VALÈNCIA. Especializada y Primaria L'Horta Manises SA, gestora de la concesión público privada del departamento de Manises, continuó en 2018 por la senda del beneficio. Así lo reflejan las cuentas de la sociedad -participada por Grupo Bupa Sanitas- donde se recoge un incremento del mismo hasta los 5,7 millones, un 16,3% más que el año anterior.
A pesar de ganar más, la compañía redujo su cifra de negocio hasta los 161,09 millones de euros, un 4,7% menos que en 2017. Una cuestión que no se originó por una reducción en costes laborales, ya que la compañía incrementó ligeramente el gasto en personal, que a fecha de cierre del ejercicio sobrepasaba los 1150 empleados. La bajada más significativa es la de gastos financieros, que ha permitido aumentar el resultado del ejercicio a pesar de la minoración en la prestación del servicio.
Desde la concesión se atienden las necesidades asistenciales de casi 200.000 personas de un total de 14 municipios valencianos, a los que se presta asistencia desde 10 centros de salud, 10 consultorios auxiliares, 2 centros de especialidades, un hospital de agudos el Hospital de Manises y un hospital de media y larga estancia, el Hospital de Crónicos de Mislata). Durante el ejercicio 2018, la sociedad ha realizado inversiones de 2,5 millones de euros, ascendiendo la inversión realizada hasta la fecha a 118,9 millones de euros.
A pesar de que la compañía gestiona el departamento de salud público de la Generalitat Valenciana desde 2009, la sociedad lleva aprobando sus cuentas casi una década sin haberse cerrado ninguna de las liquidaciones que cruzan el gasto de la concesionaria y la Conselleria de Sanidad en atención a pacientes desplazados. "Cada año se debería proceder a la liquidación del precio del contrato y reajuste de los saldos mantenidos entre la sociedad y la conselleria", recoge la empresas en sus cuentas. Evidentemente, esto no sucede ni en la concesión gestionada por Bupa Sanitas ni en el resto de concesiones sanitarias.
"Las cuentas anuales de la Sociedad incluyen estimaciones sobre el efecto económico de las transacciones realizadas durante los ejercicios 2009 a 2018 con la Conselleria de Sanitat, dado que a fecha actual no se han cerrado las liquidaciones de ninguno de los ejercicios desde el inicio de la actividad de la Sociedad", reflejan. La compañía recuerda cómo se mantiene bloqueada la propuesta de liquidación de los ejercicios 2009 a 2013 presentada durante 2015 por la Conselleria de Sanitat, que incluía diferencias de cuantía significativa sobre las registradas en las cuentas anuales. El pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia estimó parcialmente el recurso interpuesto por la sociedad y se inadmitió a trámite el recurso de la Generalitat.
"En relación al recurso de alzada presentado ante la Generalitat Valenciana no se tiene constancia de su resolución ni que dicha entidad se haya pronunciado sobre la suspensión del mismo, por lo que, los administradores y asesores legales de la sociedad, de acuerdo con la normativa aplicable, consideran que el acta de 2015 presentada por la Conselleria de Sanitat en relación a las liquidaciones de 2009 a 2013 se encontraría suspendida", recoge. Y es que la sentencia del Supremo supone volver a replantear algunos puntos de la realización de la liquidación.
Respecto al resto de liquidaciones, al finalizar 2018 las de los ejercicios de 2009 y 2010 estaban pendientes de fiscalización por parte de la Intervención General de la Generalitat y las liquidaciones de los ejercicios 2011 y siguientes, pendientes de aprobación por las Comisiones Mixtas. "El impacto que finalmente pudieran tener las liquidaciones definitivas sobre las cuentas anuales adjuntas, dependerá de la fiscalización y aprobación de las mismas", señala el informe de gestión. Por el momento, la compañía ha optado por registrar en contabilidad el importe de las liquidaciones conforme a los criterios aprobados en Comisión Mixta, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no se derivarán pasivos adicionales u otros impactos relevantes en las estimaciones realizadas por la sociedad a 31 de diciembre de 2018.
La compañía tiene otro procedimiento judicial abierto con la Conselleria de Sanidad en relación a la logística y aprovisionamiento de determinados medicamentos de dispensación hospitalaria y para la Hepatitis C por el que se pretendía declararlas nulas unas notas informativos que eximían de pagos a las concesiones sobre estos medicamentos.
