Interior de la cementera Lafarge, en Sagunto. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Las industrias del cemento y del azulejo serán, junto a los vertederos, las principales empresas afectadas por el nuevo canon a los vertidos y a la incineración aprobado por Les Corts, un tributo que será una realidad este mismo 2018 tras ser incorporado a la Ley de Presupuestos a través de una enmienda presentada por Podemos y apoyada por Compromís y PSPV.
Aunque el texto original fue suavizado, la redacción final aprobada en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda contempla que, a partir del próximo año, en la Comunitat se pagará un gravamen por arrojar residuos en vertederos industriales –la tasa no se aplicará en recintos municipales– y por la "incineración, coincineración y valorización energética". Su objetivo es reducir la generación de residuos y la importación de los mismos procedentes de otras autonomías.
Según explican fuentes de Ecologistes en Acciò del País Valencià preguntadas al respecto por este diario, del texto se desprende que el canon deberán abonarlo directamente las empresas que gestionan los vertederos industriales o las que incineran o valorizan residuos -las que los utilizan como combustible-.
En consecuencia, las principales compañías afectadas por el nuevo gravamen serán las cementeras Cemex -en Buñol- y Lafarge -en Sagunto-, a quienes afectará en gran medida por contar con un alto porcentaje de valorización (que supone actualmente entre el 30% y el 40% de su combustible). También afectará a las empresas del sector azulejero que utilicen los denominados CDR (Combustibles Derivados de Residuos), y a firmas como Lurima -en Novelda- o Urbaser -en Elche-, ambas gestoras de vertederos.
Fuentes de la actividad cementera trasladaron este jueves a Valencia Plaza que el sector no fue advertido por parte de los grupos parlamentarios de Les Corts -ni por el Consell- de que se les iba a aplicar este canon en 2018, un trato que sí ha recibido la industria turística con la tasa prevista para la actividad, que finalmente ha sido aparcada.
En la misma línea, advierten de que la valorización de residuos que realizan responde a las recomendadiones de la Unión Europea, y que si los residuos generados en la Comunitat no se incineraran como combustibles deberían ser destruidos de otro modo o ser depositados en vertederos. En definitiva: sostienen que la Comunitat no está preparada para dejar de valorizar residuos cuando actualmente no posee la infraestructura para hacerles frente de un modo más sostenible.
Además, subrayan que, si el canon eleva el coste de los residuos a valorizar, las firmas del sector recurrirán en mayor medida al coque de petróleo, un combustible más contaminante, de modo que la administración valenciana ni siquiera lograría reducir la contaminación en sus instalaciones.
Entre los productos que valorizan las cementeras se encuentran residuos de las industrias químicas como el perfume o la pintura, las harinas cárnicas, los neumáticos o los lodos de depuradoras. Muchos de ellos están catalogados como tóxicos o peligrosos y, más allá de este canon, el Consell trabaja para aplicar prohibiciones a su valorización en las cementeras.
Eso sí: por el momento las propuestas autonómicas lejos de cumplir las exigencias municipales, que piden que se estreche más el cerco sobre su actividad. El próximo lunes, sin ir más lejos, los ayuntamientos dela Hoya de Buñol se reúnen con Agricultura y Medio Ambiente para exigir acciones contra Cemex en este sentido.
Por lo que respecta a la industria cerámica, el sector ya ha tenido que echar el freno en la presente legislatura en su intención de utilizar residuos como combustible. La multinacional Pamesa presidida por Fernando Roig presentó un proyecto para la creación de una incineradora de residuos en Onda, pero la secretaría autonómica de Medio Ambiente le trasladó, en línea con el ayuntamiento de la localidad, que la iniciativa iba contra la estrategia de gestión de residuos de la Generalitat.
El canon que entrará en vigor en 2018 establece distintas cuotas en función del tipo de residuo a incinerar o verter. El gravamen más alto se pagará por aquellos residuos peligrosos que sean "susceptibles de valorización". Esto es, los que pueden ser reutilizados o reciclados. Con esto, pretenden desincentivar la incineración y fomentar el reciclaje. En estos casos se pagará 42 euros por tonelada.
La segunda cuantía más alta, de 35 euros por tonelada, se aplica a aquellos residuos peligrosos que no pueden ser reutilizados. En este supuesto la cantidad viene justificada por la huella que la quema y vertido de estos productos tienen en el planeta.
En el caso de que sean residuos no peligrosos, excluyendo aquellos procedentes de la construcción y demolición, cuando sean susceptibles de valorización se abonarán 30 euros por tonelada; y en caso de que no lo sean, 25 euros por tonelada. Por los restos procedentes de la construcción y demolición la cuota será de 3 euros por metro cúbico.
