Foto: DAVID ZORRAKINO/EPVALÈNCIA (EFE). El debate sobre los pisos turísticos, en el que se anticiparon Japón y Nueva York en busca de equilibrios entre los viajes y la vida de los residentes, se extiende por toda Europa y no ha llegado todavía a otras áreas del mundo como América Latina u Oriente Medio, que de momento aspiran a atraer más turistas para impulsar sus economías.
Con carácter general, el mundo se divide en este ámbito entre destinos "maduros", con muchos años de desarrollo turístico a sus espaldas -entre los que se cuenta sobre todo Europa- y que avanzan en medidas para contener la oferta de pisos turísticos, y los emergentes, que ven en el turismo una fuente importante de crecimiento, como en América Latina, donde sólo en Brasil asoma el debate sobre los alquileres de temporada.
El fenómeno viajero se propaga por todo el mundo, especialmente tras la pandemia, por lo que el sector llama "efecto champán", que ha situado el ocio entre las prioridades de gasto, por delante incluso de otros como la compra de coches. La extensión de las clases medias sobre todo en Asia es otro de los factores que explican el aumento de viajes internacionales.
Japón aspira a doblar el número de turistas en 2030, pero fue el primer país en poner freno a modelos como Airbnb pese a su insuficiente oferta hotelera e hizo obligatorias en 2016 una serie de licencias y restricciones para poder alquilar viviendas para uso turístico, que redujo considerablemente la oferta.
También Nueva York ha ido por delante, al imponer reglas estrictas para los alquileres turísticos y las plataformas, que han supuesto casi su desaparición. Desde octubre de 2023 exigen una estancia mínima en este tipo de alojamientos de 30 días, aunque la medida no ha disuadido a los viajeros y ha hecho subir el precio de los hoteles hasta un promedio de 358 dólares la noche.
En Francia -primer destino mundial por número de turistas con 100 millones de viajeros internacionales en 2023- el Senado aprobó en primavera un proyecto de ley para que los ayuntamientos puedan regular el sector, porque hay unas 800.000 casas derivadas al uso turístico.
En el centro de París el Ayuntamiento lleva años tratando de controlar estos pisos, muchos más en realidad de los 43.000 declarados, con la imposición de cuotas por barrios, ya que en algunos representan más del 20 % de la oferta. Algo parecido ocurre en Biarritz, en el País Vasco francés.
En Italia, la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, trabaja en una norma para regular estos alojamientos en todo el país, que obligará a pernoctar un mínimo de dos noches en los centros de las ciudades de alta densidad turística, según los medios locales.
Florencia limita desde octubre de 2023 los alquileres de corta duración en la zona histórica declarada patrimonio por la UNESCO.
En el Reino Unido, el Ejecutivo anunció que a partir de este verano será necesario un permiso de planificación para los que dediquen su vivienda al alquiler de corta duración por más de 90 noches al año. Habrá que esperar a que el nuevo gobierno laborista salido de las urnas esta pasada semana avance sus proyectos en esta materia.
En Portugal, el anterior Gobierno, liderado por António Costa, aprobó medidas para restringir estos alojamientos y un impuesto especial, pero su sucesor, Luís Montenegro, las revocó y dejó su gestión en manos de los ayuntamientos.
La ciudad más afectada es Lisboa, aunque su alcalde, Carlos Moedas, defiende que no hay exceso de viajeros en la capital y que los pisos turísticos no son la causa de la crisis de vivienda.
En Grecia, desde enero se aplica la obligatoriedad de registrar como negocio y pagar una tasa y el IVA correspondiente a aquellos que gestionen tres o más viviendas y el Gobierno también está estudiando limitar los días al año que las casas pueden alquilarse como apartamentos turísticos.
Como parte de las restricciones a la entrega de permisos de residencia a ciudadanos no comunitarios que realicen una inversión en bienes inmobiliarios, las viviendas compradas en Grecia no pueden dedicarse a alquileres turísticos.
En Croacia, este año ha entrado en vigor una ley de turismo sostenible que permite a los municipios decidir el número, tipo y categoría de las instalaciones turísticas y hoteleras en su zona, así como introducir impuestos medioambientales.
En Alemania hay problemas de vivienda en ciudades como Berlín por la transformación de muchos apartamentos en alojamientos para turistas.
Un tribunal berlinés dictó que se puede obligar de forma retroactiva a los propietarios a devolver sus pisos al mercado del alquiler para vivienda habitual incluso si los transformaron en alojamientos temporales antes de 2014, cuando quedó prohibido hacerlo, una medida que podría afectar a 10.000 alojamientos, aunque la gestión administrativa se presenta complicada.
El problema afecta también a pequeñas islas costeras en el mar Báltico. En islas como Sylt -donde según el ayuntamiento hay zonas con un 90 % de vivienda turística-, Amrum o Föhr las autoridades han comenzado a perseguir los alojamientos ilegales.
En Cracovia (Polonia) la permisiva regulación de los alojamientos turísticos ha provocado continuos problemas entre los vecinos y empresas como Airbnb.
Los alojamientos turísticos en Viena (Austria) no pueden alquilarse más de 90 días por año y deben estar registrados y pagar un impuesto municipal, además de que solo pueden estar en zonas declaradas "no residenciales".
En Turquía, desde diciembre de 2023 quienes alquilan sus viviendas por períodos inferiores a 100 días deben acreditarse ante el Ministerio de Turismo, pero el objetivo no es restringir el turismo, sino que la medida fue exigida por los hoteleros y por sectores conservadores que relacionaban estos alquileres de corta duración con la prostitución.
Brasil es el único país de América Latina que avanza tensiones en este sentido. Hay quejas contra los alquileres de temporada que, en algunos casos, han llegado a los tribunales, con demandas presentadas por las comunidades de vecinos contra los propietarios de los pisos.
En China, algunas de las ciudades más visitadas han aplicado normas para gestionar los alojamientos turísticos: Pekín estipuló en 2022 que los anfitriones deberían recibir permiso del resto de propietarios de la comunidad de vecinos, algo que llevó a una retirada masiva de pisos turísticos en la capital.
