Foto: JORGE GIL/EPEsta semana el Síndic de Greuges, Ángel Luna, nos ha revelado que el Consell de la infrafinanciada Comunitat Valenciana, el gobierno que se inventa partidas "reivindicativas" –léase, falsas– de ingresos para cuadrar el Presupuesto porque Sánchez no le transfiere lo que en justicia nos corresponde, el que encabeza la manifestación "per un finançament just", olvidó en 2020 pedir el dinero que el Gobierno central puso a disposición de las Comunidades Autónomas para pagar el bono social térmico. Diez millones de euros. De manera que las familias más vulnerables se quedaron sin esa ayuda para compensar los gastos térmicos ocasionados por el uso de la calefacción y el agua caliente.
Nadie se hace responsable y, consecuentemente, nadie ha dimitido. El dinero llegará a las familias porque esa cantidad que tenía que venir del Estado la vamos a pagar los valencianos con nuestros impuestos, como abonamos parte de los viajes del Imserso que tendría que pagar enteritos el Gobierno central, entre otros pagos indebidos. Porque estamos infrafinanciados pero aparentamos que vamos sobrados.
No es la primera vez que, mientras estamos en la manifestación, desaprovechamos financiación que es real y está disponible si uno se lo curra, en casos en que la financiación no es un cheque en blanco sino que hay que gastarse el dinero y justificarlo ante las autoridades españolas o europeas. Pasó en 2017 con 6,3 millones de ayudas a la investigación que se perdieron porque la entonces directora general de Universidades y hoy consellera Josefina Bueno se durmió.
Tantos altos cargos y asesores, tantos organismos públicos, tantos lamentos, para, cuando llega el dinero, no ser capaz de pedirlo ni de gastarlo. Le está pasando al Ayuntamiento de València, que si no fuera por las prórrogas habría perdido casi todos los fondos Edusi de la Unión Europea para el Cabanyal por falta de ejecución. Y que nos fríe a impuestos porque lo progresista es recaudar mucho para políticas sociales pero luego tiene cientos de millones de euros en el banco y, ante la incapacidad de gastárselos, acaba amortizando deuda bancaria, como si quienes lo estuvieran pasando mal fueran los bancos en lugar de los ciudadanos. Ribó puede presumir, eso sí, de que València es una de las capitales menos endeudadas de España.
Volviendo al Consell, la ministra María Jesús Montero nos regaló a los valencianos, hace un año, 300 millones de euros de inversión extra en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. Al contrario que el resto de partidas de inversión territorializada, el dinero no era para esta o aquella obra pública a cargo del ministerio de turno o empresas estatales como Adif. Eran 300 millones para que la Generalitat se los gastase en lo que le diera la gana con solo una pequeña acotación: 200 millones debían ser para infraestructuras y 100 millones para la implantación "de experiencias piloto de soluciones de movilidad innovadora".
Fue algo inédito, lo nunca visto, una graciosa concesión de Montero, tan extraordinaria que pareció que nos había confundido con el siempre bien regado País Vasco, que Aitor Esteban ya no sabe cómo cobrarse los apoyos del PNV a Sánchez. Lo último, tras lograr que les pintaran la barandilla de la playa de la Concha con cargo a los PGE, ha sido pedir una Selección Vasca de Surf, que suena a apuesta bilbaína con Andoni Ortuzar en el batzoki apurando el último txakoli –"Andoni, ¿qué te juegas a que este año les saco la selección vasca de surf?"–; y que, por supuesto, les ha sido concedida.
Pero no, los 300 millones era una escandalosa inyección de dinero extra a una sola comunidad autónoma, que no era la vasca sino la valenciana, que se podría considerar parte de la financiación por la puerta de atrás que Montero ha prestado a la Generalitat disimuladamente para compensar su incapacidad para arreglar lo de la financiación autonómica.
Ximo Puig anunció, dada la paupérrima inversión de los PGE 2022 en Alicante, que esos 300 millones los usaría para compensar a esta provincia. Este año el Gobierno ha vuelto a olvidarse de Alicante al elaborar los Presupuestos de 2023, recién aprobados, y Puig ha vuelto a prometer que lo compensarán con buena parte de los 300 millones. Los mismos 300 millones, no otros. Los mismos 300 millones que eran para gastar este año, no en 2023.
Lo que revelan las palabras de Puig es que la Generalitat, a 27 de noviembre, no ha recibido del Gobierno un solo euro de esos 300 millones ni, obviamente, los ha invertido. Ni en Alicante ni en ningún sitio.
El motivo es que el Gobierno no da cheques en blanco, como pretendía Arcadi España a principios de año cuando era conseller de obras públicas. No vale el 'dame los 300 millones y yo ya me los gasto'. El Gobierno exige un convenio con el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez donde se diga en qué se va a gastar exactamente ese dinero, que irá librando a medida que se ejecuten las obras. Esto lo saben en la Generalitat desde hace un año y esta es la hora en que el convenio no se ha firmado y los 300 millones de financiación extra que nos regaló graciosamente María Jesús Montero no han llegado.
Este periódico lleva un año preguntando a la conselleria –desde mayo en manos de Rebeca Torró– cuándo se firma el convenio y qué obras incluye, y la respuesta siempre es que está a punto de firmarse. A 2022 le queda un mes lleno de puentes y vacaciones navideñas. El convenio llegará, sería muy grave que no se firmara, y el dinero también, pero llegará tarde. Eran inversiones para 2022, sobre todo para Alicante, y el año ha pasado en blanco. Tanto llorar…
