Sede del TSJCV, en València. Foto: KIKE TABERNERDe los tres poderes clásicos de cualquier democracia avanzada, el judicial es el último en el tiempo y desde ese punto de vista, secundario respecto a los otros dos. El legislativo crea las reglas, el ejecutivo actúa de acuerdo con ese marco y el judicial controla que nadie se salte las normas. Cuando el poder judicial adquiere un protagonismo excesivo en el devenir de una sociedad es que algo no funciona. Eso está ocurriendo ahora mismo en la Comunitat Valenciana, donde se suceden las resoluciones judiciales que corrigen o suspenden la actuación normativa y ejecutiva de la Generalitat.
Este protagonismo del contencioso-administrativo en la actividad política, unido a la nunca suficientemente criticada lentitud de la justicia, conlleva una inseguridad jurídica que padecen cada vez más valencianos: las familias con adolescentes en colegios concertados, toda la comunidad escolar por el decreto de plurilingüismo, los beneficiarios del copago farmacéutico y ortoprotésico, los pacientes del IVO, el sector turístico por la anulación del decreto de coordinación, los aspirantes a entrar en la nueva televisión valenciana si finalmente se impugnan las bases… Ni los vecinos de València tienen claro cuál es ahora mismo el nombre oficial de la ciudad.
Desde el Consell defienden sus actuaciones, faltaría más, pero algo estará mal hecho cuando tantas cosas se recurren, tantas se paralizan y en algunos casos se anulan, como ocurrió el otro día con el decreto sobre el copago farmacéutico.
La culpa, aseguran, es del PP por recurrirlo todo y de los jueces por hacer política, porque Mónica Oltra, quién te ha visto y quién te ve, considera que cuando los tribunales le quitan la razón al Consell hacen política, al contrario que cuando se la daban a ella estando en la oposición, que lo que hacían era impartir justicia.
No caigamos en la ingenuidad de pensar que los jueces no tienen ideología, incluso prejuicios, aunque en este caso la expresión pueda resultar hiriente para ellos, pero como dijo este viernes la propia Oltra en su cada vez más incómoda rueda de prensa, la separación de poderes "está muy bien inventada" y "cargársela es peligroso". Lo peligroso es que toda una vicepresidenta y portavoz del Consell diga en el mismo acto que los magistrados obligados a resolver sobre un recurso están haciendo política. Y claro, si la resolución fuera de su agrado no estarían haciendo política, sino justicia.
El 50% de quienes se ven inmersos en un proceso judicial opina que el juez ha hecho justicia. La otra mitad, la que pierde el pleito, acata el fallo con reacciones que van desde el respeto hasta las más variopintas pataletas. Cuando el perdedor es un cargo público cabe exigirle que su reacción sea respetuosa, crítica si quiere con las resoluciones, pero sin ataques personales a quienes las redactan.
En el caso de decreto para evitar el copago anulado por el TSJCV la culpa, según la Generalitat, es del Gobierno por recurrir la norma que resultó estar mal hecha. Autocrítica, la justa, es decir, cero.
Al PP se le puede reprochar que judicialice la política con tantos recursos, pero cuando los gana el reproche debe volverse contra quienes por error o desidia redactan leyes o decretos susceptibles de ser anulados.
Y no aprenden. Lo de convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores de la concesionaria del área de salud de La Ribera que no han pasado ningún proceso público de selección es un parche, probablemente la mejor solución para un problema inédito, pero un parche. Y como tal, está expuesto a recursos judiciales, a largos procesos contencioso-administrativos, al pan nuestro de cada semana de este Consell.
El exministro socialista de Trabajo Valeriano Gómez acudió esta semana a Alzira a hablar de la situación en que quedarán estos 1.700 trabajadores cuando la Conselleria asuma la gestión del área de salud el 1 de abril de 2018. Sus reflexiones no difieren de las de otros expertos. Gómez advirtió de que una situación como la de Alzira no esté contemplada específicamente en ninguna ley, sino en una amalgama de normas y sentencias judiciales. Los trabajadores se adscribirán a la Conselleria de Sanidad en virtud del Estatuto de los Trabajadores, pero una norma de 2017 impide que se transformen en indefinidos no fijos salvo por sentencia judicial. Por ello, alguien podría recurrir por vía judicial contra eso, lo que llevaría probablemente a que una sentencia judicial acabase, efectivamente, nombrándolos indefinidos no fijos.
Recordó el exministro que la figura del indefinido no fijo es excepcional y no permanente, y que la Administración está obligada a sacar a concurso la plaza, pero tampoco la ley fija un plazo para hacerlo. No lo fija porque la ley apenas dice nada de esta figura, que ha sido perfilada a base de sentencias del Tribunal Supremo cambiantes a lo largo de 20 años.
La consellera Carmen Montón lleva meses con esta patata caliente y cree haber encontrado la solución, pero es una solución expuesta a recursos judiciales, por ejemplo, de los integrantes de las bolsas de trabajo de la Conselleria que verán como 1.700 ‘nuevos’ puestos de trabajo incorporados al sistema público son ocupados hasta su jubilación –eso les han prometido– por profesionales que no han pasado un proceso de selección público bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La solución a este embrollo es regular esta situación de una manera clara que no dé lugar a contenciosos judiciales. Es decir, legislar en Les Corts o en el Congreso de los Diputados sobre los trabajadores de una concesión que revierte a la administración, porque esta es una situación que en los próximos cinco años va a afectar, solo en concesiones sanitarias valencianas, a miles de trabajadores. Hay precedentes de empresas más pequeñas que han acabado en los tribunales.
Quedan más de ocho meses para la reversión del Hospital de Alzira. Si no lo hacen, serán los magistrados del Tribunal Supremo los que decidirán el futuro de esta plantilla y Mónica Oltra los acusará de hacer política si contravienen los deseos o promesas del Consell.
