VALÈNCIA (EFE). El final de la décima legislatura de Les Corts Valencianes ha dejado pendientes varias cuestiones que se estaban tramitando y que decaerán, como los proyectos de ley de Comercio sostenible o el de Diversidad familiar, mientras que tampoco ha sido posible renovar las vacantes en varios órganos.
Aunque el final oficial de la legislatura será el próximo martes, cuando se publique el decreto de disolución de Les Corts por la convocatoria de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el Parlamento valenciano ya ha celebrado el último de sus 79 plenos en cuatro años, en los que ha aprobado 30 leyes y 61 decretos leyes, si bien han quedado en el tintero seis proyectos de ley.
Una de las leyes que se queda sin aprobar es la de Comercio sostenible, destinada a incorporar nuevos instrumentos legales para su desarrollo sostenible y regular las áreas de promoción económica urbana, que entró en Les Corts a finales de enero y aunque se ha tramitado por urgencia no ha llegado a tiempo al último pleno.
También decaerá el proyecto de ley de diversidad familiar y apoyo a las familias, que llegó a Les Corts a finales de enero y del que en el último pleno de la legislatura se rechazaron las enmiendas de totalidad de la oposición, pero ya no ha dado tiempo a debatir en comisión las enmiendas parciales y volver al pleno para su debate final.
Hay otros tres proyectos de ley enviados por el Consell a Les Corts en las últimas semanas que no ha dado tiempo material a aprobar: el de protección lumínica para reducir la contaminación y aumentar la eficiencia energética en la Comunitat Valenciana; el de Accesibilidad Universal e Inclusiva; y el de Barrios.
Y la semana pasada el pleno del Consell aprobó el proyecto de ley de Fomento de la Cultura de la Paz y los Derechos Humanos en la Comunitat Valenciana, que queda en puertas de iniciar su tramitación parlamentaria.
Tampoco podrán finalizar su tramitación las dos proposiciones de ley del PSPV para avanzar en la abolición de la prostitución, pues al no haberse acordado que se haga por lectura única ya no queda tiempo para acabar el procedimiento.
Uno de los asuntos más antiguos que tampoco se ha podido sacar adelante ha sido la proposición de ley que los tres grupos del Botànic registraron en noviembre de 2020 para reformar la ley electoral valenciana con el objetivo de bajar del 5 al 3 % la barrera para obtener representación en Les Corts o promover las listas paritarias.
Se retomaba así una propuesta que ya se rechazó la legislatura anterior, en enero de 2019, porque Ciudadanos, que era proclive a apoyarla y cuyos votos eran necesarios para que saliera adelante, finalmente votó en contra, y pese a los último movimientos en el tramo final de la legislatura esta reforma tendrá que esperar de nuevo.
También se han retomado en los últimos días, aunque sin éxito, las negociaciones para intentar renovar varios organismos estatutarios con mandatos caducados y que requieren de mayorías cualificadas (que los tres partidos del Botànic en solitario no tienen).
Es el caso del Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Transparència y el Consell Valencià d'Universitats, sobre los que se llegó a abrir plazo para presentar candidaturas y llevarlas al último pleno de la legislatura, pero finalmente no se registró ninguna visto que no estaba garantizada su elección.
Casi en el tiempo de descuento de la legislatura se ha conseguido nombrar al nuevo presidente del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Miquel Francés, aunque ha quedado pendiente la renovación de dos consejeros de este órgano.
Y acaba la legislatura sin constituir una comisión de investigación que se aprobó en junio de 2021, sobre el presunto cobro de comisiones en contratos públicos de operaciones urbanísticas entre los años 2004 y 2011 investigadas en el caso Azud, que fue propuesta por Ciudadanos y apoyada por todos los grupos de Les Corts menos Vox.
Tenía que constituirse cuando se levantara el secreto de sumario de la causa, algo que solo se ha hecho parcialmente, por lo que la comisión de investigación nunca se llegó a activar y decaerá con el cierre de la legislatura.
Tampoco habrá tiempo ya para constituir la comisión de investigación aprobada este jueves, durante el penúltimo pleno de la legislatura, a propuesta del PP y con el apoyo del resto de grupos menos el socialista, que votó en contra, sobre "la posible financiación irregular del PSPV o cualquier otro" en el caso Azud.
Los populares reivindican que deberían ocupar ellos la presidencia de Les Corts, aunque contemporizan por la necesidad de apoyos de los voxistas y evitan respaldar el cambio de reglamento del Parlamento que propone Compromís