectadas en la fiscalización sobre el ejercicio 2019, donde pese a no emitir opinión desfavorable el auditor alerta de debilidades como la que afecta al régimen de laboral de su directora y de la ausencia de la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada por Hacienda.
La situación de Company se mantiene desde su nombramiento en agosto de 2016. Al ocupar un puesto de carácter directivo en una entidad del sector público de la Generalitat, debería haber firmado un contrato de alta dirección que, a día de hoy, continúa sin firmar.
El motivo, según aclaran fuentes de la Conselleria de Economía Sostenible, es la falta del preceptivo informe de las direcciones generales de Sector Público y Presupuestos, ambas dependientes de la Conselleria de Hacienda, solicitados por parte del Ivace en julio de 2018 sin que haya recibido respuesta.
Sin embargo, esta situación ha cambiado este año, ya que a principios de marzo de 2020 la Dirección General de Sector Público emitió un informe favorable a las retribuciones previstas en el borrador del contrato de alta dirección aportado por el Ivace. La auditoría de 2019 no recoge este hecho al haberse emitido este informe con posterioridad al cierre de ese ejercicio.
Con todo, la también Directora General de Industria de la Generalitat aún no ha suscrito a día de hoy el contrato de alta dirección que le corresponde como máxima responsable de la entidad.
Su situación no es única en el sector público. El presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, tampoco ha suscrito el contrato de alta dirección que le corresponde como máximo responsable de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).
Por otro lado, la fiscalización también llama la atención sobre las deficiencias en la correcta gestión del personal, como que la entidad no disponga de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos ni de la preceptiva relación de puestos de trabajo (RPT) con informe favorable de la Dirección General de Sector Público.
Además, dado que la entidad mantiene vigentes durante 2019 contratos laborales temporales, alerta de que cualquier irregularidad en este tipo de contratos que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo "determinará la exigencia de responsabilidades" a los departamentos competentes.
